Responsabilidades del Gobierno PSOE-Podemos en la gestión de la pandemia del Covid-19
Capítulo 6. El papel del Estado
El Gobierno de España conocía desde su inicio que la epidemia de Wuhan se convertiría en pandemia, es decir, epidemia mundial por la rapidez de su extensión fuera de China. El Estado tiene transferida la gestión de la sanidad y, por tanto, de las comunidades autónomas depende en gran medida el funcionamiento del sistema público de salud. Ahora bien, el Estado se reserva una serie de competencias sanitarias, entre ellas la lucha contra epidemias que desborden el ámbito de una comunidad autónoma y, por supuesto, de aquellas en las que el contagio se produzca por brotes procedentes del exterior. En tal caso, todas las comunidades reciben la información y las directrices a través del ministerio de Sanidad, que a tal efecto tiene en su seno un organismo especializado: el Centro de Coordinación de Alertas y Epidemias Sanitarias (CCAES).
También el Gobierno en pleno asume la responsabilidad de dirigir la lucha contra las epidemias que afectan al conjunto de la Nación. Información y coordinación son las palabras clave en estos casos. La Constitución reserva al Estado la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos (artículo 149, 1, 16ª). En la actualidad son dos las leyes fundamentales que están vigentes en desarrollo de la Constitución en esta materia: la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La Ley General de Salud Pública especifica con absoluta claridad las competencias del Ministerio de Sanidad:
“Artículo 14. De las competencias en Vigilancia en salud pública del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Corresponden al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud pública:
1. La gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma.
2. La gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
3. Las previstas en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud9.
Artículo 65. Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.
1. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera inmediata de las medidas adoptadas.
d) La coordinación y evaluación de la Red de Vigilancia en salud pública.
1. Velar para que los criterios utilizados en la vigilancia sean homogéneos, estén homologados y por la oportunidad, pertinencia y calidad de la información
2. El diseño y la ejecución de una encuesta periódica de salud pública en coordinación con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
3. La coordinación y gestión de los intercambios de la información correspondiente a la vigilancia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales relacionados con la salud pública.
4. La coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a más de una comunidad autónoma. A estos efectos las Autoridades sanitarias informarán al Ministerio.”
Puesto que la Comunidad más afectada ha sido la de Madrid, se pretende ahora descargar la responsabilidad de lo ocurrido por la mala gestión del Gobierno madrileño. Se invoca una circular de la Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de 5 de marzo de 2020, en la que reproduce las medidas que hasta ese momento recomendaba el ministerio de Salud y, en concreto, el Centro de Coordinación de Alarmas y Epidemias sanitarias10. Más aún, el día 7 de mayo la Comunidad hizo lo que estaba en sus competencias en el escenario nivel 1 en el que nos encontrábamos: cerrar los centros de enseñanza y las residencias. Estas últimas para preservarles de contagios procedentes de fuera de ellas que podían hacer estragos –como así sucedió a pesar del cierre– en personas muy vulnerables por su avanzada edad con o sin patologías previas. Por otra parte, se había ordenado el reforzamiento del personal sanitario de los hospitales dependientes de la Comunidad. Quiere eso decir que la Comunidad era consciente de lo que percibía estaba ocurriendo en Madrid y ejerció aquellas facultades que estaban a su alcance. No pudo prohibir la manifestación del 8 de marzo porque carecía de competencias para ello, aunque sí puso en conocimiento inmediato del delegado del Gobierno en Madrid las medidas adoptadas el día 7 de marzo.
