Se ha publicado, sin que se haya desmentido, que en la segunda mitad del mes de enero el CNI habría informado al Gobierno de la gravedad de lo que estaba ocurriendo en China desde el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei) había detectado 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en dicha ciudad, sin identificar la fuente el brote. El mercado fue cerrado el día 1 de enero de 2020.

Conviene destacar que Wuhan no es una ciudad perdida en la China profunda sino el centro político, financiero, económico, comercial, cultural y educativo del gigante asiático. La ciudad tiene 11 millones de habitantes y ocupa una extensión de 8.494 kilómetros cuadrados, lo que da idea de su importancia (Navarra, por ejemplo, tiene 650.000 habitantes con 10.391 kilómetros cuadrados). La información sobre lo que estaba ocurriendo la trasladó la dirección del CNI a la presidencia del Gobierno y había sido obtenida por la delegada del Centro Nacional de Inteligencia en la embajada en Pekín, Beatriz Méndez de Vigo. De modo que la fuente de esta información, de cuya existencia por su enorme relevancia no cabe dudar, procedía de la que había sido número 2 del CNI entre los años 2012 y 2017.

De un modo u otro, el 24 de enero de 2020 el Gobierno conocía con precisión lo que pasaba en China. Ese día se hizo público un extenso documento elaborado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido por Fernando Simón, titulado Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). En ese momento, la epidemia se había extendido por Tailandia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam, Singapur y Estados Unidos, contabilizándose 177 casos graves y 25 fallecidos de entre 25 y 89 años. El documento contenía un catálogo de medidas muy detalladas dirigidas al sector sanitario para la prevención y el control de la infección. El CCAES sabía perfectamente lo que debía hacerse. Es justo lo que se estableció formalmente con ocasión de la declaración del Estado de Alarma dos meses después, el 14 de marzo. Solo que entonces la sanidad pública no estaba lista porque el Gobierno no había realizado ninguna actuación dirigida a su aplicación con la finalidad de estar preparados para hacer frente a la pandemia.

Entre las medidas se recomendaba separar en las salas de urgencia hospitalaria a los pacientes de coronavirus, que deberían llevar mascarilla, de los demás pacientes y ser sometidos a aislamiento total, debiendo los familiares y el personal al completo portar equipo de protección individual, que habría de incluir la bata impermeable, la mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular de montura integral. Según el citado documento, el personal sanitario que atendiera casos de Covid-19 en investigación o confirmados también habría de llevar “un equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata impermeable, mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular de montura integral”.

La misma protección habría de proporcionarse a todo el personal sanitario que atendiera casos confirmados de coronavirus, al igual que a los trabajadores sanitarios que recogen muestras clínicas, extraen sangre u otros fluidos corporales. Se regulaban incluso las medidas de prevención que habían de cumplirse en el transporte del paciente, que debía hacerse en ambulancias expresamente preparadas para la protección del conductor y del personal que intervenía en el transporte. Se trataba de “recomendaciones mínimas a seguir” por las comunidades autónomas que gestionan la sanidad hospitalaria. Ahora bien, dado que la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad son competencia del Estado conforme a lo dispuesto en la Constitución, lo que incluye la dirección de la lucha contra una pandemia internacional que afecte a todo el territorio nacional, teniendo en cuenta además que tanto los Estatutos de autonomía como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud le reservan la Alta Inspección, el Ministerio de Sanidad tuvo en su mano desde un principio la coordinación con las comunidades autónomas de las normas de contenido obligatorio para que todos los hospitales españoles se prepararan para hacer frente a la pandemia. Fernando Simón había mantenido una reunión por videoconferencia con técnicos de las comunidades autónomas, encuentro celebrado en el seno de la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, pero dada la gran peligrosidad del Covid-19, la prevención por la que apostaba el Ministerio de Sanidad debió traducirse en el acopio de los materiales necesarios tal y como los informes técnicos habían definido con absoluta claridad: bata impermeable, guantes, mascarilla quirúrgica y gafas para la protección ocular integral.

A pesar de la contundencia del citado protocolo de actuación, ese mismo día 24 de enero, fernando Simón, responsable del CCAES, emprendió la tarea de minimizar el riesgo para España de la epidemia china. En rueda de prensa informó que dos personas acababan de llegar de Wuhan con síntomas de haber sido contagiadas por el coronavirus, razón por la que se había decretado su aislamiento. Se extrañó del “impacto mediático” que este asunto había tenido en España, a pesar de que en Wuhan había tres empresas españolas que generaban flujos de viajeros en ambos sentidos y aquí tenemos población china procedente de dicha ciudad. Así que podíamos vivir tranquilos:

“Como en otras situaciones tenemos que tener un nivel de preocupación bajo, pero activo. Obviamente, las personas que provengan de Wuhan, que no van a ser muchas, deben ir al médico tranquilamente. Estamos en plena temporada de gripe, por lo que cualquier sintomatología la probabilidad más alta, y con mucha diferencia, incluso viniendo de Wuhan es que sea un cuadro gripal”. A pesar de ello, el Ministerio de Sanidad había descartado que “por ahora” se fueran a hacer controles en los aeropuertos, porque la posibilidad de transmisión en España, “aunque puede ser probable”, es “muy baja” para concluir que “es más probable coger una gripe en Wuhan que el coronavirus”. No obstante, ante el riesgo de que el virus “se exporte como en el resto de países europeos, se están implementando medidas para evitar que se importe y para controlarlo en el caso de que entre en España”.

De esta forma tan gráfica y contundente transmitió la idea de que ante una posible extensión del coronavirus a España, ya estábamos preparados para su contención. No era así.

Mañana: Capítulo 2. El hombre que sí pasó a la acción