En el País Vasco, 190 personas se quitan la vida anualmente, lo que supone que un ciudadano se suicida cada dos días, según datos del Observatorio del Suicidio. En relación con su volumen de población, el País Vasco se sitúa alrededor de la media española, con 7,63 suicidios por 100.000 habitantes.

Ante esta realidad oculta, el Gobierno autonómico acaba de poner en marcha un sistema integral que incide, desde todos los ámbitos implicados, en la prevención, intervención temprana y atención a las personas y familias afectadas. 

En este sentido, la Estrategia de Prevención del Suicidio impulsada por el Ejecutivo de Vitoria tiene como objetivo, según la consejera de Salud, Nekane Murga, “avanzar en una doble dirección: la detección precoz de las conductas de riesgo suicida para actuar con celeridad y de forma coordinada; y la visibilización social del suicidio derrumbando estigmas y tabúes, y cuidando a las personas supervivientes”.

Para ello, la iniciativa contempla un total de 57 medidas a desarrollar en nueve áreas de actuación. Destacamos algunas de las más importamtes.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN

- Creación de un área específicamente relacionada con el suicidio dentro del Observatorio de Salud de Euskadi. Su labor será implementar un sistema de información sobre conducta suicida, hacer vigilancia epidemiológica, emitir informes de situación y recomendaciones de actuación, y coordinar la labor investigadora.  

- Instauración de un Registro de suicidios en la CAE, que recoja información relevante no disponible en la actualidad, y de un Registro de tentativas, con información fiable sobre conducta suicida atendida en los servicios de salud que permita guiar la toma de decisiones y la planificación sanitaria.

- Realización de autopsias psicológicas para identificar perfiles en los casos de suicidios consumados.

INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

- Campañas periódicas de sensibilización ciudadana para combatir el estigma, potenciar la capacidad de identificar factores de riesgo y fomentar los valores que contribuyen a la prevención.

OBSTRUCCIÓN DEL ACCESO A MEDIOS LETALES

- Elaboración de un mapa de suicidios que permita conocer el perfil de métodos empleados y las zonas de alto riesgo o hotspots.

- Instalación de barreras y otros elementos disuasorios en hotspots.

- Reforzar el control sobre otros medios potencialmente letales (fármacos, armas de fuego, pesticidas y tóxicos legales…).

- Incidir en el fomento de medidas para reducir el consumo de alcohol.

EMERGENCIAS Y PRIMERA INTERVENCIÓN

- Instaurar un protocolo de actuación integrado para profesionales de primera intervención de distintos ámbitos en crisis suicidas.

ÁMBITO COMUNITARIO

- Incorporar la formación, identificación y abordaje del riesgo de suicidio en el ámbito de la educación (alumnado y profesorado), el de los servicios sociales, el laboral y el familiar.  

ÁMBITO SANITARIO

- Creación en Osakidetza de un Código de Riesgo Suicida (CRS) integrado en la historia clínica electrónica (Osabide Global), que posibilite una mejor identificación y un seguimiento más estrecho del o la paciente de riesgo, dentro del sistema sanitario público, independientemente del nivel asistencial donde ese paciente requiera ser tratado en cada momento. Así, este CRS tendría aplicaciones y desarrollos específicos en la Atención Primaria (recordatorios y herramientas de evaluación de riesgo…), en la Red de Salud Mental (plan de cuidados para el riesgo de suicidio o incorporación de la familia en el proceso de atención…), en la Atención Hospitalaria (protocolos, historia clínica…) y en Farmacia comunitaria (protocolos de colaboración, formación…). 

- Incorporación del suicidio como una nueva línea de acción de la Estrategia de Seguridad del Paciente de Osakidetza, incluyendo así la prevención del suicidio como un componente de la seguridad a aplicar de forma transversal en todo el sistema sanitario.

POSTVENCIÓN

- Implementación de un protocolo para dar una primera respuesta rápida a las personas supervivientes (incluyendo profesionales) y derivar los casos que lo requieran a otros recursos de ayuda.

- Fomento y apoyo del asociacionismo de supervivientes desde las instituciones públicas.

- Incorporar en el sistema sanitario las prestaciones asistenciales relacionadas  con la  atención a supervivientes.