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Miércoles, 15 de Abril de 2020 Tiempo de lectura:
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La futura "Ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco" quiere castigar y censurar cualquier análisis crítico con una Segunda República divinizada hasta el esperpento

[Img #17500]El anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco elaborado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, dirigido por Aintzane Ecenarro, recrea un escenario histórico tan irreconocible como esperpéntico en el que, al parecer, los ocho años que duró la Segunda República Española (1931-1939) fueron un idílico paraíso de paz, riqueza, democracia (liberal, por supuesto), libertad y tolerancia para los todos los españoles y, entre éstos, para todos los vascos. Tanto es así que el propio anteproyecto de Ley recoge de forma destacada en sus fundamentos iniciales que se trató de “una República que había hecho posible el primer Estatuto de Autonomía de Euskadi aprobado en las Cortes de 1 de octubre de 1936, y en consecuencia la formación del primer Gobierno Vasco en Gernika el 7 de octubre de 1936”.

 

Bajo este prisma, la totalidad del anteproyecto normativo se asienta sobre un análisis histórico falsario y una filosofía no menos errada que convierte la realidad de la Segunda República Española en sinónimo de democracia y que, por supuesto, entiende que el levantamiento del general Franco fue “un golpe militar que, más allá de la guerra civil y del estado ilegal que supuso, fue precedente de una larga dictadura que permaneció férrea hasta la aprobación de la Constitución de 1978". "Ambos episodios, Guerra Civil y Dictadura, afectaron traumáticamente a la sociedad vasca, las víctimas de la guerra y del franquismo, resultado -desde una perspectiva democrática- de violaciones de derecho internacional humanitario y de vulneraciones de derechos humanos”.

 

La concepción de la historia reciente de España y del País Vasco como un escenario radical de “negro o blanco”, “buenos y malos” o “demócratas y franquistas” queda plasmada en la norma cuando señala que “la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi no mira al pasado para quedar atrapados irremisiblemente por el sufrimiento y el dolor injusto que la Guerra civil y la represión posterior causaron en el País Vasco. El objeto de la Ley parte, retrospectivamente, de la Memoria Histórica pero su mirada –y objetivo primordial- es, prospectivamente, la Democracia. Pretende dotar de coherencia, profundidad e impulso institucional a las políticas públicas que puedan contribuir a la verdad, justicia y reparación, incluidas las medidas de no repetición, respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron desde el año 1936 y hasta el año 1978. Cuando las sociedades se ven atravesadas por fenómenos macro criminales, por crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, los esquemas tradicionales de la Administración de Justicia resultan impotentes y bloqueados máxime, como en el caso de la Guerra civil española, cuando a la conflagración bélica siguió un larguísimo periodo de dictadura que prolongó la represión hasta la institucionalización de la Democracia”.

 

Bajo este planteamiento, el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco programa un largo elenco de intervenciones “restitutivas de la Justicia” que, en esencia, solamente tratan de llevar a la práctica a través de iniciativas concretas (jurídicas, educativas, culturales, divulgadoras, de reconocimiento y de reinvención y reescritura de los espacios públicos), y con “perspectiva de género”, el principio dicotómico anteriormente señalado: “Republicanos, buenos; franquistas, malos”.

 

Y como no podía ser menos, para acallar los posibles discursos discrepantes, las voces discordantes o los análisis históricos críticos, el anteproyecto de Ley establece un completo régimen censor y sancionador que, incluye, entre otros muchos aspectos, fuertes multas por cuestiones como las siguientes: “utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la Dictadura franquista en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, así como cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio”; “las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios y funcionarias de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la Dictadura”; “la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial” o “promover distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial”.

 

Según los redactores del anteproyecto de Ley, todo esto se pone en marcha porque “la promoción de una sociedad justa, pacífica y en convivencia democracia requiere, por tanto, de una tensión vigilante que se prolongue en el tiempo y que permita la progresiva sanación de las profundas heridas sociales como ejercicio imprescindible de justicia. Y es que la democracia no puede asentarse con todas sus garantías y de forma plena y duradera si no es capaz de generar las condiciones en las que el legítimo debate público pueda desarrollarse con la máxima pluralidad ideológica pero en un marco en el que las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos del pasado sean conocidas en sus causas y efectos para que puedan servir como antídoto para una sociedad civil que encuentra en el Estado de Derecho y los derechos humanos un punto de partida nuclear e indispensable a partir del cual organizar democráticamente sus disensos. En este sentido, se hace necesaria, además, una recuperación de la memoria histórica con perspectiva de género que presente una visión completa y contextualizada, capaz de analizar y reparar toda la violencia sufrida por las mujeres con objeto de construir una cultura de los derechos humanos inclusivos”.

 

Acceso al Anteproyecto de Ley Histórica y Democrática del País Vasco

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