El Gobierno de extrema-izquierda de PSOE-Podemos ha dictado una orden que pone a disposición de las comunidades autónomas cualquier centro de diagnóstico clínico, privado o público, que no esté prestando servicios al Sistema Nacional de Salud. Además, el Ejecutivo sociocomunista se asegura la posibilidad de adoptar medidas para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19.

Del mismo modo, se limita la realización de las pruebas diagnósticas para la detección del coronavirus  "a aquellos casos en los que exista una prescripción previa por un facultativo y se ajusten a criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente".

También se establece la obligación de que las comunidades autónomas trasladen toda la información obtenida a Sanidad y la facultad del Ministerio para adoptar las medidas oportunas en base "a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión".