Once abogados de toda España y una procuradora han interpuesto una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus cuatro vicepresidentes, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera, y 18 ministros por 3.268 presuntos homicidios imprudentes de personas que murieron como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, la querella podría ampliarse a otros delitos, como omisión del deber de socorro, prevaricación por omisión y contra los derechos de los trabajadores. Además, los letrados no descartan ampliar la denuncia a otras personas, como el doctor Fernando Simón y otros asesores de Sanidad, como colaboradores necesarios para por extender “información engañosa” a través de los medios de comunicación. Los querellantes solicitan al Tribunal Supremo que se tome declaración a los 23 denunciados y se les exija fianza.

Los demandantes, más de tres millares de personas, se han organizado a través de la página web despues.info, en cuya página de inicio se señala que, dadas las circunstancias actuales que se están produciendo en España, "y observando cómo los responsables políticos de nuestro país no hacen otra cosa que improvisar decisiones atropelladas que inmediatamente son rectificadas, y conscientes de que, después de esta crisis, despertaremos en un escenario insoportable económicamente para muchos millones de españoles, un grupo de ciudadanos, que entendemos que nuestro modelo político-social actual va a resultar incapaz de conducir esta nueva etapa de nuestra vida, hemos promovido este movimiento de repulsa a nuestros dirigentes políticos actuales, con el propósito de arbitrar, entre todos, un modelo de gobierno distinto al actual, en el que el Estado pertenezca a los españoles, y no a la inversa".

En la querella se relata que los familiares de quienes ejercitan esta acción penal –y los que se sumarán a la misma– , murieron "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano" debido "al vituperable comportamiento y actuaciones de los querellados", es decir, los miembros del Gobierno. Según la denuncia, éstos incumplieron sus obligaciones como órgano colegiado "por la tardía adopción de las medidas adoptadas y, en su caso, de la negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del coronavirus Covid-19".

De esta forma, pese a que ya en enero se tuvo conocimiento del primer infectado en España y en febrero falleció la primera persona por este virus, el Ejecutivo "no había adoptado medida alguna de prevención durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS sino que, más bien y al contrario, negó su propagación en nuestro país".

Tras aludir a las manifestaciones y concentraciones que tuvieron lugar en marzo, como las «mascletás», la marcha del día 8-M o el acto de Vox en Vistalegre y la incidencia que pudo tener en la propagación del virus, se llegó al día 11 de marzo, fecha en la que la OMS declaró la pandemia. Sin embargo, el Gobierno continuó en su "actitud pasiva y sin adoptar medida alguna hasta el 14 de marzo, cuando acordó el estado de alarma". Es decir, "tres días después de la declaración de pandemia por la OMS», cuando "ya hacía un mes y medio que la propia OMS había declarado el estado de Emergencia de salud pública de importancia internacional, sin que el Gobierno español le prestara la más mínima atención".