Una de las grandes falacias que transmiten al unísono los miembros del Gobierno es que nadie podía prever lo que se nos venía encima. Así se ha expresado Pedro Sánchez y repiten los miembros de su Gobierno y los dirigentes de los dos partidos coaligados cada vez que son preguntados sobre ello. Ya citamos a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que llegó a sostener sin sonrojarse que “en febrero hubo contagio, pero nadie lo había detectado porque nadie sabía que el virus se transmitía de esa manera… Todos teníamos una información deficiente del virus”. Y lo mismo declaró el vicepresidente segundo, en funciones de vicepresidente primero por su forzoso apartamiento por sufrir un ataque grave del virus, declaró en Antena 3 (17 de mayo) que “si pudiéramos volver atrás en el tiempo y supiéramos lo que iba a significar esta pandemia, pues claro que a todos nos hubiera gustado actuar antes, a todos”. Pablo Iglesias no dice la verdad, pues el 4 de febrero, a propuesta de Carmen Calvo, el Gobierno del que forma parte aprobó la constitución de un Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus. La presidencia del Comité se asignó a la vicepresidenta del Gobierno y la vicepresidencia al ministro de Sanidad, Luis Illa. Formaban parte como vocales representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior, Defensa; Hacienda; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Agricultura, Pesca y Alimentación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Política Territorial y Función Pública, Ciencia e Innovación; Industria, Comercio y Turismo; Trabajo y Economía Social; Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Consumo.
La creación de Comité de Coordinación fue consecuencia del descubrimiento del primer caso de coronavirus en España el 31 de enero de 2020, lo que confirmaba la posibilidad de que portadores del virus llegaran a nuestro país, una posibilidad que ya era conocida desde el 24 de enero a raíz tanto de los informes del CCAES como del informe-propuesta del Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ministerio del Interior que desembocó en la dotación de guantes y mascarillas a los agentes policiales que prestaran su servicio sobre todo en las zonas fronterizas. Informe en el que ya se recomendaba “evitar las aglomeraciones”.
Ocurre que no se quiere reconocer –porque hacerlo llevaría consigo de inmediato consecuencias penales– que desde finales de febrero se reforzó la política de minimización del riesgo de extensión del coronavirus para poder celebrar una manifestación cuya realización tendría efectos letales desde el punto de vista de la extensión del coronavirus. Se sabía que los contagios se cebaban sobre Madrid, como lo prueba que casi la mitad de los contagios de nuestro país pertenecieran a dicha Comunidad. Que las portadoras de la pancarta, miembros del Gobierno y la esposa de su presidente, fueran con guantes de nitrilo significa que fueron plenamente conscientes del riesgo que corrían. A pesar de ello, no consiguieron evitar ser contagiadas.
Los informes del CCAES –diarios- ponían sobre la mesa del Comité de Coordinación Internacional los datos del avance progresivo del coronavirus en Italia. Pensar que España iba a quedar inmune de brotes de contagio procedentes de un país tan próximo geográficamente y con tan grandes vínculos espirituales, económicos, sociales, culturales y deportivos era una ingenuidad o una imprevisión inadmisible. Y además no hubo ni ingenuidad, ni imprevisión sino minimización consciente y por ese motivo culpable, todo para poder celebrar la manifestación del 8 de marzo. Los hechos probados son irrebatibles:
El 24 de febrero el número de contagiados en Italia era de 219, con 5 fallecidos. En España sólo se habían registrado 2 casos de contagio.
El 1 de marzo los infectados italianos habían ascendido a 1.128, con 29 fallecidos. En España los contagiados eran 73.
El 6 de marzo, en Italia hubo 148 fallecidos con 3.852 contagiados. En España ya había 365 contagiados con 5 fallecidos.
El 8 de marzo, en Italia el número de fallecidos había ascendido a 233, con 5.883 contagiados. En España, según los datos publicados a las 3 de la tarde por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete del presidente del Gobierno, el número de infectados había pasado en cinco días de 73 a 589 infectados. Y los fallecidos en esos mismos cinco días ascendían a 17, aunque eso sí, a modo de excusa perversa, todos ellos padecían patologías previas.
El 9 de marzo el número de contagiados en España (estadística que reflejaba los datos del día anterior) era de 999. En Italia habían fallecido 366 personas con 7.375 infectados.
El 10 de marzo los muertos en nuestro sistema sanitario ascendían a 35 (el doble que los registrados el día 8 de marzo), y el número de infectados había subido a 1.622 (tres veces más que los registrados el día de la manifestación. Tanto en número de muertos como en el de afectados la mitad pertenecían a la Comunidad de Madrid. En Italia, los muertos ascendían a 464, con 9.172 contagiados.
