Una juez de Teruel ha condenado a la Administración por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus. Responsabiliza directamente a las autoridades de "pasividad", de conocer el riesgo desde enero y no haber actuado en consecuencia, y -con ello- de haber vulnerado el derecho a la vida que protege la Constitución.

Este fallo, que puede ser recurrido, condena al Gobierno aragonés que preside Javier Lambán y a sus entes sociosanitarios, el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), del que dependen las residencias de ancianos. La condena se limita a la Administración aragonesa porque era la única demandada en este proceso judicial, pero el fondo de la sentencia, excepcionalmente argumentada, es más extenso y apunta directamente contra la gestión desarrollada por el Estado, con el Gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza. En este fallo judicial se cita en varias ocasiones al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y se advierte que las autoridades españolas sabían de la gravedad del Covid-19 desde enero, pero no actuaron en consecuencia.

En esta extensa sentencia (128 folios), la juez ahonda con amplitud en la que considera que ha sido una gestión improcedente de la crisis sanitaria por parte de las autoridades españolas. Así queda de manifiesto en su pormenorizado relato de hechos probados y de sus implicaciones jurídicas.