La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por haber efectuado manifestaciones “electoralistas” en la Moncloa, en una entrevista a La Sexta, y por haberse colgado de la web institucional la transcripción de la misma. Fuentes de la Junta Electoral Central han aclarado a la Agencia Efe que la decisión no se ha adoptado por el contenido de las respuestas que Sánchez proporciona a la citada cadena, sino por haber respondido al cuestionario en la Moncloa y con “la escenografía institucional” propia de la Presidencia del Gobierno, es decir, con las banderas de España y la UE tras él.

Según explican fuentes de la Junta Electoral, hará una propuesta de expediente sancionador y la transmitirá al propio Sánchez, quien dispondrá de un plazo “de alrededor de diez días”, según los procedimientos administrativos, para cursar las alegaciones que considere oportunas. Esas alegaciones no las puede firmar nadie en nombre de Sánchez; las tienes que firmar él personalmente. Con las alegaciones en la mesa, el instructor hará entonces una propuesta definitiva de sanción y,nuevamente, la enviará a Sánchez para que, si lo decide así, haga alegaciones. El plazo máximo para completar este trámite es de tres meses, pero “se suele hacer en menos”, indican las fuentes de la Junta Electoral consultadas. En cualquier caso, la sanción, si procede, se aplicará después de las elecciones del 10 de noviembre.

Fue el PP el que denunció las afirmaciones “electoralistas2 del presidente en funciones, y la JEC le ha dado la razón «parcialmente», porque entiende que no incumple el artículo 53 de la LOREG sobre la preservación del principio de neutralidad, sino el 50, en el que se prohíbe el uso de medios públicos para organizar o financiar actos en los que se hable de “los logros obtenidos” por las autoridades públicas.

Pablo Casado espera "que la sociedad española tenga la madurez suficiente" para castigar a Pedro Sánchez por el uso electoralista de La Moncloa que ha acreditado la Junta Electoral Central (JEC). "Está yendo dopado a las elecciones, como hemos visto con sus entrevistas o con los viernes sociales", ha llegado a decir. Para el presidente del PP, es "gravísimo e inédito" el expediente abierto por la Junta, el primero que se le incoa a un presidente del Ejecutivo desde la creación, en 1977, del organismo que arbitra los periodos electorales.

"Quien instrumentaliza las instituciones y los recursos públicos no merece salir victorioso, y lo que está haciendo por parte del Gobierno es ofensivo para la institucionalidad del país", ha añadido Casado. "Nunca antes un Gobierno había utilizado las Cortes para compromisos tan abultados" en periodo electoral; "nunca antes un Gobierno había usado la Diputación Permanente, el CIS, RTVE y el Consejo de Ministros para hacer campaña", ha subrayado. Esto es algo "insólito", y por eso "Sánchez no es una persona confiable", ha dicho.

Desde Ciudadanos, su portavoz de Justicia, Edmundo Bal, ha criticado "la instrumentalización" y "la colonización de las instituciones" que demuestra el expediente de la Junta Electoral Central. Según Bal, Pedro Sánchez utiliza todos los medios públicos "como un cortijo" y para hacer "propaganda electoral del PSOE", lo que espera que también sea castigado en las urnas.

Bal ha remarcado que "es la primera vez en la historia" que se abre un expediente a un presidente del Gobierno, lo cual demuestra "el cortijismo más absoluto" del que hace gala Pedro Sánchez. "La Junta Electoral ha llamado a Sánchez tramposo, ya no va a engañar a nadie, porque no puede utilizar los recursos públicos en favor del PSOE", ha añadido.

Mientras tanto, y tras la reunión mantenida en la sede de RTVE entre los representantes de los partidos políticos y directivos de la cadena pública Televisión Española, Vox se ha negado a firmar el acuerdo para la celebración del debate previsto para el día 1 de noviembre a las 22 horas al vetarse la posibilidad de introducir el tema de la inmigración en el mismo. El debate se planteaba en torno a cuatro bloques temáticos. Los responsables de Vox plantearon que se introdujera formalmente la inmigración en uno de esos bloques, a lo que se negaron varios representantes -Podemos, PSOE, ERC y Ciudadanos-, que contaron con el apoyo de los representantes de RTVE.

“Desde Vox consideramos que la inmigración es una de las principales preocupaciones de la sociedad española y que debe permitirse el debate entre los candidatos de las diferentes formaciones políticas para que los españoles conozcan sus propuestas. El CIS publicado este martes señala que el 15,6% de los encuestados consideran la inmigración como un problema para España. Frente a esto, se ha incluido en uno de los bloques del debate del día 1 el cambio climático que, según el CIS, solo interesa al 1,5% de los españoles”.

Vox se ampara para fundamentar este recurso en el artículo 66 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen General Electoral) que establece que la base de los debates electorales debe ser “la neutralidad informativa”.

Vox, según explica en una nota de prensa, considera que para saber con exactitud cuáles son dichos temas que preocupan y afectan al conjunto de la sociedad debemos de fijarnos (y tener en consideración) en aquellos organismos públicos que claramente nos dicen cuál es la temática que ha de formar parte de un debate electoral de índole nacional previo a unas Elecciones Generales al Congreso y al Senado, por ser dichos temas los que mayor preocupación generan en el conjunto de la sociedad.

“De lo contrario”, añade la formación de Abascal, “consideramos que se estaría haciendo un uso partidista, subjetivo y parcial de las materias objeto del debate en una cadena de televisión pública para de esta forma distraer la atención del electorado hacia posturas que pueden beneficiar directamente a determinados partidos políticos, siendo dichas materias o bloques informativos (como el del cambio climático) mucho menos preocupantes para el conjunto de la sociedad (siempre en base  a esos criterios mencionados previamente de entes públicas expertas en conocer el sentir y las preocupaciones de la ciudadanía, como en este caso es el CIS), que otras materias (como la inmigración) que preocupan 10 veces más (15,6% frente a 1,5%) al conjunto de la ciudadanía española”.