El Gobierno de extrema-izquierda que acaba de echar andar de la mano de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiene ya pactado, según indica en su programa, que trabajará y legislará para que las personas acusadas de formar parte de piquetes violentos durante las huelgas no puedan ser condenadas, como ocurre en la actualidad, a penas de prisión.

Así lo recoge el programa de gobierno firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado 30 de diciembre. En el punto 5.6 del documento, bajo el título de derechos y libertades civiles, al final se puede leer "... y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal". Este artículo en cuestión, dice lo siguiente: "Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

Los partidos políticos de la izquierda y la extrema-izquierda, incluido Ciudadanos, llevan años tratando de modificar este punto del Código Penal.