El Gobierno de extrema-izquierda de Pedro Sánchez carga contra la propiedad privada e interviene el mercado de alquiler de viviendas
El ministro socialista de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que “antes del verano” llevará a la Cámara Baja una iniciativa “para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”. Al parcer, lo que pretende el Gobierno de extrema-izquierda de Pedro Sánchez es habilitar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan poner topes en los precios del mercado del alquiler residencial en aquellas zonas que ellos mismos confirmen como “tensionadas” en sus rentas. Al parecer, el ministerio de Ábalos estaría ya trabajando en cómo cómo llevar esta normativa al Congreso, mediante un decreto ley, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o a través de la nueva Ley de Vivienda.
La voluntad de atacar la propiedad privada limitando el precio de los alquiles es uno de los puntos incluidos en el Acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Podemos, y apoyado por el resto de las fuerzas radicales, comunistas, filoterroristas e independentistas del país.
“El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal, por el que decenas de miles de jóvenes no pueden independizarse ni formar una familia”, ha aleccionado Ábalos en el Congreso. “Un problema social extraordinario requiere administraciones audaces que tomen medidas igualmente excepcionales”.
El ministro socialista de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que “antes del verano” llevará a la Cámara Baja una iniciativa “para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas”. Al parcer, lo que pretende el Gobierno de extrema-izquierda de Pedro Sánchez es habilitar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan poner topes en los precios del mercado del alquiler residencial en aquellas zonas que ellos mismos confirmen como “tensionadas” en sus rentas. Al parecer, el ministerio de Ábalos estaría ya trabajando en cómo cómo llevar esta normativa al Congreso, mediante un decreto ley, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o a través de la nueva Ley de Vivienda.
La voluntad de atacar la propiedad privada limitando el precio de los alquiles es uno de los puntos incluidos en el Acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Podemos, y apoyado por el resto de las fuerzas radicales, comunistas, filoterroristas e independentistas del país.
“El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal, por el que decenas de miles de jóvenes no pueden independizarse ni formar una familia”, ha aleccionado Ábalos en el Congreso. “Un problema social extraordinario requiere administraciones audaces que tomen medidas igualmente excepcionales”.