La decisión del Gobierno de prorrogar el confinamiento como único medio de evitar el aumento de contagios se ha encontrado con la oposición frontal de la oposición, y también de algunos de los dirigentes socialistas de las Comunidades que ven hundirse su economía hasta términos inaguantables. Y ya se ha provocado el debate en una parte de la ciudadanía que, llevada de su experiencia personal cuando ha enfermado o visto enfermar a alguno de los suyos o incluso morir, con el triste trauma que eso representa, exige  enérgicamente seguir encerrada en casa para evitar los contagios. Suelen ser esos sectores sociales amparados por su condición de pensionistas o de rentistas o que en todo caso perciben ingresos seguros no derivados de actividades laborales o mercantiles. Y sobre todo aquellos que se alinean en las filas de la izquierda, porque siguen abrigando la ilusión de que tenemos un Gobierno de izquierdas. Se apoyan para mostrar con firmeza su conformidad con el encierro indefinido en el argumento de que es la derecha es la que exige la apertura de las medidas de seguridad. Pero en España a esa petición se suman también el Presidente de la Comunidad Valenciana que es dirigente del PSOE, así como Cataluña, ya sabemos que regida por la burguesía de esa comunidad pero en absoluto adepta al PP.

Ya sabemos que la derecha plantea la defensa de los intereses empresariales, como es su obligación, que con las fábricas y los negocios cerrados asiste desesperada a su ruina, pero es que la ruina de las empresas es la ruina, y peor, de los trabajadores. A menos que nos creamos que ya se ha constituido un Estado socialista que atiende a las necesidades de todos sus habitantes.

España se enfrenta a la peor crisis económica que ha vivido después de la Guerra Civil, según nos informan los organismos nacionales e internacionales. Con una bajada del 9,5% del PIB para este año –y ni se sabe para los años siguientes- si no se paraliza el pago de la deuda internacional que crece y crece, no se consiguen nuevos fondos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, si la Comisión Europea no da permiso para que el dinero público fluya a todos los sectores paralizados: el agro, la industria, el turismo, los autónomos, los trabajadores en paro... la situación española será de absoluta miseria.

La gravedad de la infección se ha producido por la absoluta ineptitud de nuestros Gobiernos, y lo digo en plural porque las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en Sanidad, sean del partido que sean, se han portado como unos absolutos inconscientes, sino son cómplices de los intereses de las multinacionales varias que aquí intervienen: farmacéuticas, hospitalarias, de suministros varios, de viajes, de turismo, de transporte. No se depurarán nunca las responsabilidades en que han incurrido todos los responsables de la situación en que estamos inmersos, porque el Presidente del Gobierno y el Vicepresidente y una buena parte de los ministros y técnicos de Sanidad, y los Gobiernos de Madrid, de Cataluña, de Valencia, de Andalucía, tendrían que ser procesados por dejación de funciones y prevaricación, con resultado de muchas muertes.

Pero en la tarea de minimizar la conducta de tantos responsables de gran envergadura y de disimular los resultados nefastos de su gestión y de engañar al pueblo con discursos tranquilizantes, se han utilizado todos los medios de que disponen los Gobiernos: los políticos afines, los medios de comunicación e incluso las redes sociales tan críticas ellas siempre. Los consejos, imprecaciones y hasta insultos que los usuarios distribuyen contra los ciudadanos que no usan mascarillas, que se amontonan en terrazas y botellones o que se acercan demasiado entre sí entretienen a los participantes y desvían la atención de los verdaderamente responsables: los responsables de las instituciones.

Porque en la última década los Gobiernos del PP se dedicaron muy afanosamente a privatizar la Sanidad y los servicios sociales para entregarle a las grandes empresas la gestión de hospitales, clínicas, centros de acogida, orfelinatos y residencias de ancianos. Las consecuencias ya las estamos sufriendo: sanitarios sin mascarillas, enfermos sin respiradores, hidratadores sin palos de sostenimiento, hospitales saturados que han de suplirse con un almacén de camas en Ifema, los test están estropeados, las pruebas no son fiables, los cadáveres se encuentran abandonados en las camas de las residencias. Eso sí, a las ocho de la tarde salimos al balcón a aplaudir a los sanitarios, pero a nadie se le ocurre exigir que les suban el sueldo y contraten a más.

Por tanto, deciden los hipocondríacos, lo único que cabe hacer es encerrarse para no contagiarse. No sé si esos seguidores incondicionales de los partidos que gobiernan se plantean que para siempre.

