Hay dos hechos repetidos sin que las autoridades competentes se quieran dar cuenta. Los poderes que el Estado trasladó a Cataluña están siendo utilizados contra ese Estado. Las competencias que el Estatuto de Salt confiere a la Generalidad en materia de policía se concretan en diecisiete mil agentes armados que dependen a todos los efectos de los mismos que han declarado la República Catalana y amenazan con volver a intentarlo si la sentencia de los tribunales no les gusta.

En medio, los españoles que residen en Cataluña. Asustados. Desde hace mucho tiempo empujados hacia el espacio excluyente que han diseñado los nacionalistas catalanes. Investigados. Por los mecanismos de información que tiene la policía catalana y que permite saber lo necesario para "fichar" a cada persona.

Tras los sucesos del 1-O, quedaron aclaradas cuestiones que venían siendo "murmullo de exagerados". Y es que la diferencia entre optimista y pesimista, siempre ha sido y será, que el segundo es como el primero, pero mucho más informado. En este caso, el conocimiento viene de una escalada imparable de gamberradas al servicio de un mito.

Han convertido la autonomía de Cataluña en un ariete contra España. Los representantes del Estado en Cataluña son los cabecillas de la revuelta contra la Ley y sus mandatarios. Los Mossos mostraron, desde las jefaturas políticas y operativas, indicios más que razonables para poner en entredicho su lealtad al orden constitucional. Los argumentos esgrimidos como falta de colaboración se quedan pequeños si tenemos en cuanta las imágenes de colaboración activa y pasiva que desempeñaron con el "Proceso". Cualquier país, sin complejos, habría devuelto las competencias de Policía al Gobierno central. Buena prueba de lo que digo está en ese despliegue de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que se ha producido, estos días, para garantizar el orden y enfrentar lo que se sabe y no se ha dicho en materia de rebelión creciente en los sectores más radicales como los denominados CDR.

Tarde o temprano, la autoridad en nombre de la Ley deberá aborda las cuestiones que se dejaron pendientes por unos Gobiernos débiles, acomplejados e ineptos en materias tan delicadas como la seguridad del Estado, sus instituciones, el cumplimiento de las sentencias y el respeto al ordenamiento jurídico.

Cataluña no es una nación. No lo ha sido nunca. Cataluña es un territorio que ha recibido toda suerte de privilegios en comparación con otros territorios de España. Cataluña es el hogar de miles de españoles a los que el Estado tiene el deber de proteger, desde hace muchos años, pues mientras el Estado ha ido retrocediendo, el separatismo catalán ha ido avanzando.

Con los partidos nacionalista catalanes, ni se puede, ni se debe, formar mayorías en las Cortes dónde reside la soberanía nacional, entre otras razones por ser frontalmente contrarios a tal soberanía.

Una comunidad que acumula una brutal deuda y que no cumple las normas establecidas desde el Estado en materia de límites para el gasto, con una ingente cantidad de oficinas-embajadas dedicadas a cumplir los dicterios del "Proceso", o esas cadenas de radio televisión al servicio doctrinario del nacionalismo, con múltiples puestos de trabajo clientelar y de probada lealtad al "régimen", necesita una enmienda a la totalidad.

Tal enmienda no se resuelve con una moción de censura. Requiere de la intervención del Estado, para eliminar todo lo dicho, realizar una auditoría que haga pública la previsible situación de caos económico. De esta forma, los catalanes y el resto de los españoles, sabrán a ciencia cierta quién les estaba robando desde la etapa de la estirpe Pujol.

Al menos esta vez, la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no supondrá la humillante situación que les tocó vivir a sus agentes, cuando se les hizo residir de forma indigna en barcos o en hostales a los que acudían los radicales para insultarlos y amenazar a los hosteleros, que se vieron en la necesidad de pedirles que abandonaran los establecimientos, mientras los Mossos vivían como canónigos y cobraban como funcionarios de élite, sin mostrar el más mínimo atisbo de compañerismo con tales españoles.

Como quiera que este artículo coincide en el tiempo con la celebración del Pilar, y el día de las Fuerzas Armadas, no sólo mi gratitud para tales instituciones y todos sus miembros, por el servicio que prestan a España, también la confianza en que su profesionalidad y sus sentimientos de servicio basados en esa irrenunciable divisa que es el honor, me lleva a confiar en que son y serán los garantes del orden y la ley de todos los españoles, en cualquier punto de esta vieja nación.