El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el ministro de Sanidad y varios cargos de su departamento, concretamente la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública, la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Segun se explica desde el Consejo General de Enfermería, esta querella se suma a las diferentes actuaciones penales que han ido interponiendo varios Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería de toda España contra la gestión de la pandemia del Covid-19 por parte de las diferentes autoridades sanitarias provinciales y autonómicas, gobernadas por diversos partidos políticos: “Somos enfermeros y enfermeras y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, afirma el presidente de esta organización, Florentino Pérez Raya.

En la querella presentada por las enfermeras se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.

El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid-19, y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.

La querella del Consejo General de Enfermería contiene más de 50 folios, y explica detalladamente cómo conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente.

Por su parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos también ha presentado una querella contra la plana mayor del Ministerio de Sanidad de Pedro Sánchez. Según se informa desde esta organización, la distribución desde el Ministerio de Sanidad de una gran partida de mascarillas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos Servicios de Salud de nuestro Sistema Nacional de Salud, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Esta circunstancia se ha visto agravada con posterioridad por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados, lo que pone bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del Ministerio. 

"Esa profunda y creciente preocupación se atribuye ya de manera indefectible a la gestión que de esta pandemia se está realizando desde ese departamento, y se está transformando en máxima indignación, que exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada por parte de las autoridades responsables, así como acciones por nuestra parte, como organización sindical, que garanticen su seguridad y la defensa de sus legítimos derechos e intereses".

"Por ello desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), y tras la, a nuestro juicio, presunta actuación negligente por parte del Ministerio, poniendo en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades, ha acordado en reunión del Comité Ejecutivo, interponer Querella criminal  por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, contra el ministro de Sanidad, don Salvador Illa Roca y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo, conforme al artículo 102 de la Constitución por su especial aforamiento".

"No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de Covid19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto".