El 2 de febrero el informe del CCAES (Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias) proporciona información sobre la repatriación de treinta y un ciudadanos españoles procedentes de China, que permanecían en cuarentena. 

En cuanto al primer caso detectado en la Gomera, se informa que el turista alemán infectado por el virus “mantiene un cuadro asintomático”. Concluye con una referencia al Comité del Reglamento Sanitario de la OMS que advierte que “todos los países deben estar preparados para la contención, incluida la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el rastreo de contactos y la prevención de la propagación de la infección por 2019-nCoV y compartir datos completos con la OMS”. Además advierte que no se puede descartar que aparezca algún nuevo caso en España y reitera que si tal cosa ocurriera “nuestro país a través del Sistema Nacional de Salud está preparado para realizar la detección precoz de los casos y la instauración temprana de medidas de prevención y control que reduciría en gran medida el riesgo de transmisión. En la situación actual el riesgo global para la salud pública en España se considera moderado”.

La última frase del párrafo anterior se repetirá en todos los informes CCAES hasta el 14 de marzo de 2020 a pesar de que la extensión del coronavirus primero en Asia y después en Europa era muy rápida. Lo único que cambia es la calificación del riesgo. También es recurrente la afirmación de que en caso de que llegara a España el coronavirus, con los datos alarmantes que variaban de día en día, nuestro Sistema Nacional de Salud estaba preparado para hacer frente a cualquier contingencia. Asimismo en todos los informes se califica la intensidad del riesgo que sufre nuestro país, bien como “bajo”, es decir, poco probable, o bien como “moderado”, es decir, no extremo ni exagerado.

Los primeros informes del CCAES de los días 1, 2 y 3 de febrero hablan de riesgo moderado, es decir, no extremo ni exagerado. No sabemos la calificación en los informes del 4 al 11 de febrero, pues en la página web del Departamento de la Seguridad Nacional (DSN), dependiente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cuyo titular desde el 14 de enero de 2019 es Iván Redondo, se advierte al usuario que “no se ha podido encontrar”. El DSN no dice que esos días no hubiera existido informe sino que la Seguridad Nacional no ha conseguido encontrarla, algo muy difícil de creer.

Por otra parte, el 4 de febrero el Consejo de Ministros acordó, a propuesta de la vicepresidenta Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, en su condición de ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, crear un Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus. La presidencia del Comité se asignó a la vicepresidenta del Gobierno y la vicepresidencia al ministro de Sanidad, Luis Illa. Formaban parte como vocales representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior, Defensa; Hacienda; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Agricultura, Pesca y Alimentación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Política Territorial y Función Pública, Ciencia e Innovación; Industria, Comercio y Turismo; Trabajo y Economía Social; Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Consumo. La función del Comité era hacer seguimiento y evaluación de la situación y coordinar la respuesta transversal del Gobierno ante cualquier eventualidad que pudiera producirse.

Con este acuerdo el Gobierno daba la impresión de haberse tomado muy en serio su obligación de preparar al país para hacer frente a la amenaza cierta y real del coronavirus y salvaguardar la salud de los españoles. De momento lo único que tenía que hacer era dotar al sistema sanitario de los medios necesarios de protección y prevención, que como ya dijimos, consistían en batas impermeables, mascarillas y guantes, gafas además de respiradores y procedimientos rápidos de detección de contagiados. Desgraciadamente no fue así.

El 2 de marzo de 2020, el ministro de Sanidad, Luis Illa, prohibió a las comunidades autónomas hacer compras de mascarillas, alegando que éstas se iban a centralizar en el Ministerio. Lo cierto es que hasta el 25 de marzo no se comenzaron a comprar masivamente por el Gobierno. Cuando estalló con toda su crudeza la pandemia inmediatamente después de las concentraciones masivas del 8 de marzo el caos hospitalario se apoderó de los principales centros hospitalarios de España, sobre todo en Madrid y Barcelona. Esta inacción suicida es ya incuestionable. Cuando el Ejecutivo se puso en marcha se habían perdido unas semanas decisivas. Y cuando lo hizo hubo episodios grotescos como la compra de productos dañados. Volvió a proyectarse la sombra siniestra de la corrupción al conocerse amiguismo y opacidad en contrataciones opacas y “a dedo” bajo el paraguas protector de los poderes excepcionales proporcionados por Estado de Alarma. Resulta inexplicable que no se utilizara por el Gobierno la capacidad productiva de la industria española. Había empresas técnicamente capacitadas para fabricar mascarillas, guantes, batas o gafas e incluso respiradores. Pero, claro, eso suponía recurrir al sector privado. Un sector al que intervinieron sus centros privados sin que todavía haya surgido del Gobierno una palabra de reconocimiento por su inestimable colaboración y a los que han pagado cuatro migajas que no cubren ni siquiera el costo de los medicamentos empleados.

¿Influyeron en la pasividad e incompetencia del Comité gubernamental los informes del CCAES cuyo director seguía empeñado en minimizar los riesgos? ¿O fue al revés? ¿Recibió y cumplió a la perfección la orden de hacerlo dictada por el Gobierno? Es difícil de entender que una persona de tan gran prestigio en materia de prevención epidemiológica como Fernando Simón sostuviera un día una cosa y otro día la contraria, jugándose su propia reputación.

El 13 de febrero reaparecen los informes diarios del CCAES, que al día de hoy se mantienen. La gran sorpresa es que el riesgo para España había pasado de moderado a bajo, es decir, poco probable. Y esta calificación se mantuvo durante los días 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero. Luego si es muy poco probable la extensión de la pandemia en España no vale la pena gastar dinero en aprovisionamiento masivo de medios de contención. Nadie debió leer a fondo los informes de Fernando Simón, pues de haberlo hecho se habría percatado de que la conclusión de que nuestro riesgo era bajo era una gran temeridad. No existe ninguna explicación objetiva para este cambio. Como lo es sostener una y otra vez que aunque llegara el virus nuestro “fantástico” (Sánchez dixit) sistema de salud pública estaba más que preparado para hacerle frente. Todo esto obedeció a razones políticas, porque carece de justificación objetiva que mientras se detectaba el progresivo aumento del número de infectados no solo en el este asiático sino también en Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Rusia, Bélgica, Suecia y España) pudiera rebajarse el grado de riesgo.

El 25 de febrero éste volvió ser considerado por el CCAES como moderado. Y como tal se define los días 26, 27, 28, 29 de febrero y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo. En el informe publicado este último día, es decir, el mismo día en que el Gobierno declaró el Estado de Alarma, mantenía que el riesgo para nuestra salud era... moderado.

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