El Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez agita las prisiones
El ministro del Interior, Grande-Marlaska, paga más a sus funcionarios para que saquen a los presos de la cárcel
El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha puesto a Instituciones Penitenciarias bajo su supervisión directa con el objetivo de desligar esta Dirección General únicamente del plano de la seguridad del Estado, ya que desde el Ministerio se entiende que hay que atender tanto la privación de libertad como la reinserción de los presos.
Las mismas fuentes, citadas por Europa Press, aseguran que "no tiene ninguna relación con la política penitenciaria en lo referente al acercamiento de los presos de ETA”, aunque es un secreto a voces que el apoyo del PNV y de Bildu al Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez incluye que todos los terroristas de ETA encarcelados se encuentren en cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad antes de que finalice 2020. De hecho, varias decenas de ellos comenzarán a llegar a diferentes prisiones cercanas en las semanas venideras.
Por si hubiera alguna duda, además, de la voluntad excarcelatoria de Marlaska, éste, a través de una carta de seis páginas firmadas por el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, ha prometido más dinero a los directores de las prisiones españolas que más excarcelen. Se trata de una sorprendene orden de servicio remitida por el Ministerio del Interior en los últimos días a los responsables de todos los centros del país que vincula directamente los pluses de los directores de los establecimientos penitenciarios con el porcentaje de los reclusos bajo su cargo que sean progresados a tercer grado, o sea a régimen de semilibertad.
La instrucción ha dejado mudos a los técnicos de prisiones porque las decisiones de progresar a los internos al ansiado régimen abierto (que solo les obliga dormir en prisión de lunes a viernes) depende exclusivamente de los expertos de las juntas de tratamiento, que solo pueden basarse en "criterios técnicos y profesionales" a la hora de dejar salir a un interno.
Una información recogida por “El Heraldo de Aragón” explica que no se puede vincular la productividad de los directores al porcentaje de progresiones de grado, coinciden los expertos, porque el número de concesiones de regímenes abiertos no es algo que pueda mejorar el trabajo del director, sino que depende del comportamiento en prisión de los internos y de la "valoración técnica" que del mismo hagan los profesionales basándose, según recoge la ley, en un estudio de las "circunstancias personales" del preso (sociales, familiares, laborales, penales, antecedentes, tiempo de condena.) y de las "variables específicas" sobre su posible vida en semilibertad (arrepentimiento, riesgo de reincidencia, trabajo...). Todo ello, al margen de que es obligatorio que el recluso haya saldado la responsabilidad civil que se le impuso en la sentencia o que haya cumplido la mitad de su pena si ha sido condenado a más de cinco año de cárcel si así se establece en sentencia.
"Incentivar las excarcelaciones con dinero es una barbaridad. Es, en cierta forma, invitar a los directores a forzar la máquina y presionar a los funcionarios para que concedan más terceros grados para mejorar su nómina", zanjan algunos de los directores concernidos por esta orden de servicio denominada "Programa de productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios".
A pesar de las críticas de los especialistas, el documento no deja a lugar a dudas sobre el valor económico de las excarcelaciones: más de un 60% de aumento de terceros grados da dos puntos para el "índice de calidad del servicio" del que dependerá el premio al director; entre el 40% y el 60% concede punto y medio; entre el 20 %y el 40% da un punto; y menos del 20% no da puntos.
La máxima puntuación posible que un director puede obtener es de 18. También se conceden puntos por otros criterios, como la puesta en marcha de programas de tratamiento, de formas alternativas de cumplimiento, la ausencia de suicidios o la ejecución presupuestaria. De esos factores, incluidos los hasta dos puntos por los terceros grados, dependerá que los directores puedan tener un bonus de hasta 2.162 euros anuales.
El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha puesto a Instituciones Penitenciarias bajo su supervisión directa con el objetivo de desligar esta Dirección General únicamente del plano de la seguridad del Estado, ya que desde el Ministerio se entiende que hay que atender tanto la privación de libertad como la reinserción de los presos.
Las mismas fuentes, citadas por Europa Press, aseguran que "no tiene ninguna relación con la política penitenciaria en lo referente al acercamiento de los presos de ETA”, aunque es un secreto a voces que el apoyo del PNV y de Bildu al Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez incluye que todos los terroristas de ETA encarcelados se encuentren en cárceles del País Vasco o próximas a esta comunidad antes de que finalice 2020. De hecho, varias decenas de ellos comenzarán a llegar a diferentes prisiones cercanas en las semanas venideras.
Por si hubiera alguna duda, además, de la voluntad excarcelatoria de Marlaska, éste, a través de una carta de seis páginas firmadas por el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias, Eugenio Arribas, ha prometido más dinero a los directores de las prisiones españolas que más excarcelen. Se trata de una sorprendene orden de servicio remitida por el Ministerio del Interior en los últimos días a los responsables de todos los centros del país que vincula directamente los pluses de los directores de los establecimientos penitenciarios con el porcentaje de los reclusos bajo su cargo que sean progresados a tercer grado, o sea a régimen de semilibertad.
La instrucción ha dejado mudos a los técnicos de prisiones porque las decisiones de progresar a los internos al ansiado régimen abierto (que solo les obliga dormir en prisión de lunes a viernes) depende exclusivamente de los expertos de las juntas de tratamiento, que solo pueden basarse en "criterios técnicos y profesionales" a la hora de dejar salir a un interno.
Una información recogida por “El Heraldo de Aragón” explica que no se puede vincular la productividad de los directores al porcentaje de progresiones de grado, coinciden los expertos, porque el número de concesiones de regímenes abiertos no es algo que pueda mejorar el trabajo del director, sino que depende del comportamiento en prisión de los internos y de la "valoración técnica" que del mismo hagan los profesionales basándose, según recoge la ley, en un estudio de las "circunstancias personales" del preso (sociales, familiares, laborales, penales, antecedentes, tiempo de condena.) y de las "variables específicas" sobre su posible vida en semilibertad (arrepentimiento, riesgo de reincidencia, trabajo...). Todo ello, al margen de que es obligatorio que el recluso haya saldado la responsabilidad civil que se le impuso en la sentencia o que haya cumplido la mitad de su pena si ha sido condenado a más de cinco año de cárcel si así se establece en sentencia.
"Incentivar las excarcelaciones con dinero es una barbaridad. Es, en cierta forma, invitar a los directores a forzar la máquina y presionar a los funcionarios para que concedan más terceros grados para mejorar su nómina", zanjan algunos de los directores concernidos por esta orden de servicio denominada "Programa de productividad vinculado al rendimiento y a la calidad del servicio para el personal directivo de los centros penitenciarios".
A pesar de las críticas de los especialistas, el documento no deja a lugar a dudas sobre el valor económico de las excarcelaciones: más de un 60% de aumento de terceros grados da dos puntos para el "índice de calidad del servicio" del que dependerá el premio al director; entre el 40% y el 60% concede punto y medio; entre el 20 %y el 40% da un punto; y menos del 20% no da puntos.
La máxima puntuación posible que un director puede obtener es de 18. También se conceden puntos por otros criterios, como la puesta en marcha de programas de tratamiento, de formas alternativas de cumplimiento, la ausencia de suicidios o la ejecución presupuestaria. De esos factores, incluidos los hasta dos puntos por los terceros grados, dependerá que los directores puedan tener un bonus de hasta 2.162 euros anuales.
