Murieron 57 reclusos
La masacre en la prisión de Altamira de Brasil revela cambios en la criminalidad de este país
Artículo publicado inicialmente en la web InSight Crime
![[Img #16127]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/08_2019/3082_captura-de-pantalla-2019-08-03-a-las-190758.png)
Una brutal masacre en un centro carcelario del norte de Brasil suscita serias interrogantes sobre posibles cambios en las alianzas criminales en tan estratégica región de este país suramericano.
Nada más y nada menos que 57 reclusos murieron el 29 de julio en la peor masacre carcelaria registrada en 2019 luego de que estallara una reyerta en la prisión de Altamira, en el estado norteño de Pará, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en un comunicado oficial.
Una pandilla local identificada como el Comando Clase A (Comando Classe A —CCA—) atacó por sorpresa un pabellón del centro de reclusión controlado por sus rivales del Comando Rojo (Comando Vermelho), una batalla en el marco de una guerra más amplia por el control del lucrativo mercado de narcóticos en el Amazonas brasileño, según las versiones recogidas. Los pandilleros prendieron fuego a los colchones y decapitaron al menos a 16 presos, informó la prensa local.
El tumulto en la prisión fue un “ajuste de cuentas entre las dos facciones”, comentó Jarbas Vasconcelos director de la cárcel de Pará, a reporteros locales de Agência Pará. Agregó que su equipo “no tenía información [previa] de un ataque de esa magnitud”.
Sin embargo, Carlos André Costa, secretario encargado de análisis criminal y de inteligencia de Pará, declaró a Folha de São Paulo que las autoridades habían tenido informes de inteligencia a comienzos del mes, que indicaban que elementos del Comando Rojo se estaban movilizando hacia el sur, hacia zonas controladas por el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—) en Pará, una señal de que se estaría gestando un conflicto.
La participación del CCA en la masacre se deriva de su evidente alianza con el más poderoso PCC.
El CCA, menos conocido, fue formado en 2013 por Oziel Barbosa, expendedor de drogas que se presentaba con el alias de “Maranhão”, según la revista Época. Barbosa fue asesinado posteriormente en 2016, pero se dice que el CCA ha mantenido su influencia en el sistema penitenciario de Pará.
Tras la masacre, las autoridades trasladaron a 46 presos acusados de participar en la matanza. Diez reos fueron llevados a instalaciones federales fuera de Pará, y los 36 restantes redistribuidos en otras prisiones dentro del estado.
No es la primera gran matanza relacionada con disputas de bandas criminales por agitar el sistema carcelario en Brasil.
Una masacre el día de Año Nuevo de 2017 en la ciudad de Manaus, Amazonas brasileño, dejó 56 reclusos muertos. La pelea se atribuyó a una rencilla entre la Familia del Norte (Família do Norte —FDN—) y el PCC por el negocio de las drogas en la región del Amazonas. Otros 33 presos fueron asesinados cuatro días después en retaliación en disturbios en la prisión del vecino estado de Roraima.
La repentina escalada de las encarcelaciones masivas en Brasil facilita esta violencia de pandillas. A finales de junio de 2018, las 47 prisiones del estado de Pará tenían unos 16.500 presos, pese a que solo tenían capacidad para albergar a unos 8.600 reclusos, según datos oficiales de Susipe. Había más de 340 prisioneros en la cárcel de Altamira cuando ocurrió la masacre, el doble de su capacidad, para solo 163 detenidos, según Folha de São Paulo.
Artículo publicado inicialmente en la web InSight Crime
Una brutal masacre en un centro carcelario del norte de Brasil suscita serias interrogantes sobre posibles cambios en las alianzas criminales en tan estratégica región de este país suramericano.
Nada más y nada menos que 57 reclusos murieron el 29 de julio en la peor masacre carcelaria registrada en 2019 luego de que estallara una reyerta en la prisión de Altamira, en el estado norteño de Pará, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en un comunicado oficial.
Una pandilla local identificada como el Comando Clase A (Comando Classe A —CCA—) atacó por sorpresa un pabellón del centro de reclusión controlado por sus rivales del Comando Rojo (Comando Vermelho), una batalla en el marco de una guerra más amplia por el control del lucrativo mercado de narcóticos en el Amazonas brasileño, según las versiones recogidas. Los pandilleros prendieron fuego a los colchones y decapitaron al menos a 16 presos, informó la prensa local.
El tumulto en la prisión fue un “ajuste de cuentas entre las dos facciones”, comentó Jarbas Vasconcelos director de la cárcel de Pará, a reporteros locales de Agência Pará. Agregó que su equipo “no tenía información [previa] de un ataque de esa magnitud”.
Sin embargo, Carlos André Costa, secretario encargado de análisis criminal y de inteligencia de Pará, declaró a Folha de São Paulo que las autoridades habían tenido informes de inteligencia a comienzos del mes, que indicaban que elementos del Comando Rojo se estaban movilizando hacia el sur, hacia zonas controladas por el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—) en Pará, una señal de que se estaría gestando un conflicto.
La participación del CCA en la masacre se deriva de su evidente alianza con el más poderoso PCC.
El CCA, menos conocido, fue formado en 2013 por Oziel Barbosa, expendedor de drogas que se presentaba con el alias de “Maranhão”, según la revista Época. Barbosa fue asesinado posteriormente en 2016, pero se dice que el CCA ha mantenido su influencia en el sistema penitenciario de Pará.
Tras la masacre, las autoridades trasladaron a 46 presos acusados de participar en la matanza. Diez reos fueron llevados a instalaciones federales fuera de Pará, y los 36 restantes redistribuidos en otras prisiones dentro del estado.
No es la primera gran matanza relacionada con disputas de bandas criminales por agitar el sistema carcelario en Brasil.
Una masacre el día de Año Nuevo de 2017 en la ciudad de Manaus, Amazonas brasileño, dejó 56 reclusos muertos. La pelea se atribuyó a una rencilla entre la Familia del Norte (Família do Norte —FDN—) y el PCC por el negocio de las drogas en la región del Amazonas. Otros 33 presos fueron asesinados cuatro días después en retaliación en disturbios en la prisión del vecino estado de Roraima.
La repentina escalada de las encarcelaciones masivas en Brasil facilita esta violencia de pandillas. A finales de junio de 2018, las 47 prisiones del estado de Pará tenían unos 16.500 presos, pese a que solo tenían capacidad para albergar a unos 8.600 reclusos, según datos oficiales de Susipe. Había más de 340 prisioneros en la cárcel de Altamira cuando ocurrió la masacre, el doble de su capacidad, para solo 163 detenidos, según Folha de São Paulo.
