El 4 de agosto de 2018, apenas unos días después de que Pedro Sánchez fuera nombrado Presidente del Gobierno por primera vez, la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia otorgó a la empresa Servicios Audiovisuales Overon una concesión de 300.000 euros para gestionar durante dos años, según se explica en el correspondiente BOE, “el servicio de difusión de señal audiovisual y transmisión por vídeo streaming de comparecencias públicas del Presidente y Vicepresidenta del Gobierno fuera de territorio español y servicios relacionados”.

Se da la circunstancia de que Servicios Audiovisuales Overon es una empresa audiovisual que tiene como accionista principal a la compañía Invictus Media, dedicada a la gestion de toda clase de valores mobiliarios, que a su vez tiene como uno de sus principales apoderados al magnate comunista Jaume Roures, impulsor de la Sexta, fundador del quebrado diario Público y administrador único de Mediapro.

Dos años después, y según informa el digital OK Diario, el Ejecutivo de PSOE-Podemos acaba de volver a contratar nuevamente, en pleno Estado de Alarma y en esta ocasión por un montante de 1,2 millones de euros, a la misma empresa para el mismo fin.

El potentado Jaime Robles Lobo, conocido como Jaume Roures y próximo a Podemos y al secesionismo catalán, según confesión propia, fue detenido en 1983 acusado de colaborar con la banda terrorista ETA. Por aquel entonces, Roures militaba en la Liga Comunista Revolucionaria, un grupo asentado fundamentalmente en Cataluña de ideología trotskista que mantenía excelentes relaciones con los terroristas vascos.

Concretamente, Roures fue acusado en aquel momento de colaborar en la constitución del “Comando Barcelona” y de haber alojado en su domicilio al etarra lñaki Ibero Otegui, secuestrador del empresario Saturnino Orbegozo, que fue liberado por la Guardia Civil tras varias semanas de secuestro y apenas unas horas antes de que fuera a ser asesinado.

Más de 30 años después de aquellos hechos, y convertido ya en un magnate y especulador de la comunicación audiovisual gracias a las dádivas que en su momento le concedió el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al adjudicarle a dedo la puesta en marcha de La Sexta, Jaume Roures volvió a toparse con la Guardia Civil. En julio de 2018, semanas antes de la concesión gubernamental de Pedro Sánchez a Overon, la Benemérita le sitúaba a la cabeza de la estrategia de comunicación diseñada para la celebración del ilegal referéndum secesionista catalán del 1 de octubre de 2017. Así lo consideraba al menos en un informe entregado al Tribunal Supremo que explicaba que el propietario y fundador de Mediapro, productora de La Sexta, "podría integrarse en el Comité Ejecutivo" que se plasmó en el documento ‘EnfoCats’ en calidad de "profesional experto en el ámbito de la comunicación".

Más recientemente, y según han detallado algunos medios de comunicación, la Fiscalía norteamericana del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, ha ofrecido a Gerard Romy, que fuera fundador, accionista y número dos de Jaume Roures en Mediapro, que "asuma su culpabilidad" y "tire de la manta" contra la cúpula de la productora catalana si quiere evitar una condena casi segura de más de 20 años de cárcel.

Romy, si no se declara culpable y llega a un pacto con el fiscal jefe Richard P. Donoghue también se arriesga, si es declarado culpable, a una restitución obligatoria del dinero del fraude, la confiscación de sus bienes y una multa millonaria. Fue procesado a mediados de marzo por la Corte Federal de Brooklyn en el conocido como FIFAgate, un caso según el cual la filial norteamericana de Mediapro habría pagado sobornos millonarios  a altos directivos de la FIFA para obtener los derechos televisivos de diversas ediciones del Mundial de Fútbol.

Según los cargos presentados contra Romy por la Fiscalía estadounidense, el hombre de confianza de Jaume Roures y sus socios "corrompieron la compañía, vinculándola en diversas actividades criminales, incluyendo fraude, soborno y blanqueo de capitales".