Policías, jueces, fiscales y colectivos que fueron objetivos de la banda terrorista ETA pueden acogerse a la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 12/2016 de “Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999". Así lo explica Macarena Olona, secretaria general y portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, quien ha revelado a través de un vídeo que ha hecho público en las redes sociales que "estas personas tendrán derecho a ser indemnizadas por la clara persecución política de la que fueron objeto en ese periodo de tiempo".

Olona reconoce que esta norma ha sido pergeñada por los nacionalistas e independentistas vascos con la finalidad de declarar como "torturadores" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que "trata de imponer un relato forzado en el que 'esos torturadores' habrían heccho que la acción terrorista y sangrienta de la banda terrorista ETA estuviera justificada". Pero, en opinión de Olona, como los redactores de la ley no podían decir claramente que pretendían criminalizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "redactaron esta en términos tan amplios que permite un efecto totalmente contrario al que persiguen". De este modo, los miembros de colectivos que fueron realmente atacados por ETA, y a quienes la banda terrorista quiso exterminar, pueden solicitar una indemnización que, según los casos, puede ascender a casi 400.000 euros. El plazo para realizar esta solictud finalizará durante el próximo mes de abril.

Desde APROGC, la Asociación Pro Guardia Civil, se afirma también que "hemos analizado en detalle la citada ley, y ya desde el mismo título hemos llegado a la conclusión de que si a alguien va dirigida la misma es a los guardias civiles y a sus familiares directos, todos aquellos que vivieron en el País Vasco, dentro en un cuartel o no, entre las fechas citadas. Hemos sido las víctimas más numerosas de esa banda terrorista, simples asesinos, secuestradores, torturadores y extorsionadores, que decían tener una motivación política. Nunca el Gobierno Vasco, ni tampoco la sociedad vasca, nos han reconocido esa condición de víctimas durante cinco largas décadas, ni mucho menos han reparado todos los daños que allí sufrimos".

Para APROG, con esta ley, aunque tarde, "se hace justicia con miles de guardias civiles y sus familiares. Quizás otros muchos sean también beneficiarios pero nadie, ni en número ni en gravedad, tanto como nosotros. Aconsejamos que todos aquellos, guardias civiles y familiares, que en ese periodo residían en el País Vasco y sintieron de alguna manera que tenían que esconderse, que no podían salir a pasear, que tenían que mirar debajo del coche, que tenían miedo cuando su marido salía de patrulla, que lloraban desconsoladamente por algún compañero caído en atentado, que sufrieron alguno en sus propias carnes, etc… comiencen los trámites ante el Gobierno Vasco para que se le reconozca como víctima por haber visto vulnerados sus derechos humanos por parte de los terroristas de ETA".

APROG recuerda que los interesados podrán solicitar, consultar y realizar los trámites por medios presenciales o electrónicos. El procedimiento, según indica esta asociación, se inicia por solicitud del interesado, mediante modelo normalizado, que se puede encontrar en: www.euskadi.eus/declaracion-victima-vulneracion-ddhh-procedimiento-ordinario-ley-12/2016/web01-tramite/es/