Encerrando a los ciudadanos en sus casas bajo un Estado de excepción encubierto, paralizando el Parlamento, asaltando la Fiscalía, manoseando a la Abogacía del Estado, dejando los secretos del CNI en manos de la extrema-izquierda más agresiva, amenazando con la cárcel a los escasos periodistas que no agachan la cabeza, gratificando a los medios de comunicación del sistema por los servicios prestados, utilizando a la Guardia civil para perseguir la libertad de expresión, empleando a los servicios secretos para difundir las principales ‘fake news’ sobre las que se asienta el relato gubernamental de lo sucedido y utilizando el Estado de Alarma con la misma responsabilidad con la que un chimpacé manejaría un rifle, Pedro Sánchez, un presidente legal pero moralmente indecente por las repugnantes compañías que le auparon al cargo, se ha convertido a sí mismo y al Ejecutivo que lidera en una maquinaria totalitaria que amenaza no solo con poner fin a casi medio siglo de mediocre democracia liberal sino que, además, está dibujando ya en el horizonte los oscurros nubarrones que siempre acompañan a las dictaduras comunistas.

Como muestra de lo que decimos, un reciente botón orweliano: la Policía Nacional de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, que cada vez se parece más a la Guardia bolivariana de Nicolás Maduro, apela desde su perfil de Twitter a que los españoles informen a las autoridades “si alguien comete conductas insolidarias que nos perjudican a todos”. Cuando los gobernantes convierten las comisarías en centros de poder indiscriminado y aleatorio desde las que se decide caprichosamente el comportamiento ético que los ciudadanos debemos tener, cuando las Fuerzas de Seguridad dejan de perseguir delitos para dar caza a hábitos presuntamente no acordes con las normas marcadas por los dirigentes y cuando los uniformados dejan de perseguir incumplimientos de la ley para rastrear hábitos morales que el poder considera inapropiados es que el Estado de Derecho se ha marchado definitivamente por los repugnante desagües de la autarquía socialdemócrata.

Tras realizar esfuerzos políticos a raudales y dilapidar ingentes recursos económicos convirtiendo la memoria, la opinión y el pensamiento libre en delitos encuadrables sí o sí en el Código Penal, el Gobierno de extrema-izquierda del PSOE y Podemos da un paso más en su caminar totalitario amenazando policialmente a sus súbditos para que éstos se “porten bien” según “conductas solidarias” que, por supuetso, ellos mismos definen. Pues bien, han de saber quienes han auspiciado este llamamiento público de tan fuertes reminiscencias nazis que, al menos en lo que compete a La Tribuna del País Vasco, siempre cumpliremos y apelaremos a cumplir con las leyes democráticas manadas de la Constitución, pero que, al mismo tiempo, siempre defenderemos el derecho supremo de los ciudadanos a no ser juzgados, ni perseguidos, ni amenazados, ni señalados, ni delatados por comportamientos morales que pueden ser magníficos en su generosidad o intensamente deleznables en su mezquindad, pero que, sobre todo, han de ser libres.

La superioridad de la democracia frente a otras formas de poder politico es precisamente esta: que a nadie se le condena por ser generoso, egoísta, simpático, antipático, amistoso, huraño o por ser un ególatra ignorante enfermizo en vez de ser alguien humilde y sencillo. A los ciudadanos libres solamente se les puede investigar, detener y juzgar, y en su caso condenar, si cometen un crimen. Todo lo demás es autoritarismo. Y es que, puestos a denunciar “conductas insolidarias”, ¿Cómo se llama a la responsabilidad que tienen los gobernantes bajo cuya incompetencia política y de gestión han fallecido 25.000 españoles infectados por el Covid-19? ¿Cómo se llama a la responsabilidad que tienen las autoridades bajo cuya administración han fallecido centenares de ancianos abandonados a su suerte? ¿Cómo se llama al quehacer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus 22 Ministerios, que en más de tres meses de pandemia han sido incapaces de dotar a 35.000 sanitarios contaminados de los más elementales recursos para su protección? ¿Diría la Policía Nacional que esto es también una “conducta insolidaria” que nos perjudica a todos?