Desde el principio de los tiempos la propiedad del hijo era del padre, por algo el sistema que oprime, explota y mata a las mujeres, y los hijos obedecen al patriarca, se llama Patriarcado. Durante siglos, y estipulado por ley, la patria potestad –y todos los prefijos empiezan con la p de padre, patria, potestad, propiedad- era del padre. Lograr que esa autoridad se comparta con la madre –por lo menos en teoría- ha costado doscientos años de luchas feministas. Pero antes, y a raíz de la Revolución Francesa, se logró aprobar la obligatoriedad de la enseñanza pública universal y entonces se resquebrajó la exclusiva de la educación parental. En ese sistema, por más incompleto, desordenado y parasitado por la Iglesia católica que sea, nos hemos desenvuelto desde hace dos siglos.

Lo inaceptable es que la derecha en España pretenda no haberse enterado. Con el nombre indescifrable de pin parental el gobierno de Murcia introduce en la enseñanza la condición de que los padres de los alumnos puedan escoger las actividades extraescolares, pero que puntúan, a las cuales quieren que asistan sus hijos. La intención es clara y formulada sin ambages: la derecha no quiere que sus hijos conozcan la historia del feminismo y de los movimientos sociales y las causas que los determinan, que se les expliquen los métodos anticonceptivos ni se les cuente por qué las mujeres pueden escoger la interrupción voluntaria del embarazo legalmente en España y en la mayoría de los países democráticos, cumpliendo además recomendaciones de la ONU y de la OMS.

La consigna del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias se ha difundido por la derecha incansablemente, engañando a la opinión pública que se ha convencido de que este es un derecho indiscutible. Lo que no se difunde es que al revés de lo que se afirma, no es un derecho constitucional ni está amparado por las normas internacionales. Después de doscientos años de luchas populares, la educación, o con más precisión sería llamarla instrucción, como así se denominaba el Ministerio del mismo nombre de la II República, es competencia del Estado.

Es decir, los programas de todos los grados de la enseñanza están aprobados por el Ministerio de Educación cada curso, y de tal modo se publican en el BOE. Ni la escuela pública ni la concertada pueden alterar los contenidos, de hacerlo no se le concederá al instituto el permiso para enseñar ni el alumno obtendrá el grado. Esta condición que se ha impuesto en nuestro país desde el siglo XIX ininterrumpidamente, a pesar de los vaivenes que han sufrido los planes educativos a través de más de un siglo, ha sido inamovible, incluso bajo la dictadura, puesto que el poder político siempre desea dominar la educación.

La derecha intentará impedir que el Estado dirija la educación de sus hijos cuando el gobierno no sea de su ideología, mientras que cuando ella tiene el poder impone férreamente sus directrices.  Por ello, la defensa de unos planes educativos progresistas, que finalmente se liberen de la ideología nacional católica que ha parasitado siempre nuestra escuela, es una reivindicación de la izquierda que todavía no se ha hecho realidad.

Teniendo en cuenta que el 30% de las plazas escolares se halla en manos de la Iglesia en esa ficción de escuela concertada, que aún cuando debe someterse a los planes educativos del Estado, ahora en sus modalidades autonómicas, sigue infectando las mentes de nuestros niños con los discursos apocalípticos vaticanos, un tercio de los escolares están socializados con las enseñanzas del catecismo del padre Jerónimo Martínez de Ripalda. Y bien contentos que están los políticos del PP y VOX con ello. Pero cuando en la escuela pública, que debe ser independiente de la Conferencia Arzobispal, se programan actos y conferencias que no entran en el corsé de la ideología católica, esos personajes que querrían ver a las mujeres encerradas en el ámbito doméstico como en todos los siglos anteriores, obligadas a reproducirse sin tasa y recibiendo los malos tratos del marido sin quejarse, salen iracundos a reclamar el derecho a educar a sus hijos como los padres quieran. Rugirán si se pretende eliminar la Religión como asignatura en la escuela, porque ellos y solo ellos tienen el derecho de adoctrinar a nuestros niños.

