María Luisa Sánchez González es una madre que tiene muy claro que su hijo es lo primero en el mundo, y que su principal obligación como progenitora es protegerlo y velar por su educación y por su desarrollo como persona.

Esta mujer de fuerza admirable, junto a su marido, ha desarrollado un tenaz esfuerzo para lograr que su hijo, desde la primera infancia, tuviera una educación integral, lo que implicaba indefectiblemente que en los primeros pasos del proceso de escolarización estuviera integrado en un modelo educativo acorde a su lengua materna, el español. Y no dudó en valorar como perjudicial que estuviera escolarizado en una lengua extraña para él, el euskera, pues el objetivo principal en ese primer estadio de desarrollo es la consolidación de su primera lengua.

Desde ámbitos nacionalistas, en otras épocas de la historia, ya se defendía este paradigma de escolarización en la lengua materna. Entre otros, Landeta, lo hacía en los siguientes términos: “En el País Vasco existen muchos miles de niños que no encuentran una escuela elemental cuya instrucción se haga en euskera. Aquí, en Vizcaya, existen más de 10.000 niños cuya mentalidad estamos atrofiando, porque su enseñanza, su educación, se pretende realizar en lengua que no comprenden. Muchos hijos de nuestras aldeas precisan estudiar muchos años el castellano si desean seguir estudios especiales” (1920).

En el mismo sentido se expresaba otro nacionalista, Eleizalde, un prócer nacionalista de primera línea:“Lo que nosotros podemos afirmar por haberlo prácticamente comprobado, es que, en general, el niño vasco que entra en la escuela de su aldea sin hablar otro idioma que el suyo maternal, sale de esa escuela sin haber aprendido, cual es debido su propia lengua, y por ende, sin conocer ni comprender tampoco el castellano que le hablaba el maestro, lo cual le coloca en un plano de inferioridad notoria respecto de aquellos otros niños que han sido educados e instruidos en su propia lengua, y salen también, como es natural, sin haber adquirido los conocimientos que todos los hombres tienen derecho a saber al salir de la escuela de su pueblo, sin haber despertado sus aptitudes” (1910).

Pero todo cambió en cuanto el nacionalismo logró la hegemonía política. Hoy, defiende justamente lo contrario. Lo que no querían para los niños vascohablantes, ahora lo aplican para los castellanohablantes.

Por ello, la lucha de esta madre y su marido por lograr escolarizar en el modelo A (castellano, con el euskera como asignatura) a su hijo ha sido un calvario que aún no ha terminado. Estos padres, incluso, han logrado dos resoluciones favorables del Ararteko (Defensor del Pueblo) que avalan la legalidad de sus pretensiones y les da la razón de fondo que justifica su demanda: el derecho a elegir el tipo de educación para su hijo, y el amparo legal para elegir el modelo lingüístico, cuyo derecho ha sido pertinazmente rechazado por el Ejecutivo autonómico.

Ustedes han interpuesto una denuncia por presunta falsedad documental, prevaricación y discriminación por parte de funcionarios de la Administración educativa vasca. ¿Cuál es el motivo?

La Delegación Territorial de Guipúzcoa no quería escolarizar a nuestro hijo en un modelo A y para que desistiéramos de nuestra opción nos mintieron, nos insultaron y nos amenazaron. Realmente, no fue una amenaza; fue un hecho, ya que mi hijo estuvo medio año sin escolarizar. Nos movimos y acudimos al Defensor del Pueblo, y éste nos dio la razón en dos resoluciones.

Cuando pedimos la ayuda al transporte escolar, nos la tenían que haber dado, puesto que ésta es automática, pero se negaron y, como no podían justificar la negativa, presuntamente crearon, que nosotros sepamos, dos informes presuntamente falsos para justificar la denegación. Estos informes también fueron enviados al Ararteko y al Defensor del Pueblo. Y no estamos hablando solo de funcionarios, sino de las principales instituciones educativas del País Vasco.

¿Cuál es la excusa que pone la Administración para negarles el derecho a escolarizar en el modelo A a su hijo, pese a que su demanda está protegida por la legislación autonómica?

La razón que nos dieron, pero que no es cierta, es que la gente no pide esa opción (Modelo A). ¿Cómo la gente va a pedir una opción que no se ofrece? Quieren imponer el euskera y les da igual si el nivel educativo está por los suelos o hay más fracaso escolar.

