El 31 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 14/2019. Su preámbulo contiene una afirmación que ya resulta peligrosa: «Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje«. Aquí se mezcla un concepto difuso como la «desinformación», e incluso unas supuestas «interferencias» cuya naturaleza no se precia, con el «espionaje»: ¿el Gobierno piensa equiparar con espías a todos aquellos que publiquen cosas que no sean de su agrado?

El Capítulo IV del decreto modifica el apartado 6 del artículo 4 de la Ley General de Telecomunicaciones. Hasta ahora ese apartado ya daba al Gobierno el poder, «con carácter excepcional y transitorio», para asumir «la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional». La nueva redacción de este artículo amplía los poderes del Gobierno al respecto, y añade el «orden público» a los motivos para intervenir redes. Así es como queda redactado:

«El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional».

La Asociación de Internautas advierte del riesgo para los derechos fundamentales

Otorgar al Gobierno unos poderes tan amplios para censurar la red sin necesidad de una orden judicial es sumamente peligroso. La Asociación de Internautas ya manifestó su alarma ante «la amplitud de los supuestos que se incorporan y que no estarán sometidos a un control judicial previo, que debería ser el encargado de garantizar la adecuada ponderación de derechos en juego antes de que se adopte una decisión de este tipo». Esa asociación ha advertido que este decreto «puede afectar a múltiples derechos fundamentales».

El PSOE vulnera el Artículo 20 de la Constitución y el PP y Cs le apoyan

Tengamos en cuenta, además, algo que debería hacernos sospechar sobre la naturaleza de esta medida, y es que ha sido aprobada precisamente por un Gobierno con una preocupante tendencia a abusar de una herramienta excepcional como es el decreto, que el Artículo 86 de la Constitución reserva para casos «de extraordinaria y urgente necesidad». El mismo Artículo señala que esos decretos no podrán afectar a los «deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I». Precisamente en ese título figura el Artículo 20, que protege la libertad de expresión y la libertad de información. El apartado 5 de ese Artículo es muy claro: «Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial». Esta definición incluye también a los contenidos digitales, pues entran en el capítulo de medios de información. Con ese decreto, el Gobierno está vulnerando abiertamente el Artículo 20 de la Constitución. Lo más chocante es que hoy, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor del decreto. ¿Y éstos son los que presumen de ‘constitucionalistas’? ¿Ése es el mismo PP que pedía el voto para frenar a la izquierda, y ahora le concede al PSOE poderes dictatoriales?

Podemos criticó la ‘Ley Mordaza’ del PP pero se abstiene ante este ‘decretazo mordaza’

En cuanto al resto de formaciones, Podemos, que tanto criticó la ‘Ley Mordaza’ del PP, se ha abstenido hoy, tal vez porque quedaría mal ante sus bases apoyando este decreto, pero tampoco le conviene votar en contra, ya que de haber un futuro gobierno de coalición con el PSOE, los podemitas podrían ejercer también el poder dictatorial de censurar webs incómodas, poder que PP y Cs han puesto hoy en manos del PSOE. A su vez, los partidos separatistas han votado en contra, tal vez porque este decreto se anunció con la excusa de pararles los pies a los separatistas catalanes en la red, aunque a decir verdad, ese motivo no figura por ninguna parte en su preámbulo.

Vox denuncia "un nuevo botón de control total y absoluto sobre las comunicaciones y sobre las voces"

Vox ha votado en contra, precisamente porque considera que este decreto lesiona derechos fundamentales. El diputado Víctor Sánchez del Real ha criticado duramente este decretazo digital: «lo que están ustedes planteando es un nuevo botón de control total y absoluto sobre las comunicaciones y sobre las voces. Y es evidente que ante los sediciosos, ante aquellos que tratan de romper el Estado, hay que tener los mecanismos, pero esos ya existen, están en la Constitución. Es el Artículo 116 de la Constitución, los estados de alarma o de excepción, que están regulados y controlados por esta misma Diputación en caso de no existencia de un Gobierno». El diputado de Vox ha recordado que «la Constitución ya tiene mecanismos para parar lo que ustedes describen como urgencias constitucionales». Sánchez del Real ha señalado que «deberían aplicar la Constitución para parar las actividades de sedición y los delitos, las leyes vigentes, no inventarse un nuevo microestado de excepción digital».

«En la propia exposición de motivos, además, se abre un riesgo importante, y es el tema de que mencionan ustedes la desinformación, ese ente abstracto en el que sistemáticamente se nos puede meter a cualquiera que tengamos una opinión discrepante o distinta al status quo progre«, ha denunciado el diputado de Vox, que también se ha referido a las palabras de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, que justificó este decreto para combatir la desinformación y la manipulación. Sánchez del Real ha preguntado: «¿Quién decide que es manipulación? Cuando ustedes se inventen verdades absolutas, que algunos intentan caerles bien incluso aceptándolas, ¿son ustedes los que dicen lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿Son ustedes los que dicen lo que es información o no información? Nos parece muy grave. Porque además, sin audiencia previa del presunto infractor, pueden ustedes hacer el cese de la actividad, es decir, ustedes tiran por la vía de en medio y luego si eso ya veremos. Es decir, ustedes, a uno de los suyos, a uno de sus futuros socios, admiradores de regímenes absolutamente dictatoriales, les dan el botón, el sueño húmedo de cualquier progre, de cualquier comunista, de cualquier socialista de la historia del mundo, que es tener el botón del hermano mayor, el botón del gran hermano«.

Artículo publicado inicialmente en el Blog Contando Estrelas