Lo que sucede en la actualidad es que en España hemos decidido que los menores no son propiedad de nadie, ni siquiera de sus padres. Son nuestros, es decir, de la sociedad entera, de esta sociedad que intenta ser democrática y que por ello convoca elecciones cada determinado periodo de tiempo  para que la ciudadanía se pronuncie  sobre quién quiere que la gobierne y cómo. Y entre las cuestiones sociales que se determinan está la educación.   

Pero, sin embargo, la situación actual de la enseñanza pública no se ha analizado en todas sus vertientes ni consecuencias. En la escuela se han introducido muy eficazmente las defensoras de la teoría ‘queer’, después de haber copado muchas de las cátedras universitarias, al influjo del posmodernismo que nos está dominando. Y ahí, en el mejor caldo de cultivo para sembrar las semillas de las ideas posmodernas y de la teoría ‘queer’, que es la infancia, están haciendo su campaña difundiendo la ideología ‘trans’ que consiste en afirmar que el sexo biológico no existe, que el género que cada persona se autodetermina es la verdadera identidad, y que los niños, de cualquier edad, han tener autonomía y derecho a cambiar de sexo, según sus deseos. Como no hay hombres ni mujeres, ni madres ni padres, los seres –no sé si humanos- se llamarán progenitores gestantes y no gestantes. Imagino que los chicos y chicas en los colegios y en los Institutos se divertirán de lo lindo escuchando este relato distópico y jugando a ser varones un tiempo y muchachas otro. Hasta que alguno decida hacer uso de su derecho de autodeterminación de género y además de disfrazarse de niña o de niño pedir que le bloqueen la hormonación y pueda luego seguir los mutilantes procedimientos quirúrgicos de extirpación de senos y castración genital.

Y yo me pregunto cómo puede defender semejantes atrocidades la izquierda de este país.

Esta vertiente de la polémica que ha suscitado el pin parental no está siendo analizada, ni aún comentada por la izquierda. Siguiendo un esquema sectario, todo lo que haga la derecha se rechaza y se enfrenta, manera de actuar que por supuesto es la misma que sigue ésta última. Pero ya conocemos el fanatismo de la derecha, lo que no es admisible es que la izquierda la imite. Solo se consiguieron que avanzaran los conocimientos científicos  cuando se eliminaron las prohibiciones y dogmas que las diferentes iglesias y escuelas doctrinales imponían. El libre pensamiento que tanto defendieron nuestros institucionistas abría todas las posibilidades a la investigación y al avance del conocimiento del pensamiento filosófico y social.

Como decía, en  1903, Gumersindo. Azcárate al inaugurar la Universidad Popular de Valencia: “Como consecuencia indeclinable de la libertad y de la tolerancia, una Universidad no debe ser liberal ni conservadora, individualista ni socialista, católica ni librepensadora, sino templo abierto a cuantos tributen culto a la verdad”

Si la izquierda se comporta con los criterios de la Inquisición, aunque sus dogmas sean contrarios, únicamente reducirá la posibilidad de comprender el cuerpo social y precisamente los objetivos de esa derecha, de la que lo repudia todo pero no aprende nada.

Es imprescindible que se investigue cuáles son los temas y los criterios que se difunden en esas actividades extraescolares, sin prejuicios. Hemos de controlar seriamente la ideología que se imparte a nuestros niños y adolescentes, porque se está induciendo a ese sector de edad a desear cambiar de sexo como un capricho o una moda, y permitiremos que un número importante  de ellos esté siendo desviado hacia la enfermedad mental y las mutilaciones genitales y corporales, y se encuentren en la edad adulta frustrados y hasta desesperados ante las consecuencias de las decisiones irreversibles que se tomaron cuando no tenían ni capacidad ni información suficiente para ello.