Los españoles se sienten cada vez más desprotegidos ante la posibilidad de que su vivienda sea 'okupada' durante sus vacaciones, hasta el punto de que ha pasado a ser una de sus principales preocupaciones. Concretamente, según los datos que el Instituto Sondea ha recabado para Securitas Direct, el 83% de la población de País Vasco cree que es necesario endurecer las penas contra los 'okupas'.

Este tipo de delito supone un grave problema para el que lo sufre, especialmente por la dificultad para exigir el abandono de la vivienda ocupada y por los tramites y procesos necesarios para ello. De hecho, el 82% de los encuestados considera que es necesario implementar una normativa que respalde el desalojo inmediato, para prevenir daños y otros problemas derivados de la ocupación.

Así, 6 de cada 10 vascos (57,4%) consideran que la principal acción que llevarían a cabo en caso de ocupación sería llamar a la Policía, mientras que un 35% seguiría los trámites legales. Cerca 1 de cada 4 (28,7%) intentaría echarlos por la fuerza, mientras que un 19% contrataría a una empresa para que los echara. Sólo un 17,2% consideraría la opción de negociar con los 'okupas' como válida.

En lo relativo a la prevención, para los habitantes de País Vasco, el método más efectivo para evitar la ocupación de una vivienda es la alarma conectada a una central receptora o la vigilancia privada (27,6%) y puertas blindadas (23,4%). Con gran diferencia y en cuarto puesto se encuentran las cerraduras electrónicas de puertas (7,45), un perro que vigile la casa (5,32%) y las rejas y cámaras de vigilancia (4,26%).

¿Está justificada la ocupación?

Pese a la percepción perjudicial de la ocupación por parte de los vascos y que más de 5 de cada 10 (53%) opinan que la ocupación de viviendas no está justificada nunca en ningún caso, hay un porcentaje que sí podría aceptarla. Un 47% piensa que la ocupación de una vivienda puede estar justificada en alguna circunstancia, especialmente si las casas son de bancos (28,7%) o si las casas están vacías o desocupadas (21,28%). 

También defienden que está justificado para el 3,83% si hay niños pequeños y no se tiene recursos, para un 12,7% si las casas son de promoción o no se han terminado y para un 11,7% si las casas son de las administraciones o las personas no tienen otra alternativa.

Sobre el estudio

El estudio ha sido realizado sobre una muestra de más de 2.000 individuos residentes en España de entre 30 y 65 años de edad, seleccionados de forma intencional y proporcional a las cuotas cruzadas del padrón municipal de habitantes del INE 2018, en función del sexo, grupo de edad y Comunidad Autónoma