¿Quién se tiene que mojar?:

Los partidos políticos constitucionales que no defienden la Constitución y la dejan en el dique seco de lo inane, de lo inútil.

Son los partidos que dejan sin eficacia alguna el artículo 3 de la Constitución Española que dice que el español o castellano es un deber conocerlo para tener la ciudadanía española y un derecho el usarlo. O la eficacia del artículo 27 de la Constitución Española que determina el derecho a la educación, el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, etc. La unidad y la solidaridad interterritorial del España, etc. En definitiva, la respuesta inequívoca a las preguntas de “Hablamos Español” sobre qué posición tienen en torno a la elección de la lengua materna en la enseñanza como lengua vehicular. Y respecto a la primacía del español sobre las lenguas autonómicas en la enseñanza, y no su destierro de las aulas como hace el señor Feijóo y otros populares y socialistas en las comunidades autónomas donde gobiernan o han gobernado. O sobre el derecho a la educación que consiste en dar el tratamiento que las necesidades educativas requieren en cada caso; y, por tanto, la utilización de la lengua materna como instrumento de aprendizaje, cosa que actualmente no se garantiza, etc.

A estas preguntas elementales solamente ha contestado afirmativamente un partido: VOX. Y luego dicen que ese partido es de ultraderecha, cuando con ello Vox promete custodiar y proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que tienen la ciudadanía española y reclaman sus derechos a ser educados en las mejores condiciones (lengua materna), a obtener el mejor fruto de esa educación integral (lengua materna), a proteger a la lengua común contra las arremetidas de quienes buscan procesos independentistas  (español o castellano), a respetar los topónimos originales para que no manipulen la historia de nuestros pueblos o ciudades, a garantizar el derecho de los padres a cumplir con su deber y derecho a educar a sus hijos que implica el derecho a elegir el tipo de educación rechazando cualquier pretensión a que el Estado secuestre a los niños, etc. Solo VOX ha contestado conforme a las exigencias democráticas de libertad en esta fundamental cuestión. ¿Entonces, qué opción nos queda a los electores?

Francisco Oya es el primer docente sancionado por combatir el adoctrinamiento en las aulas. Contrarrestaba la «visión idílica» de los gurús nacionalistas en los libros de Historia. Reza un titular de un medio de comunicación.Sancionado por no enseñar que los catalanes "son una raza superior”.  Constata otro medio. Y así otros tantos.

La culpa de ese profesor es negarse a adoctrinar, ejercer su libertad de cátedra (otro fundamento constitucional vulnerado por los poderes -por omisión o acción-) y dar las clases en la lengua de Cervantes.

Inma Arcolea es una mozo de escuadra que ha sido sancionada por oponerse a hacer prevaricación obedeciendo a sus mandos en actitudes u hechos flagrantemente ilícitos.

Jordi Cantallops es un inspector de educación de Barcelona que denunció la existencia de adoctrinamiento en las aulas, auspiciado desde la Generalitat. La principal asociación de inspectores de Cataluña rechazó estas acusaciones del inspector, lo que es la prueba del algodón de que los inspectores son un organismo controlado ideológicamente por los poderes públicos catalanes, lo que viola su esencial independencia profesional.

El adoctrinamiento en las aulas catalanas es tan evidente —igual que en las de mi adocenada Vasconia aberchalizada— que negarlo es una patraña digna de mentirosos empedernidos.

Estos ejemplos, que solamente son una muestra de entre tantos otros casos, reflejan una realidad, que es que los partidos políticos operantes  —políticamente correctos —no custodian el cumplimiento del mandato constitucional, y, por tanto, están deslegitimados para gobernar.

He dicho.