Es el título de un opúsculo del maestro Dalmacio Negro, que dice así:

“La ambigua «Constitución del consenso» en el vocabulario oficioso puede satisfacer todas las apetencias. Ya en el preámbulo afirma claramente la intención de «establecer una sociedad democrática avanzada». Lo de avanzada evoca en el lenguaje leninista y socialista la marcha hacia la utopía de la sociedad totalitaria de la Ciudad Perfecta. Por eso es un término muy vago, sumamente útil para justificar cualquier pirueta que se considere oportuna. En ese sentido hay que interpretar la afirmación correlativa, no menos sorprendente por lo tosca del artículo 1.0, según la cual «España», no por cierto la Nación española, «se constituye en un Estado», como si éste no existiera previamente. Se le describe con la receta socialdemócrata «social y democrático de Derecho», tres pleonasmos también útiles por su vaguedad: todo Estado es Estado de Derecho y además social y democrático, puesto que el Estado es la otra cara de la sociedad, como el anverso o el reverso de una moneda, y la homogeneiza. Por otra parte, el partido socialista parece haber abandonado este eslogan sustituyéndolo, en palabras del Sr. Pérez Rubalcaba con ocasión de la resolución del asunto De Juana, en «Estado Humanitario, Firme e Inteligente». El Estado del vacío nihilista.”

Sobre la base de un fatídico consenso político se ha abandonado la verdad desde hace mucho tiempo, y convertida ésta en un hallazgo mediante la deliberación, al decir del existencialista Zapatero. De esta guisa todo se consigue alcanzar mediante acuerdos entre diferentes que llevan a disparates pactados, a convenios de interés y de reparto de parabienes sin sentido, trufados de errores que han llevado a la infantilización de la sociedad, a la destrucción de la cultura y a la falsificación como método de la modificación cognitiva de las masas.

El último episodio es una sentencia que llama sedición a una sublevación de libro, retransmitida en directo, con manifiestas evidencias de violencia organizada. Como ciudadano sujeto a las leyes por obligación o por imposición tengo el deber de acatar las sentencias, aunque sean una barbaridad que alimenta la ruptura programada de nuestra nación política e histórica. Y todo es por causa del consenso socialdemócrata que lleva siempre a que la minoría venza a la mayoría en función del acuerdo y del logro de unanimidades ficticias.

Se nos dice que Estrasburgo debe recibir una sentencia sin fisuras ni votos particulares para evitar que meta su cuchara en una justicia española ya suficientemente intervenida por los poderes partitocráticos. ¿Y qué más da si el resultado efectivo del proceso judicial acaba en un desmigamiento y una futilidad del sentido práctico del Código Penal?  Dicen los juristas que la justicia debe dictar sentencias sin consideraciones de oportunidad, aplicando los códigos en su sentido original, evitando las interpretaciones de coyuntura o de influencias exteriores a las salas donde se imparte dicha justicia, sin discriminación que afecte a la esencial igualdad de todos los españoles ante la ley. ¿De verdad o es una ironía?

El golpe de Estado prosigue, quizás con más fuerza que nunca. Acabará con el jarro roto de tanto ir a la fuente. Y mientras tanto, los elementos concurrentes a dicha circunstancia siguen apuntalando el “proceso”, sin que nada ni nadie lo pare de verdad y en seco.

¿Por qué será que el Partido Socialista está tan contento con la sentencia?

Interesante sería la respuesta si nos pusiéramos a elaborar teorías que diluciden sobre los motivos.