Hace una semana, el Tribunal Supremo tumbaba algunos de los puntos esenciales del sistema de becas del País Vasco en los niveles no universitarios —Bachillerato y Formación Profesional—. Según informó el diario El País, el alto tribunal considera que las cuantías y los requisitos económicos y académicos que se exigen a los alumnos  deben ser los mismos en todo el Estado para “garantizar una política educativa homogénea”. Para el alto tribunal, un sistema de becas “paralelo al del Estado basándose en su propia financiación, conduciría a que los estudiantes, dependiendo del lugar de residencia y la comunidad, no tendrían las mismas oportunidades”, y que “favorecería a los de regiones con mayor disponibilidad financiera” y generaría “importantes desigualdades en el acceso por razón de territorio”.

La consejera Cristina Uriarte ha reconocido que, ante la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno de Iñigo Urkullu “está escandalizado”. Según la Consejera, tras más de 30 años desarrollando la competencia de Educación, “esta sentencia es un ataque a las competencias y al autogobierno de Euskadi”. Por ello, Uriarte ha remarcado que lo primero que hará el Departamento de Educación, una vez se conforme el Gobierno Central, será pedir una reunión con el Ministerio de Educación.