El uso del vascuence en la calle apenas supera el 10%
Nacionalistas y socialistas en el Gobierno Vasco posibilitan que los ayuntamientos se dirijan a los vecinos exclusivamente en euskera
Con el objetivo explícito de “impulsar el uso del euskera en y desde los municipios de manera que se convierta en lengua de trabajo y de servicio al ciudadano junto con el castellano, también en el ámbito local”, el Gobierno vasco (PNV-PSE) ha dado luz verde al “Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi”, una norma que junto al “Decreto sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones derivados de la cláusula universal de competencias municipales”, desarrolla y completa la “Ley de Instituciones Locales de Euskadi”, en vigor desde 2016.
El nuevo decreto tiene como finalidad regular el uso, oral y escrito, del euskera y del castellano en el ámbito institucional y administrativo de todos los ayuntamientos, entidades locales, organismos y sociedades que dependan de ella, así como de la empresas contratadas o adjudicatarias que presten un servicio público municipal. El principal cambio es que, ahora, “cada entidad local decidirá, libre e individualmente, el idioma en el que trabajar internamente y relacionarse públicamente. Todo ello garantizando, siempre, el derecho de la ciudadanía a escoger el idioma en su relación con la institución municipal sin ninguna discriminación y, por tanto, adoptando a tal fin todas las medidas necesarias”. Es decir, que los Ayuntamientos y demás entidades podrán dirigirse a los ciudadanos vascos únicamente en euskera.
A pesar de que el vascuence es una lengua de escaso uso social (que apenas supera el 10%, según el Clúster de Sociolingüística), el Gobierno vasco, en manos del PNV y del Partido Socialista de Euskadi, continúa empeñado en trabajar en contra de la voluntad de los ciudadanos y exige que “las instituciones locales deberán tomar decisiones tendentes hacia un progresivo y creciente uso del euskera en sus actividades internas”.
El Ejecutivo de Urkullu, además, se jacta de que el decreto recién aprobado supone, “un espaldarazo al reconocimiento de las competencias municipales en materia del fomento del euskera. Así, los ayuntamientos podrán establecer todas las ayudas, subvenciones o exenciones fiscales que consideren oportunas para potenciar la utilización y la divulgación del euskera. A partir de ahora, los ayuntamientos deberán contar con instrumentos de planificación lingüística en los que se establezcan las medias más convenientes en cada momento, su periodicidad y evaluación de resultados”.
Otro apartado del decreto hace referencia a la toponimia municipal y a la señalización de vías y servicios, un ámbito en el que inciden competencias y responsabilidades de distintos poderes públicos y de Euskaltzaindia. “La única disposición con rango de ley que aborda la materia de la toponimia en el ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Euskadi es la Ley de Normalización del Uso del Euskera. Esta norma señala que la nomenclatura oficial de los territorios, municipios, entidades de población, accidentes geográficos, vías urbanas y, en general, los topónimos de la Comunidad Autónoma Vasca, será establecida por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales o los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias”, se explica desde el Ejecutivo autonómico.
Con el objetivo explícito de “impulsar el uso del euskera en y desde los municipios de manera que se convierta en lengua de trabajo y de servicio al ciudadano junto con el castellano, también en el ámbito local”, el Gobierno vasco (PNV-PSE) ha dado luz verde al “Decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi”, una norma que junto al “Decreto sobre el ejercicio de las actividades, servicios o prestaciones derivados de la cláusula universal de competencias municipales”, desarrolla y completa la “Ley de Instituciones Locales de Euskadi”, en vigor desde 2016.
El nuevo decreto tiene como finalidad regular el uso, oral y escrito, del euskera y del castellano en el ámbito institucional y administrativo de todos los ayuntamientos, entidades locales, organismos y sociedades que dependan de ella, así como de la empresas contratadas o adjudicatarias que presten un servicio público municipal. El principal cambio es que, ahora, “cada entidad local decidirá, libre e individualmente, el idioma en el que trabajar internamente y relacionarse públicamente. Todo ello garantizando, siempre, el derecho de la ciudadanía a escoger el idioma en su relación con la institución municipal sin ninguna discriminación y, por tanto, adoptando a tal fin todas las medidas necesarias”. Es decir, que los Ayuntamientos y demás entidades podrán dirigirse a los ciudadanos vascos únicamente en euskera.
A pesar de que el vascuence es una lengua de escaso uso social (que apenas supera el 10%, según el Clúster de Sociolingüística), el Gobierno vasco, en manos del PNV y del Partido Socialista de Euskadi, continúa empeñado en trabajar en contra de la voluntad de los ciudadanos y exige que “las instituciones locales deberán tomar decisiones tendentes hacia un progresivo y creciente uso del euskera en sus actividades internas”.
El Ejecutivo de Urkullu, además, se jacta de que el decreto recién aprobado supone, “un espaldarazo al reconocimiento de las competencias municipales en materia del fomento del euskera. Así, los ayuntamientos podrán establecer todas las ayudas, subvenciones o exenciones fiscales que consideren oportunas para potenciar la utilización y la divulgación del euskera. A partir de ahora, los ayuntamientos deberán contar con instrumentos de planificación lingüística en los que se establezcan las medias más convenientes en cada momento, su periodicidad y evaluación de resultados”.
Otro apartado del decreto hace referencia a la toponimia municipal y a la señalización de vías y servicios, un ámbito en el que inciden competencias y responsabilidades de distintos poderes públicos y de Euskaltzaindia. “La única disposición con rango de ley que aborda la materia de la toponimia en el ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Euskadi es la Ley de Normalización del Uso del Euskera. Esta norma señala que la nomenclatura oficial de los territorios, municipios, entidades de población, accidentes geográficos, vías urbanas y, en general, los topónimos de la Comunidad Autónoma Vasca, será establecida por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales o los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias”, se explica desde el Ejecutivo autonómico.
