Informe de la Fundación para el Avance de la Libertad
Las ciudades españolas suspenden en libertad económica
Según la Fundación para el Avance de la Libertad, las ciudades analizadas deben reducir los altos niveles de endeudamiento municipal allí donde aún persisten, contener el gasto público y la contratación, y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local. Los ayuntamientos necesitan prescindir de empresas municipales. Es necesario desmunicipalizar y concesionar los principales servicios para que los presten empresas profesionales, y para ello es conveniente introducir en la medida de lo posible elementos de competencia o al menos de comparabilidad entre proveedores externalizados.
![[Img #16336]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/09_2019/9376_marbella-1270299_1920.jpg)
La Fundación para el Avance de la Libertad ha elaborado la segunda edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), correspondiente a 2019. Este índice está inspirado en los rankings internacionales que miden y clasifican la libertad económica por países, y es, desde 2018, el primero de Europa en ocuparse específicamente del grado de libertad económica existente en el ámbito municipal de un mismo país, derivado de las políticas adoptadas por cada ayuntamiento.
El Índice está organizado en cuatro grandes áreas: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal. En total, el índice incorpora diecisiete indicadores para las cincuenta ciudades más pobladas de España, veinte más que en la primera edición. El estudio se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la Administración central u otras fuentes reconocidas. La clasificación está ponderada por población y, en los indicadores necesarios, también por extensión del municipio. Para mantener la neutralidad se evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carecen de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales.
Como principales conclusiones para 2019, cabe destacar un año más el discreto desempeño de casi todas las ciudades analizadas, ya que sólo tres de ellas superan los sesenta puntos sobre cien, recibiendo la etiqueta de “libertad económica moderada”. Se trata de Alicante, Almería y Castellón. La ciudad de Alicante, segunda el año pasado, lidera esta vez el ranking al producirse un cierto retroceso de Almería. El cuarto lugar es para A Coruña, pero ya en la franja de “libertad económica aceptable” que incluye a un total de veintiocho ciudades. Entre las diecisiete ciudades que suspenden y ocupan la franja de “libertad económica insuficiente” se encuentran las cuatro mayores ciudades del país por población: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Tarragona y Marbella son las únicas, entre las cincuenta ciudades analizadas, que caen por debajo de los cuarenta puntos, mereciendo la categoría de “libertad económica deficiente”.
Las ciudades analizadas tienen ante sí el reto de reducir los altos niveles de endeudamiento municipal allí donde aún persisten, contener el gasto público y la contratación, y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local. Los ayuntamientos necesitan prescindir de empresas municipales. Es necesario desmunicipalizar y concesionar los principales servicios para que los presten empresas profesionales, con los estándares de calidad que los vecinos necesitan, y para ello será conveniente introducir en la medida de lo posible elementos de competencia o al menos de comparabilidad entre proveedores externalizados.
Otro factor relevante para la libertad económica de las ciudades es evitar políticas municipales que perjudiquen al emprendimiento, y en especial al derivado de las nuevas posibilidades que ofrece la economía colaborativa. Se observa, como en la edición de 2018, una correlación escasa entre el color político de los ayuntamientos y su desempeño en el índice, y una mayor relación con el tamaño, obteniendo en general mejor nota las ciudades medianas que las grandes.
La Fundación para el Avance de la Libertad ha elaborado la segunda edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas (ILECE), correspondiente a 2019. Este índice está inspirado en los rankings internacionales que miden y clasifican la libertad económica por países, y es, desde 2018, el primero de Europa en ocuparse específicamente del grado de libertad económica existente en el ámbito municipal de un mismo país, derivado de las políticas adoptadas por cada ayuntamiento.
El Índice está organizado en cuatro grandes áreas: desempeño económico del municipio, magnitud de su plantilla, intervencionismo económico y presión fiscal. En total, el índice incorpora diecisiete indicadores para las cincuenta ciudades más pobladas de España, veinte más que en la primera edición. El estudio se basa exclusivamente en datos publicados por los propios ayuntamientos, la Administración central u otras fuentes reconocidas. La clasificación está ponderada por población y, en los indicadores necesarios, también por extensión del municipio. Para mantener la neutralidad se evita incorporar elementos sobre los que los consistorios carecen de capacidad decisoria, por lo que no se incluyen factores autonómicos ni estatales.
Como principales conclusiones para 2019, cabe destacar un año más el discreto desempeño de casi todas las ciudades analizadas, ya que sólo tres de ellas superan los sesenta puntos sobre cien, recibiendo la etiqueta de “libertad económica moderada”. Se trata de Alicante, Almería y Castellón. La ciudad de Alicante, segunda el año pasado, lidera esta vez el ranking al producirse un cierto retroceso de Almería. El cuarto lugar es para A Coruña, pero ya en la franja de “libertad económica aceptable” que incluye a un total de veintiocho ciudades. Entre las diecisiete ciudades que suspenden y ocupan la franja de “libertad económica insuficiente” se encuentran las cuatro mayores ciudades del país por población: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Tarragona y Marbella son las únicas, entre las cincuenta ciudades analizadas, que caen por debajo de los cuarenta puntos, mereciendo la categoría de “libertad económica deficiente”.
Las ciudades analizadas tienen ante sí el reto de reducir los altos niveles de endeudamiento municipal allí donde aún persisten, contener el gasto público y la contratación, y reducir, en la medida de su capacidad normativa, la tributación local. Los ayuntamientos necesitan prescindir de empresas municipales. Es necesario desmunicipalizar y concesionar los principales servicios para que los presten empresas profesionales, con los estándares de calidad que los vecinos necesitan, y para ello será conveniente introducir en la medida de lo posible elementos de competencia o al menos de comparabilidad entre proveedores externalizados.
Otro factor relevante para la libertad económica de las ciudades es evitar políticas municipales que perjudiquen al emprendimiento, y en especial al derivado de las nuevas posibilidades que ofrece la economía colaborativa. Se observa, como en la edición de 2018, una correlación escasa entre el color político de los ayuntamientos y su desempeño en el índice, y una mayor relación con el tamaño, obteniendo en general mejor nota las ciudades medianas que las grandes.
