Ya es suficientemente vomitivo que atravesemos el desierto de un Ejecutivo cuya legitimidad se basa en un conglomerado de destructores de la Constitución, separatistas, y bolcheviques de nuevo cuño que representan la ineficacia en el combate contra la epidemia del Covid-19, la falta absoluta de previsión en la adquisición de material de protección y diagnóstico contra el virus, y la carencia de un plan creíble que dé confianza para resolver la crisis posterior a la pandemia. Solamente faltaba que esa panda de inútiles disfrazados de progresía aprovechen esta situación de confinamiento y extirpación de las libertades y derechos constitucionales, ─que son de carácter individual e intransferibles─ con un Estado de Excepción suplantador de uno oficial que llaman de “Alarma” para avanzar en sus planes ideológicos y de control social. Efectivamente estamos en situación de alarma por muchos motivos y no solamente por un virus depredador.

Esta situación que nos trae el bloque del Frente Popular socio-comunista ha dado otro paso absolutamente deplorable en su carrera de la impudicia y de falta de empatía democrática, que es que una cuestión tan fundamental para el país como una Ley Orgánica de Educación se acelere socavando el debate parlamentario y los plazos suficientes para un análisis sosegado. Se aplica con calzador su nuevo proyecto de moldeamiento de las masas, que será otro giro de tuerca más hacia el adoctrinamiento educativo y la utilización de nuestros niños y jóvenes para su proyecto de robotización social.  Es inaceptable que a esto que tratan de hacer con nocturnidad y alevosía lo llamen Ley de Educación, porque de esto tiene poco o nada. Una cosa es la educación de los niños cuyo objeto, proceso y efecto pivota sobre la voluntad de los padres que son los tutores naturales y ejercientes del conjunto de pautas, normas y valores que conforman lo que llamamos educación y otra es el adoctrinamiento y la manipulación de los niños y jóvenes para un proyecto político específico y sectario. La educación debe estar exenta de idearios políticos o ideológicos de carácter monocolor. La educación ha de ser plural y respetuosa con la esencia de lo que es la transmisión cultural y antropológica que tiene a las familias como depositarias de su ejercicio y voluntad. Y el estatismo ideológico impregnador de una cosmovisión de una parte de la sociedad es simplemente suplantación de los derechos que están atribuidos al sujeto actuante de ese ejercicio pedagógico-educativo que son  los padres, junto a los centros escolares como prolongación de ellos en perfecta compenetración y convivencia.

No hay nada más regresivo y corrupto que el uso de la escuela como plataforma de combate ideológico o como herramienta de transformación social al servicio de una determinada cosmovisión que tiene un carácter finalista nada respetuoso con los destinatarios del servicio educativo que son los alumnos.

Uno de los ejemplos es el de la supresión, “manu militari”, de los centros de educación especial que tiene en cartera esta Ministra de Educación de este Gobierno socio-comunista.  Es un grave atentado al principio contenido en las declaraciones universales de los Derechos del Niño y la realidad consuetudinaria del Derecho Natural, según los cuales todos los poderes públicos han de sujetarse al “superior interés del niño”.

El superior interés del niño se basa en el desarrollo pleno de sus potencialidades.

Cualquier pedagogo que se precie y tenga contacto con los niños, es decir que no sea pedagogo de salón, sabe que hay trastornos de desarrollo, discapacidades sensoriales o mentales, o  dificultades graves para el aprendizaje escolar que requieren de atención específica y focalizada sobre el problema para facilitar el mejor desarrollo de los niños y una atención pedagógica adecuada a las necesidades educativas del discente.

Cualquier persona con sentido común, aunque no sea pedagogo, sabe que en grupos ordinarios esos niños quedan relegados bien porque los profesores no tienen capacidades ni conocimientos para abordar esas necesidades o bien porque, sencillamente, no hay tiempo material para hacerlo, ya que su atención se focaliza en el grupo en el que se inserten los mismos. Pero, además, esos niños, cuyo abanico de singularidades puede abarcar desde dificultades auditivas severas, pasando por cegueras, dislexias graves, autismo, psicoticismo, retrasos mentales severos, dificultades graves provocadas por afasias, transtornos importantes en el comportamiento, etc. no solamente no serán atendidos de forma suficiente en el aula de integración sino que dislocarán al resto del grupo y retrasarán su progreso escolar.

Normalmente, la heterogeneidad de alumnos en los centros públicos es de un abanico de situaciones y circunstancias tan amplio que hace difícil no solamente la labor didáctica sino el mantenimiento del orden disciplinario previo a la posibilidad de un aprendizaje efectivo. Solamente faltaba incluir esos alumnos que requieren una atención específica y especializada en centros de educación especial, que por algo se llaman así. Pueden hacer programas de integración escolar con el resto de las personas de su edad, pero nunca sacándolos de un ámbito de atención que tanto los padres como los alumnos quieren, porque responde a sus necesidades; con personal pedagógico formado al efecto.

Pero no pidan ustedes que estos gobernantes se bajen de su pedestal y de su distancia social (en este caso, no por el virus sino por su insensibilidad patológica).

Cuando la “progresía”, que es un concepto ideológico que se confunde con el progreso, deja de ser progresista deviene en sectarismo y corrosión. Y en esas estamos. La politización de todo lo que tocan estos aleccionadores de un “nuevo orden” que no miran el bien común sino su ombligo, es una losa para el desarrollo integral de nuestras sociedades, hasta el punto de constituirse en un problema en sí mismo, una especie de cáncer social.