El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a la banda terrorista ETA durante las negociaciones con esta organización criminal anexionar Navarra al País Vasco, legalizar a Batasuna, no detener a etarras, liberar al psicópata sanguinario Iñaki De Juana Chaos, derogar la conocida como “Doctrina Parot” y “solucionar su financiación” a través de una organización internacional. Así se desprende al menos de las actas de la banda terrorista a las que ha tenido acceso la agencia Europa Press después de que la Audiencia Nacional levantara el secreto del sumario sobre la investigación de la negociación entre el Ejecutivo socialista y ETA. Esta documentación fue incautada al etarra Francisco Javier López Peña 'Thierry', tras su detención el 20 de mayo de 2008 en Burdeos.

Según expertos consultados por La Tribuna del País Vasco, todas estas cesiones, tomadas una por una o colectivamente, podrían suponer delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado español, castigados con penas de prisión de entre 12 y 20 años. Concretamente, serían los puntos 2º y 3º del Artículo 583 del Código Penal los que habrían sido violados por el Gobierno socialista presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero: “El español que suministre a las tropas enemigas caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia o armamento u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España, o favorezca el progreso de las armas enemigas de un modo no comprendido en el artículo anterior”; “El español que suministre al enemigo planos de fortalezas, edificios o de terrenos, documentos o noticias que conduzcan directamente al mismo fin de hostilizar a España o de favorecer el progreso de las armas enemigas”.

Según refieren varios medios de comunicación, las actas exponen el primer encuentro mantenido por el terrorista recién detenido Josu Ternera y el socialista Jesús Eguiguren en junio de 2005 en Ginebra (Suiza) hasta las negociaciones políticas y técnicas que llevaron a cabo el Gobierno y la banda, el PSE y Batasuna tras el atentado contra la T-4 del Aeropuerto de Barajas, en el que dos personas fueron asesinadas por los etarras. Las actas incluyen también las reuniones de Oslo y las nueve previas celebradas en Ginebra.

A tenor de estas actas, en las negociaciones que se produjeron entre los días 18 y 21 de mayo de 2007, unos meses después del atentado de la T-4 (30 de diciembre de 2006), el Ejecutivo de Zapatero puso sobre la mesa el conocido conmo Acuerdo de Loyola, que preveía la creación de un órgano común con atribuciones ejecutivas para el País Vasco y Navarra. Concretamente, y como ya revelaron por aquellas fechas algunos medios de comunicación, en la ronda de contactos celebrada esos días se establecieron dos mesas de negociación, una de partidos y otra técnica entre el Gobierno socialista y la banda terrorista ETA y en las que participaron dos miembros de Batasuna; dos de ETA; dos del PSOE; dos del Sinn Fein, dos del Gobierno de Irlanda y uno del Gobierno de Noruega.

Los socialistas lanzaron esta propuesta después de que Batasuna reiterara en la mesa política la petición de un Estatuto de Autonomía para las "cuatro provincias", lo que incluía Navarra. En esa ronda de encuentros, exigían al PSOE que tomara el compromiso de reconocer "el derecho de autodeterminación" y un referéndum para decidir sobre un estatuto 'a cuatro’.  Además, y según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, en aquellas reuniones, el dúo ETA-Batasuna también exigió a los socialistas que su partido apoyara activamente, en la hipotética consulta, al anexión de Navarra al País Vasco.

Los representantes socialistas lo rechazaron y la banda terrorista ETA afirmó que habían llegado a un punto de ruptura en el proceso de negociación "al no haber acuerdo político". Pocos días después, el 5 de junio de 2007, ETA rompía la tregua.

En las citadas actas se hace constar que en noviembre de ese mismo año, dos policías "con carnet y membrete de 'presidencia del Gobierno'" se dirigieron al chófer de Arnaldo Otegi para darle el mensaje de la "necesidad de hablar" y "llegar a un acuerdo antes de enero".

Según las actas de 'Thierry' a las que ha tenido acceso Europa Press, el 22 de junio de 2006, el Gobierno anunció a los terroristas que estaban trabajando para que Batasuna fuera legal en septiembre-octubre de ese mismo año y comunicó a los asesinos que había pedido a la Guardia Civil, a la Policía y a la Policía francesa que no hicieran detenciones. "Ha sido muy difícil hacerlo", admitieron desde el Gobierno socialista, tras reconocer que la Guardia Civil "solo obedece al Duque de Ahumada". El PSOE también justificó que algunos jueces continuarán haciendo su trabajo afirmando que son "instrumentos del PP".

Los enviados del Gobierno admitieron también que había sido un "accidente grave" las detenciones del bar Faisán, donde se localizaba parte del aparato de extorsión de ETA. Un chivatazo policial permitió escapar a varios miembros de la banda, que posteriormente fueron arrestados. Los enviados de Zapatero también reconocieron que el entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía un montón de cartas de extorsión que no se habían hecho públicas y que, además, desde el Gobierno se estaba afirmando públicamente que no “les constaba” que la banda estuviera chantajeando a numerosos ciudadanos. Posteriormente, la banda acusaría al Gobierno del 90% de los incumplimientos y este alegó que por "dar el aviso del Faisán hay un alto policía encausado y casi el jefe de seguridad del PSOE", ofreciendo salidas de presos enfermos graves, incluso el del etarra Bolinaga, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara.