Durante los años 1999, 2000 y 2001, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) mantuvo cerca de una veintena de encuentros con Esteban Beltrán, como representante de Amnistía Internacional (AI) en España, con el fin de que esta organización denunciara de una forma clara y tajante, tanto a nivel nacional como internacional, no solo la actividad asesina de ETA, que en esos años acabó con la vida de 38 personas, sino también el clima de terror que la “socialización del dolor”, impulsada entonces -en comandita con ETA- por quienes hoy son líderes de EH Bildu, estaba instaurando entre los vascos demócratas y no nacionalistas.

Entre esos miles de ciudadanos amenazados por el señalamiento de los pistoleros y por la presión del nacionalismo connivente con los criminales, se encontraban decenas de periodistas. Amnistía Internacional no fue capaz de decir una palabra más alta que otra para denunciar los crímenes terroristas; todo quedaba siempre en comunicados deslavazados de condena en los que, además de reprobar genéricamente los atentados de ETA contra “civiles”, también se acusaba al Gobierno español en particular, y a las instituciones democráticas en general, de “torturar” y de no garantizar “los derechos” de las terroristas detenidos.

AI, según explicaban Esteban Beltrán o Andrés Krakenberger, por aquel entonces delegado de Amnistía Internacional en el País Vasco,  en largas reuniones que nunca servían para nada, tenía las manos atadas para actuar contra las organizaciones terroristas. Ellos trabajaban mejor contra los “abusos” de los Estados. Por muy democráticos que éstos fueran.

Las víctimas del terrorismo de COVITE también solicitaron a Amnistía Internacional que dejara de alimentar y legitimar a los medios de comunicación voceros de ETA con anuncios publicitarios de la organización que estos periódicos y revistas utilizaban para legitimar sus mensajes sangrientos. Amnistía Internacional, por supuesto, respondió como suele hacerlo: poniéndose del lado de los verdugos, colocándose en el lado socio-político más cómodo y correcto, regodeándose en la presunta pureza de sus postulados y apelando a una pretendida y nunca del todo aclarada neutralidad de sus acciones que, por arte divino, les situaba permanentemente por encima del bien y del mal.     

Hay varias palabras que definen a la perfección el papelón desarrollado por Amnistía Internacional, durante varias décadas, ante el terrorismo de ETA: silencio, cobardía, comodidad, humillación a las víctimas, inoperancia, cinismo y, sobre todo, manipulación.

Hoy veo, y no puedo evitar sonrojarme de vergüenza ajena, que un patético grupo de militantes de AI, liderado por un tal Jesús Alvárez, portando una extraña pancarta en la que podía leerse el mensaje "Ez naiz isilduko! ¡No pienso callarme!", se ha concentrado para denunciar que, en España, los derechos de libertad de expresión y de manifestación se encuentran “seriamente amenazados".

En 2013, en España se celebraron más de 40.000 manifestaciones y concentraciones. En los tres primeros meses de 2014, el número de manifestaciones y concentraciones celebradas en el país ya se acercaba a 10.000. Esta es la gran amenaza que, según AI, pesa en España contra “la libertad de expresión”.

Por cierto, de Amnistía Internacional, que tanto clama contra la pretendida impunidad de algunos gobernantes en diferentes lugares del mundo, no hemos escuchado todavía ni una sola mención al hecho de que casi 400 asesinatos cometidos por ETA sigan aún sin resolver. Sin culpables detenidos y juzgados, y sin víctimas resarcidas por la Justicia. ¿Por qué será que a AI no le interesa clamar frente a este tipo de impunidad?