En resumen,  la secuencia histórica del caos que estamos viviendo es la siguiente:

Entramos en el Mercado Común con la condición de liquidar el tejido industrial: la siderometalurgia, los astilleros, la minería, la industria textil, la química, la farmacéutica. Seríamos un país turístico, según la división internacional del trabajo.

En ese club de grandes corporaciones y capitales teníamos que asumir la economía de comercio y competencia libres, y por tanto reducir el sector público a su mínima expresión. Se vendieron –o se regalaron- las industrias del INI a unos cuantos empresarios, incapaces de levantar la economía del país, y a corporaciones internacionales. Hasta la Editorial Nacional que tenía el catálogo de autores clásicos más grande de todos los tiempos, se cerró. Las empresas de aviación, el mantenimiento de ferrocarriles, las eléctricas, la joya de la corona, fueron a parar a las avariciosas garras de los amigos del PP, y comenzamos a pagar las tarifas de un mercado de libre competencia.

Después se privatizaron los servicios: la sanidad, la atención social, las residencias de ancianos, los orfelinatos, las casas de acogida, los centros de internamiento. ¡Viva la libre empresa! Lo de la libre competencia es más discutible porque la mayoría son grandes corporaciones que actúan en régimen de monopolio.

Y en esto llegó la pandemia. La OMS no advirtió a tiempo de la gravedad de la situación, y todavía está por aclarar a qué se debió semejante negligencia o complacencia con quién. Pero aun así, en diciembre ya se conocían los casos de China, el 30 de enero se declaraba la alarma internacional, el 11 de febrero se suspendía el Mobile de Barcelona, Italia se veía invadida de casos a primeros de marzo y, sin embargo, en España ni se suspendieron los vuelos con ese país, se celebraron manifestaciones y mítines, se viajó por aire, mar y tierra libremente, y el 14 de marzo hay que declarar el confinamiento porque en España ya tenemos miles de contagiados y los hospitales públicos no dan abasto a atenderlos.

Entonces, tanto el Gobierno central como los autonómicos descubren que no tienen los suministros indispensables de mascarillas, etc. y que no pueden ni siquiera comprarlos porque Francia y Alemania han vaciado el mercado internacional. Y, ¿cómo vamos a fabricarlos si no hay fábricas? Las mujeres mayores se aprestan a coser mascarillas en los domicilios y otras se las fabrican con pantallas de plástico y hasta de croché como si el ganchillo protegiera de ese bicho infame.

Pero las clínicas privadas no se intervienen porque la propiedad es sagrada. Y los subsidios al paro, a los ERTEs, a las pensiones no contributivas, no acaban de pagarse no sólo porque el Estado no tiene dinero y a ningún gobernante se le puede ocurrir nacionalizar la banca, sino también porque no hay funcionarios para resolver la complejidad administrativa que supone distribuir los subsidios estatales.

Mientras Alemania aporta fondos públicos a las empresas privadas en la proporción del 50% de sus necesidades, España se ha quedado en el miserable 2%.

Esta mañana del 16 de mayo, el representante del Sindicato de Funcionarios nos ha explicado en Radio Nacional que no hay suficiente personal para tramitar los expedientes. Que para un país que tiene dieciocho millones de trabajadores asegurados solamente hay cien mil funcionarios en el Servicio de Empleo. Que hace un año se tramitaron quinientos mil expedientes de desempleo y esta primavera ascienden a cinco millones. Que el Gobierno prometió contratar a mil funcionarios interinos y solamente han llegado a setecientos, pero, además, que el INEM envía a trabajadores de todos los sectores y por tanto no tienen preparación para la complejidad de la tarea que supone la gestión burocrática del Estado.

Y luego, los y las partidarias del confinamiento sin fin se quejan de que la patronal y los trabajadores pidan que se les permita trabajar. Sin empresas y sin ayudas públicas millones de personas están abocadas a la miseria. Las colas de hambrientos son de kilómetros para obtener comida gratis en los Bancos de Alimentos,  en las parroquias y en las ONGs caritativas.

En esta opción a que nos abocan de escoger entre la bolsa o la vida, o se ponen en marcha de nuevo las empresas y los trabajadores ocupan sus puestos con una buena protección corporal y unos medios sanitarios suficientes para atender a las necesidades de quien enferme, o si permanecemos en el confinamiento perpetuo encontrarán también nuestros cadáveres en los dormitorios, cuando entre el Ejército a desinfectar los edificios.