El Gobierno provisional de Bolivia ha ordenado la expulsión de los diplomáticos españoles involucrados en el incidente de la embajada de México y les ha otorgado un plazo de 72 horas para que abandonen el país. "Bolivia no es colonia de nadie", ha explicado Jeanine Áñez, presidenta provisional del país andino desde octubre, cuando sustituyó a Evo Morales tras conocerse el fraude electoral orquestado por éste.

Áñez ha acusado a los Gobiernos de México y de España de "encubrir y proteger a criminales que han cometido delitos de terrorismo y sedición", en referencia a los 10 dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se encuentran refugiados en la residencia de la embajadora mexicana.

"Ningún país del mundo podría tolerar lo que pasó" con los "encapuchados", ha añadido la canciller, Karen Longaric. Cuatro agentes españoles del Grupo Especial de Operaciones (GEO) protagonizaron hace dos días un grave incidente cuando acudieron encapacuchados a recoger a dos diplomáticos españoles que presuntamente habían acudido a realizar una "visita de cortesía" a la embajadora mexicana, según el comunicado oficial de Exteriores. La versión del Gobierno boliviano es que la representación española, acompañada de los GEO, trataban de sacar de la embajada de México en Bolivia a dos destacados ex-miembros del Gobierno de Evo Morales proporcionaran información sobre la presunta financiación de Podemos por parte del anterior Ejecutivo boliviano y con dinero procedente del narcotráfico.

Los diplomáticos españoles declarados non gratos por Áñez son Cristina Borreguero, encargada de Negocios, y el cónsul Álvaro Fernández. Ante la ausencia del embajador Emilio Pérez Agreda, oficialmente de vacaciones en España, Borreguero ejerce como número uno en la legación diplomática española en La Paz.