Ciudadanos pregunta a la Comisión Europea sobre el incumplimiento medioambiental en el vertedero de Zaldívar
La eurodiputada de Ciudadabos (Cs) Soraya Rodríguez ha interpelado a la Comisión Europea sobre el vertedero de Zaldívar y ha pedido “medidas para que se cumplan de manera efectiva y rigurosa las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada. La falta de transparencia y mala gestión del Gobierno vasco ha generado una gran preocupación en la población”.
La eurodiputada ha recordado que “la última inspección ambiental del Gobierno vasco en junio de 2019 reveló que Verter Recycling estaba incurriendo en diversas irregularidades”, refiriéndose a varios incumplimientos severos de las condiciones de su autorización ambiental integrada. Además, según Ciudadanos, en noviembre del mismo año, el ejecutivo autonómico emitió un informe que “daba la calificación más baja de cumplimiento de la normativa medioambiental, dando un plazo de 30 días para subsanar deficiencias”. Una vez transcurrido el plazo y ante la inacción de la empresa, "el Ejecutivo Vasco no suspendió la actividad ni inició un expediente sancionador a la empresa, permitiendo que la misma continuara su funcionamiento".
Esta empresa (Verter Recycling) estaba autorizada para almacenar restos de amianto desde 2013. Aunque el amianto se entrega sellado, la avalancha en el vertedero fracturó los contenedores liberando esta sustancia tóxica, junto a otros tóxicos como furanos y dioxinas. Además, según informaciones periodísticas, se ha conocido una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que advertía que el vertedero recibía vertidos de 'residuos peligrosos especiales PCB', unas sustancias prohibidas desde 1986 por su alto poder cancerígeno y sus nocivos efectos sobre el medio ambiente.
La exposición de estos tóxicos ha disparado la alerta sanitaria en las zonas próximas al vertedero de Zaldívar que, según las últimas mediciones de contaminación en el aire, la presencia de tóxicos superaba entre 40 y 50 veces las mediaciones habituales.
“Lamentamos que en un principio el Gobierno vasco relativizó el impacto que podían tener estas toxinas en la población y que no alertase de la pésima calidad del aire, argumentando que los parámetros medidos eran normales”. Por ello, Ciudadanos pide a la Comisión Europea esclarecer la responsabilidad de la administración pública y la empresa gestora del vertedero de Zaldívar en el cumplimiento de la normativa medioambiental, así como en la prevención y control de la contaminación.
La eurodiputada de Ciudadabos (Cs) Soraya Rodríguez ha interpelado a la Comisión Europea sobre el vertedero de Zaldívar y ha pedido “medidas para que se cumplan de manera efectiva y rigurosa las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada. La falta de transparencia y mala gestión del Gobierno vasco ha generado una gran preocupación en la población”.
La eurodiputada ha recordado que “la última inspección ambiental del Gobierno vasco en junio de 2019 reveló que Verter Recycling estaba incurriendo en diversas irregularidades”, refiriéndose a varios incumplimientos severos de las condiciones de su autorización ambiental integrada. Además, según Ciudadanos, en noviembre del mismo año, el ejecutivo autonómico emitió un informe que “daba la calificación más baja de cumplimiento de la normativa medioambiental, dando un plazo de 30 días para subsanar deficiencias”. Una vez transcurrido el plazo y ante la inacción de la empresa, "el Ejecutivo Vasco no suspendió la actividad ni inició un expediente sancionador a la empresa, permitiendo que la misma continuara su funcionamiento".
Esta empresa (Verter Recycling) estaba autorizada para almacenar restos de amianto desde 2013. Aunque el amianto se entrega sellado, la avalancha en el vertedero fracturó los contenedores liberando esta sustancia tóxica, junto a otros tóxicos como furanos y dioxinas. Además, según informaciones periodísticas, se ha conocido una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que advertía que el vertedero recibía vertidos de 'residuos peligrosos especiales PCB', unas sustancias prohibidas desde 1986 por su alto poder cancerígeno y sus nocivos efectos sobre el medio ambiente.
La exposición de estos tóxicos ha disparado la alerta sanitaria en las zonas próximas al vertedero de Zaldívar que, según las últimas mediciones de contaminación en el aire, la presencia de tóxicos superaba entre 40 y 50 veces las mediaciones habituales.
“Lamentamos que en un principio el Gobierno vasco relativizó el impacto que podían tener estas toxinas en la población y que no alertase de la pésima calidad del aire, argumentando que los parámetros medidos eran normales”. Por ello, Ciudadanos pide a la Comisión Europea esclarecer la responsabilidad de la administración pública y la empresa gestora del vertedero de Zaldívar en el cumplimiento de la normativa medioambiental, así como en la prevención y control de la contaminación.
