Sin mascarillas, sin guantes, sin batas...
Sindicatos médicos denuncian su situación ante el Tribunal Supremo para exigir medidas de protección al Ministerio de Sanidad
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha informado de la denuncia que ha presentado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo solicitando medidas cautelarísimas “inaudita parte” contra el Ministerio de Sanidad "dada la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo por la pandemia del COVID19".
En su texto, la CESM explica cómo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras: ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad. Respecto al material que debe suministrarse, destacan batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.
"Ante el deber del Ministerio de facilitar estos equipos para los profesionales sanitarios y acreditada la concurrencia de razones de urgencia, la representación legal de CESM solicita que sin más trámites y en el plazo de cinco días se dicte AUTO por el que con estimación total de la denuncia se acuerden las medidas cautelarísimas de requerir a la Administración demandada que se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los centros asistenciales públicos o privados del material anteriormente descrito".
Tal y como recuerda la CESM, "esta medida se ha tomado después de que todos los sindicatos autonómicos estén denunciando falta de material para sus profesionales, que se enfrentan a su labor diaria sin los equipos adecuados para ello pese a que las administraciones anuncian que están trabajando para solventarlo. La urgencia hace necesario que en estos momentos se busquen todos los medios posibles para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia".
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha informado de la denuncia que ha presentado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo solicitando medidas cautelarísimas “inaudita parte” contra el Ministerio de Sanidad "dada la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo por la pandemia del COVID19".
En su texto, la CESM explica cómo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad son claras: ha de proveerse a los profesionales sanitarios de todo un conjunto de medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad y no verse así contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad. Respecto al material que debe suministrarse, destacan batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.
"Ante el deber del Ministerio de facilitar estos equipos para los profesionales sanitarios y acreditada la concurrencia de razones de urgencia, la representación legal de CESM solicita que sin más trámites y en el plazo de cinco días se dicte AUTO por el que con estimación total de la denuncia se acuerden las medidas cautelarísimas de requerir a la Administración demandada que se provea con carácter urgente e inmediato, en el término de 24 horas, en todos los centros asistenciales públicos o privados del material anteriormente descrito".
Tal y como recuerda la CESM, "esta medida se ha tomado después de que todos los sindicatos autonómicos estén denunciando falta de material para sus profesionales, que se enfrentan a su labor diaria sin los equipos adecuados para ello pese a que las administraciones anuncian que están trabajando para solventarlo. La urgencia hace necesario que en estos momentos se busquen todos los medios posibles para que los trabajadores sanitarios no se conviertan en un vector más de riesgo, de ahí que exijamos al juez que obligue al Ministerio a actuar en consecuencia".
