El acto de Alsásua, que abunda en la idea de echar a los guardias civiles como sea -por algo será-, protagonizado por la pandilla de totalitarios que se ha hecho dueña de esos pueblos del poniente del viejo reino navarro, responde a unos parámetros ya vistos. Los “camisas pardas”, veteranos en estas lides, se reúnen, hacen un teatrillo representando lo malas que son las “fuerzas de ocupación”, y reproducen el consabido circo, llamando facha a todo hijo de vecino, salvo a ellos, claro. No se han mirado al espejo.

Uno, que se aproxima a la setentena, ha conocido al paisanaje de ese pueblo, pues el sitio donde nació no dista más de ocho o diez kilómetros de este antro que hace irreconocible a este cruce de caminos que fue.

No es de extrañar. Es más frecuente de lo que parece que hijos de antiguos falangistas -o de requetés, ¡qué más da! - abracen ahora causas que estarán revolviendo en sus tumbas a quienes eran carne de su carne.

Imagínense ustedes por un momento que quienes no solamente no ponemos en cuestión la pertenencia de las provincias vascongadas a España y que diferenciamos las tierras vasconizadas del reino donde se situó, en tiempos de Sancho III el Mayor, una de las mejores expresiones de la España cristiana en la Reconquista, montáramos una parodia con un recochineo que ridiculizara las posturas nacionalistas; exhibiendo algo así como el “Celtiberia Show” en versión eusquérica. Seguro que aún estaríamos recogiendo los dientes por el suelo.

Y, sin embargo, esos niñatos maleducados se permiten ofender a una de las instituciones del Estado más dignas -la Guardia Civil- y faltar al respeto a quienes nos sentimos españoles; con el beneplácito de la presidente de Navarra que ha legitimado a la basura separatista del amonal.  Aunque igual, por su edad, confunde el nombre del explosivo con una reunión de abuelas.

Estos que montan, como era de prever, una afrenta al Instituto armado y que presionan para que se desmonte el cuartelillo de la localidad, actúan con impunidad. Por cierto, parece ser que se pretende dejar en su mínima expresión el contingente de servidores del Estado en el País Vasco, y camino de ello lleva Navarra.

La Audiencia Nacional no tiene la culpa de ello. Es un órgano jurisdiccional cuya función es juzgar, no actuar como mamporreros del Gobierno.

La omisión del deber, una vez más, es del Gobierno, que no vela por proteger la dignidad de los españoles que viven en Alsasua y que está literalmente acojonado por esta mafia camorrista que tomó el pueblo como si fuera su propiedad.

La responsabilidad del Gobierno de la nación, o si lo prefieren del Gobierno de España, es asegurar que no se atente contra la dignidad de las instituciones del Estado, y que no se impida por coacciones o violencia el derecho de los ciudadanos navarros a exhibir la bandera de su nación, porque es el símbolo de su patria, sin ser ridiculizados. Y, sobre todo, porque ejercen su libertad y defienden a su patria. Y proteger el derecho a transitar por ese pueblo sin que por expresar una forma de interpretar la realidad contraria al separatismo se le parta la cara, es un deber constitucional. Y cualquier español, sea vasco o de Jerez de la Frontera, tiene el reconocimiento constitucional del derecho a residir, o a moverse con entera libertad, sin cortapisas, por todo el territorio nacional; o si ustedes lo prefieren por cualquier rincón, por remoto que sea, de la Unión Europea. Y nadie, por muy cafre que sea, tiene el privilegio de conculcar ese marco de libertades, porque para eso existen las instituciones y el ejercicio de la legítima violencia para protegerlo.

Evidentemente ya se han cuidado los cafres (lo digo por segunda vez, o si lo prefieren más veces) de no hacer apología del terrorismo, pues la Audiencia Nacional invocó la obligación de las instituciones representativas del Estado a atajar cualquier hecho con causa penal. Pero eso no basta. El Estado está para ejercer sus funciones constitucionales, y por mucho interés que tenga Sánchez de asegurarse el apoyo de Bildu, del PNV o del que pase por allí, su obligación es cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho; y para eso ejerce el mando legítimo de los instrumentos del orden y de la policía. Y tiene el deber de reclamar y exigir las atribuciones constitucionales de cualquier ciudadano español, incluidas las de aquellos que trabajan por subvertir el marco constitucional y conspirar contra un sistema jurídico que solo se aplica a los buenos ciudadanos, puesto que, los que no lo son, se pasan las leyes por donde termina la espalda.