No hay ningún colegio público con modelo lingüístico distinto al modelo D. Hay colegios concertados, en teoría, modelo A, aunque realmente tampoco son A (en español), son plurilingües o multilingües, impartiendo tres o cuatro idiomas; el colegio que más castellano imparte lo hace, como máximo, en una tercera parte. Además, el coste medio por curso escolar en algunos de estos colegios concertados ronda los 4.000 euros en los cuatro colegios de modelo A, cantidad que nuestra familia no podía ni puede permitirse.  La Administración educativa no quiere matricular a los alumnos que pidan modelo A en público en concertado. Se produce una doble discriminación por modelo lingüístico y por nivel de renta.

¿Cuál es la razón por la que se mantienen impertérritos en su pretensión de escolarizar a su hijo en el modelo A, pese a que la oferta en Guipúzcoa de ese modelo es prácticamente inexistente?

Conocíamos la Ley Vasca de Educación y sabíamos que había tres modelos. Nosotros queríamos que nuestro hijo estudiara en su lengua materna, el español. Mi marido ha estado viviendo más de diez años en el extranjero. Actualmente, solo trabaja en inglés, pero según su experiencia, es importantísimo que se aprenda bien la lengua materna; si resulta que el niño tiene capacidad, podrá aprender más lenguas, pero si no es el caso, al menos tiene una lengua bien aprendida con la que defenderse.

¿Están satisfechos con la actitud del Ararteko?¿Ha cumplido suficientemente su obligación de defender su derecho y, sobre todo, el principio superior del interés de su hijo?

Nuestra relación con el Ararteko ha sido ininterrumpida desde hace seis años. La relación ha sido buena, muy buena; esta institución nos ha atendido y ha dictado dos resoluciones, una referente a la escolarización y otra relacionada con la ayuda al transporte escolar, en las que nos da la razón. E incluso el Ararteko se ha implicado en denunciar el incumplimiento de los modelos lingüísticos. Dicho esto, creo que la Oficina del Ararteko tenía que haber denunciado la situación ante la Fiscalía, ya que no es un caso particular. Se está incumplimiento la Ley. Y lo saben.

Para nosotros es importante dejar claro que la Administración educativa tiene que estar en condiciones de ofrecer una alternativa de escolarización en la red pública (tanto pública como concertada) en el modelo lingüístico de nuestra elección. Y si no puede ser en la pública, en la concertada, sin un mayor coste para la familia.

¿Consideran que se están vulnerando derechos fundamentales de su hijo? ¿Tienen alguna esperanza de que la justicia prime sobre la arbitrariedad?

Claro que se están vulnerando. Se vulneraron sus derechos en el momento de la escolarización, puesto que mi hijo se quedó en casa por elegir un modelo A; pero si hubiéramos elegido un modelo D (íntegramente en euskera), habría tenido una plaza en un colegio. Y, actualmente, en relación con la ayuda al transporte escolar, solo reciben esta ayuda los alumnos que estén matriculados en colegios públicos, pero todos son modelo D.

Yo llevo nueve años aquí, en San Sebastián, y no tuve conciencia de lo que pasaba realmente hasta que tuve que escolarizar a mi hijo. He comprobado en estos seis años que hay un incumplimiento sistemático de las leyes, tanto de las estatales como de las propias leyes autonómicas, cuando al nacionalismo no le interesa cumplirlas. A mí nunca se me había pasado por la cabeza que funcionarios públicos con cargos importantes pudiesen fabricar presuntamente informes para saltarse la ley. Pero, desgraciadamente, creo que eso ocurre.

¿Justicia? Pusimos el 25 de octubre de 2018 una denuncia ante la Fiscalía: “Denuncia ante la fiscalía por la actuación educativa”. El 6 de noviembre la archivan, ya que dicen que no está acreditado el delito. No investigaron. No pidieron más información.

Hice otro escrito de 37 páginas: “Denuncia ante la fiscalía por falsedad documental, prevaricación y discriminación por parte de funcionarios de la administración educativa vasca”, explicando con todo detalle y con documentación, lo sucedido. No era un planteamiento general. Estaban las personas con nombre y apellidos. Se presentó el 28 de noviembre y se archivó el 2 de diciembre por la misma razón. Ni se la habían leído, y menos la habían investigado.

Nos dijeron que fuéramos al Juzgado de Instrucción, y allí fuimos. Se denuncia por presunta falsedad documental, prevaricación y discriminación a la Consejera de Educación y a varios responsables más de la Administración educativa vasca.

El 30 de enero, se resuelve que puede haber un delito del art 774, “De las falsedades”. Es decir, falsedad entre particulares; pero se archiva la denuncia. Lo más curioso es que no entra ni en la prevaricación ni en la discriminación.

Me pregunto si la Fiscalía y el Juzgado leyeron la denuncia. Creo, honestamente, que no. En mi opinión, son incomprensibles fallos de esta categoría por parte de magistrados y fiscales.