Según diversos medios de comunicación bolivianos, y tal como ha denunciado el propio Gobierno de este país, los cuatro GEO españoles enviados el pasado 20 de diciembre a La Paz como “oficiales de seguridad de la Embaja de España” tenían como verdadera misión evitar que Juan Ramón Quintana y Héctor Arce, ex-ministros de Evo Morales, pudieran proporcionar información sobre el dinero proviniente del narcotráfico y presuntamente recibido por Podemos de la mano del ex-presidente boliviano, hoy exiliado en Argentina tras pasar varios meses en México. Antiguos miembros del Ejército boliviano efectuaron esta denuncia. Con este fin, los cuatro policías miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO), siempre según fuentes bolivianas, tenían previsto sacar de la Embajada de México en Bolivia, donde se encuentran refugiados, a los ex-ministros citados,  para enviarles a un tercer país donde su pasado no tuviera implicaciones judiciales.

Bolivia ha acusado a la Embajada de España en La Paz de cometer "atropellos" a su soberanía, después de que personal diplomático -encabezado por la encargada de Negocios en el país- intentase entrar a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado. Los funcionarios iban acompañados de agentes de los GEO "encapuchados" y "presumiblemente armados", según informó el país. La canciller boliviana Karen Longaric señaló que el personal español "intentó ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática", y explicó que la Policía boliviana "frenó el ingreso de los vehículos".

El Gobierno español, por su parte, explicó que la encargada de Negocios, Cristina Borreguero, realizaba una visita de "cortesía" a la embajadora y negó que tuviese por "objeto facilitar la salida de personas", como denuncia el Gobierno boliviano.

Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha anunciado que pedirá a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, la expulsión de todos los miembros de la misión diplomática española tras el incidente. "Yo personalmente voy a pedir a la presidenta (Áñez) y a la canciller (Karen Longaric) que pida que estas personas se vayan del país. No es correcto que vengan a hacer lo que quieran", ha afirmado Murillo desde Santa Cruz, según informa la agencia Unitel. Murillo reprocha en particular la presencia de individuos encapuchados «"como si pudieran hacer lo que les da la gana".

Murillo ha aclarado que no está pidiendo que se vaya la Embajada de España "sino las personas que han maltratado y ofendido a los bolivianos". Quienes se presentaron en la Embajada mexicana «maltrataron la sensibilidad boliviana».

Dentro la Embajada mexicana se encuentran aproximadamente diez antiguos dirigentes del Movimiento Al Socialismo del expresidente Evo Morales en calidad de asilados políticos, cuatro de ellos con orden de aprehensión. Son el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; la exministra de Culturas Wilma Alanoca; el ex-gobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) Nicolás Laguna.

La utilización de los GEO con fines políticos por parte del Gobierno de extrema-izquierda en funciones de Pedro Sánchez ha encendido todas las luces de alarma entre los sindicatos policiales. La Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido "no utilizar a los policías nacionales en la lucha política poniendo en riesgo su integridad física". A juicio de esta agrupación policial, se está produciendo un señalamiento de los agentes "al poner en riesgo su identidad y su integridad física mediante la filtración de sus pasaportes". Para la CEP, el único objetivo de esta estrategia es "amedrentar a los policías y comprometer su seguridad", por lo que han exigido a los partidos políticos que no usen a los policías nacionales "como arma arrojadiza".