Nissan ha comunicado esta mañana el cierre de su factoría de Barcelona al Ministerio de Industria. La factoría automovilística genera 3.200 empleos directos y unos 25.000 indirectos. La marca japonesa abrió tras el gran confinamiento, pero cerró dos días después a causa de la huelga indefinida que mantenían sus trabajadores desde el pasado 4 de mayo, "ante la pérdida de carga de trabajo de la factoría y la incertidumbre sobre su futuro". Según el Comité de Empresa, la dirección quería abrir únicamente para terminar un pedido de 'pick up' de Mercedes Clase X, antes de que el contrato expirara este mes de mayo.

Ante este panorama, el Gobierno de extrema izquierda de PSOE-Podemos agravó la situación hace apenas 72 horas cuando a través del secretario general de Industria y PYME, Raúl Blanco Díaz, afirmó bravuconamente que "a Nissan le va a costar 1.000 millones cerrar la planta; mucho más caro que si decide invertir en ella". Además, Blanco se permitió recriminar a la marca asiática que, en su opinión, "no había invertido en la planta desde hace 10 años".

Previamente, hay que recordar que cuatro meses antes, el 22 de enero, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había "garantizado" la permanencia de la planta de Nissan de Barcelona a través de Twitter: "El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en #Davos2020, el Gobierno de España y @Alliance_RNM hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría".

Las reacciones al cierre de Nissan no se han hecho esperar. Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha explicado que lo que ha hecho Nissan es convertir su ERTE en ERE, todo ello "mientras Marlaska hace injerencias e Iglesias miente en el Parlamento. Las empresas huyen de España porque el Gobierno no genera confianza”.