“Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Estas palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de extrema-izquierda de PSOE-Podemos tras conocer la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid por la que se condena a la diputada regional de Podemos Isabel Serra a 19 meses de prisión y a una multa de más de 2.000 euros por delitos de atentado, lesiones y daños, han levantado una fuerte indignación en el Consejo General del Poder Judicial. 

Tanto es así que la Comisión Permamente del CGPJ ha emitido un comunicado en el que expresa "su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia".

Para el CGPJ, las afirmaciones de Iglesias, "merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles solo en los últimos años (Nóos, Gürtel, ERE, tarjetas ‘black’, etcétera)". También resulta público y notorio de la simple lectura la sentencia a la que hace referencia el vicepresidente segundo del Gobierno, explica el CGPJ, "que esta no condena en ningún caso un acto de protesta, sino los delitos de atentado, lesiones y daños que el tribunal ha considerado acreditados".

"Sin otra consideración sobre el tono ciertamente inapropiado utilizado por un responsable político de la alta posición de un vicepresidente del Gobierno respecto del desempeño de otro poder del Estado, el Consejo General del Poder Judicial se ve en la obligación de apelar, de nuevo, a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial, más aún cuando se trata de pronunciamientos de miembros del Gobierno de la nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales".