La firma del acuerdo entre los grupos parlamentarios de PSOE, UP y EH-Bildu para la revertir de manera íntegra la reforma laboral de 2012 a cambio de una abstención irrelevante para el resultado final de la votación de prórroga del estado de alarma, ha convulsionado el panorama político y lo que es peor, el económico, así como las perspectivas de recuperar el empleo.

Ha sido interpretado de diversas formas. Desde la izquierda, el entusiasmo porque más allá de su influencia en las condiciones laborales y otros mantras tradicionales, apunta a la posibilidad de acuerdos en materias claves para la base social de este sector político. Ya sabemos que su lema es que a cambio de “medidas sociales” a corto plazo, con independencia de la sostenibilidad y daños colaterales, no tienen el menor problema de ceder ante los ultranacionalistas en lo que sea, incluyendo derechos civiles y tolerando todo tipo de corrupciones. Si para ser “sociales” hay que ser sumisos, serviles y arrastrados, lo son y “a mucha honra”. Tras estampar Doña Adriana Lastra su firma al acuerdo ya es una posibilidad real lo que yo denomino el “Tri-Tontito” en el País Vasco, coalición del PSE-EE, UP y Bildu. Tres nulidades en gestión económica, pero eso sí “muy sociales”. Otro argumento que seguro incide es la necesidad que tiene Sánchez de tener contento al socio de Gobierno, el señor Iglesias, que nunca ha ocultado su querencia perruna por los batasunos.

La derecha lo interpreta como una catástrofe, otro paso más hacia el chavismo al dinamitar una reforma que tuvo sus efectos en el aumento del empleo (sin entrar en su calidad, por supuesto) y avanzando hacia la quiebra económica. Sin negar que haya un cierto grado de exageración es curioso como la opinión pública de izquierda cierra los ojos a cómo en sus adversarios ha calado el drama venezolano y les espolea. El no asumir los errores de los “asesores de Podemos”, no aprender del desastre bolivariano manteniendo propuestas calcadas a las que ya han fracasado en el país hermano y no cortar con el Gobierno golpista de Maduro, es algo que causa terror en liberales y conservadores.

¿Estamos seguros que EH-Bildu se ha movido por sus ideas de “izquierdas”, por la defensa de derechos o por cálculos estratégicos en torno al “Tri-Tontito”? Respuesta: no. La coalición ultra en este caso en realidad se ha guiado en base a otros intereses, no precisamente altruistas. Para poder entender lo ocurrido nos tendremos que remontar al franquismo. Sí, en este caso sí pinta Franco y mucho. Realmente es su última obra que queda viva.

Todo el esqueleto de la legislación laboral española actual, y en especial hasta la reforma laboral de 2012, fue diseñado e implantado por los Sindicatos Verticales de la Dictadura. El sistema de convenios colectivos, su fuerte grado de rigidez en materia organizativa, su sistema de altas indemnizaciones por despido, proceden de entonces y se consolidaron durante la Transición con los herederos directos de la estructura sindical oficial, CC.OO. y UGT. Rajoy introdujo cambios, en la línea de acercarnos a la mayoría de países europeos introduciendo flexibilidad en el sistema para afrontar los desafíos de la economía abierta de este siglo, aunque no rompió abruptamente con el pasado. Con la victoria del PSOE, los que seguimos estos temas dábamos por descontado que los cambios se ceñirían a la validez de los convenios colectivos y las cláusulas de descuelgue así como pulir aspectos menores, pero uno de elementos clave, el despido improcedente no se tocaría.

El paro no se “inventó” hasta los primeros años sesenta. Antes, cuando un obrero era despedido de su empleo quedaba en una situación muy difícil. Por ello desde los sindicatos de régimen, partiendo de la legislación sobre contratos del Código Civil, se planteó el pago de indemnizaciones, mayores en los despidos improcedentes, es decir en aquellos realizados por voluntad del empresario sin una “causa justa”. Y por la misma razón, la jurisprudencia tendió a ser muy estricta a la hora de estimar qué era un destino procedente y justo, tendencia que se ha mantenido. Aún hoy, es tremendamente difícil conseguir una sentencia de este tipo.

Así que, en la práctica, salvo en casos de crisis económica severa o traslados de centro de trabajo, cuando se puede aplicar el despido objetivo (20 días por año - máximo 12 mensualidades), la forma tradicional de ajustar plantillas para mejorar la eficiencia, así como solventar problemas de rendimiento o comportamiento, era el abono de 45 días por año trabajado con máximo de 42 mensualidades. Esta era la base de negociación de las famosas bajas voluntarias y prejubilaciones, de las cuales en el País Vasco se han dado más y con mejores condiciones.

Obviamente, a medida que en los setenta y ochenta la presión fiscal aumentó, este mecanismo fue percibido por las empresas como una carga adicional. Desde los años noventa, las pequeñas y medianas empresas se resistían como gatos panza arriba a hacer indefinidos. Los contratos por obra y servicio determinado y los temporales de seis meses que se alternaban con periodos de paro, se generalizaron. Imaginen lo que supone para un autónomo que tiene dos o tres trabajadores, tener que afrontar estas indemnizaciones. Y España es uno de los países de Europa con menos grandes empresas. Toda nuestra red productiva está basada en pequeñas y medianas empresas (menos de 250 trabajadores) lo que nos permite comprender el brutal impacto sobre el empleo que esto suponía.

El mecanismo que había funcionado gracias al proteccionismo y los aranceles que Franco implantó era inadecuado para ofrecer la flexibilidad que demandan las empresas del siglo XXI en una economía donde se compite con todo el mundo. Cuando Rajoy acaba con estas cuantías indemnizatorias y las sustituye por 33 días al año con un máximo de 24 mensualidades, había un consenso generalizado de que era una medida acertada. Incluso UGT y CC.OO. realizaron en este campo una resistencia testimonial  porque públicamente no podían asumir aquello de lo que eran conscientes en privado.

Los efectos fueron fulminantes. De un 8-9 % de contratos indefinidos se llegó al 20-25% y se redujo la temporalidad, siendo más largos los periodos de trabajo en las empresas y en aquellos sectores con fluctuaciones estacionales, se disparó la contratación de fijos-discontinuos. Los más beneficiados fueron los parados, que vieron mejorar su empleabilidad, así como los trabajadores manuales y con menor cualificación, en definitiva, los más humildes.

¿Y qué pinta en esto EH Bildu? Recordemos las prejubilaciones. Junto la banca y Telefónica, los grandes beneficiarios siempre estuvieron en el sector industrial. Trabajos especializados, con buenos sueldos y mucha antigüedad. Para este sector, la diferencia entre cobrar 42 días por año y pasar a 33 días, así como la fuerte reducción en mensualidades, era abismal. Si los parados habían sido los grandes beneficiarios, los empleados entre 45 y 63 años, con 15 años o más de trabajo en la misma empresa, con bases de cotización mensuales de 2.300 euros o más, lógicamente lo vivieron como un drama al reducirse drásticamente las jugosas indemnizaciones que percibían en los procesos de regulación de empleo que se producen periódicamente en este sector económico. Trabajadores e intereses perfectamente defendidos y protegidos por el sindicato ultranacionalista LAB (en la órbita de EH Bildu).

Aunque Euskadi ya no es lo que era, sigue siendo la Comunidad Autónoma con más empleo industrial y más medianas y grandes empresas. Curiosamente, las cinco comarcas vascas con mayor proporción de estos trabajadores, Duranguesado, Alto y Bajo Deba, Goierri, Urola Kosta y Tolosaldea son precisamente aquellas donde el ultranacionalismo obtiene mejores resultados, ganando o como mucho empatando con el todopoderoso PNV.

EH Bildu actúa e interviene protegiendo a los “suyos”. A los que son la columna vertebral de LAB, a los que integran masivamente sus listas electorales en esas comarcas industriales, a los que le votan religiosamente con la fe del carbonero. En definitiva, defienden a los que tienen buenos sueldos con el fin de proteger este privilegio.

Todo cambio legislativo en este caso tiene sus beneficiarios y sus daños colaterales. Si se implanta la reforma pactada por el “Tri-Trontito”, jóvenes, parados, inmigrantes, trabajadores manuales y poco cualificados, sectores íntegros como hostelería y otros servicios, van a ser los grandes paganos de lo que irónicamente llaman “recuperación de derechos”. La precariedad ya de por sí inherente a estos colectivos y actividades se va a volver a generalizar a niveles insufribles. Otro daño va a ser más general, porque autónomos y pymes, como ocurría antes de 2012, van a pensárselo muchísimo antes de aumentar sus plantillas y lanzar nuevas líneas de negocio, porque si las cosas no van bien, el coste de la reestructuración va a ser mayor.

En el País Vasco esto tiene una traducción geográfica. Mientras las comarcas industriales son las grandes beneficiarias, aquellas donde el peso de este sector es menor porque son las zonas donde predominan los servicios, el efecto es el contrario: margen izquierda del Nervión, Bilbao, Donostialdea y Bajo Bidasoa, precisamente las comarcas con más índice de paro y que políticamente son menos nacionalistas. De la mano de Bildu, Podemos y PSOE la cuerda se rompe por el punto más débil.

El Gobierno PSOE-Unidad Podemos a lo suyo

Lo más grave de todo esto es que ocurre con el trasfondo de la mayor crisis económica desde 1939. El mensaje que manda el Gobierno de coalición, a todo el sector económico desde los más altos financieros al autónomo que gestiona la tiendecilla más humilde, es que si tienen que elegir entre la economía y el empleo o sus chalaneos políticos, con los ojos cerrados están dispuestos a sacrificar a quien sea y como sea, con tal de seguir aferrados al sillón, ellos y el número inconcebible de altos cargos no funcionarios y asesores con los que han desembarcado en la Administración General del Estado

Ese es el brutal mensaje que han lanzado.

Mientras, a EH-Bildu todo le sale gratis

Después de este torpedo contra la línea de flotación del empleo, la recuperación económica y social, se vuelve a constatar que las reacciones por los sectores críticos con esta coalición política vuelven a centrarse en su papel de herederos y defensores del terrorismo. Del problema legislativo concreto y de sus efectos, poco o nada.

Al margen de que es cierto que siguen cobrando dividendos de los años de plomo, también es evidente el fracaso completo y absoluto, de una política de denuncia basada única y exclusivamente en este tema. Elección tras elección no baja, sino que al revés, mantienen un lento e inexorable crecimiento.  Algo no estamos haciendo bien.

Centrándonos en el tema de terrorismo, al final aspectos pavorosos de su programa quedan en segundo plano o directamente pasan desapercibidos.

Posiciones literalmente impresentables como el apoyo a la dictadura de Maduro con el que públicamente se solidarizan y ensalzan, aderezado con promesas de seguir su camino en algunos aspectos programáticos es como si no existieran.

Pagamos una luz más cara porque gracias a los planteamientos magufo-ecologistas del entorno social de ETA se cargaron nada menos 3.600 megavatios de energía barata y eficaz contra el calentamiento global, como la nuclear. Y nadie, absolutamente nadie lo recuerda.

Con el fin de “desespañolizar” los territorios vascos apoyan a políticas inmigratorias insostenibles, extremismo descerebrado en el tema del género, animalismo irracional, políticas fiscales confiscatorias y depredadoras, ataques a la educación de calidad, medidas para implantar un apartheid sobre el castellano, represión a la libertad de expresión y cultural, exigencias de aniquilar la independencia judicial, etc., etc. y etc. Todo les sale gratis.

Llevo más de treinta años estudiando a ETA y su mundo. He hecho aportaciones inéditas sobre la crueldad y sadismo de los terroristas y de aquellos que les apoyan (https://latribunadelpaisvasco.com/art/5290/asi-torturo-la-banda-terrorista-eta-i) y precisamente por eso, porque les conozco y les combato, tengo plena y absoluta conciencia que es un lamentable error seguir centrando el debate y la crítica a Otegi y sus secuaces, única y exclusivamente en el tema del terrorismo. Aunque hay un núcleo duro de seguidores, también hay muchos que les votan sin saber qué es lo que votan. Hay mucha inercia y tradición familiar, voto de rebaño y cuadrilla, falta de reflexión generalizada y hasta un idealismo social miope y equivocado. Y no hacemos nada por turbar sus certezas, por arrastrarles a la reflexión en otros campos diferentes al terrorismo.

Por supuesto, sin abandonar la memoria de los años de plomo, invito a los políticos no nacionalistas de todos los partidos, a abrirse al estudio, análisis, debate y crítica de todo su programa electoral. Abordar esos aspectos económicos y sociales del segundo partido más votado, conocerlos al dedillo y rebatir con contundencia unas propuestas que abocarían al territorio vasco a una pavorosa crisis económica y social.

Que en las elecciones de julio no les salga gratis ni este ataque contra el empleo ni el resto de sus posiciones ultras.