El 14 de marzo, día de la declaración del estado de alarma, se habían registrado 5.753 casos a nivel nacional (más de la mitad en Madrid) y 136 fallecidos, 86 en la Comunidad madrileña).
A Italia el coronavirus le cogió por sorpresa. A España, no. Más aún sabían las medidas preventivas con las que los italianos trataron de contener la pandemia, aunque era demasiado tarde. Entre ellas, tal y como informaba el CCAES en su informe del 24 de febrero, las autoridades italianas habían establecido que en aquellas áreas o municipios en las que “al menos una persona ha resultado positiva” se procedería a la suspensión de manifestaciones, eventos públicos y reuniones públicas o privadas, entre otras importantes medidas preventivas. Quizás por ello consiguieron evitar que el virus padecido en Lombardía (Milán y Véneto) porque, sin saberlo, llevaba un mes extendiéndose libremente por dicha región habida cuentea de sus estrechas relaciones industriales y comerciales con China.
Prueba de que el Gobierno en la última semana de febrero tenía ya plena conciencia de que España iba a padecer con gran intensidad la pandemia a la vista de lo que ocurría en Italia. El día 29 de febrero el ministerio de Sanidad anunció que “para contener la propagación del coronavirus, ha resuelto que se celebren a puerta cerrada los eventos de competición deportiva profesionales donde se espera una alta presencia del público que provenga de las zonas de riesgo (las 4 regiones del norte de Italia afectadas, China, Japón, Corea del Sur y Singapur). Asimismo, se suspenderán aquellos seminarios y congresos que impliquen a los profesionales sanitarios, puesto que es necesario que estos se encuentren disponibles.
Ese mismo día 29 de febrero se anunció también la aplicación desde aquel mismo día de ”tres escenarios o niveles de alerta previstos en nuestro país dependiendo de la procedencia del contagio y el modo de transmisión del Covid-19”. En cada escenario de contención o nivel de alerta se especificaban las medidas que debían adoptarse, según explicó el Sr. Simón en rueda de prensa del 4 de marzo y de las que ya dimos cuenta. Pues bien, desde el 29 de febrero hasta el 14 de marzo estuvimos en el escenario o nivel de alerta número 1. En tal nivel se establecía, entre otras cosas, la recomendación de “suspender eventos con gran afluencia de personas”.
De todo lo anteriormente expuesto se desprende como hecho irrebatible que sostener que si no se tomaron medidas antes fue porque en febrero nadie sabía cómo se comportaba el virus nacido en China, es una falsedad. Porque desde finales de enero eran plenamente conscientes de la gravedad de la epidemia de Wuhan al menos los ministros de Sanidad, y de Interior y la ministra de Defensa. El presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores tomaron también plena conciencia el 1 de febrero, aunque fue el presidente quien inició ese mismo día el proceso de minimización del riesgo debido a nuestro “fantástico” sistema nacional de salud, y desde luego el Gobierno en pleno el 4 de febrero cuando acordó la creación del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública que representaba el COVID 19, presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo, y que fue presidido el 9 de febrero, al día siguiente de la manifestación, por el presidente Sánchez.
Es evidente que si el Gobierno hubiera adoptado dos semanas antes las medidas de prevención exigidas por la evolución en Italia del coronavirus la explosión del 8 de marzo, especialmente en Madrid, no se hubiera producido. Peor aún, la torpe gestión del ministerio de Sanidad impidió que el sistema sanitario público contara con el material necesario que hubiera evitado no sólo la muerte de miles de pacientes, como lo demuestra el caso de Portugal, sino también el contagio del personal sanitario. Fue realmente patético el caos desencadenado en los hospitales de las principales ciudades españolas. El Gobierno sometió al país entero, bajo el lema de “juntos lo conseguiremos” al baile de la yenka: derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, detrás, un dos tres. Desgraciadamente tenemos el triste “honor” de ser el primer país del mundo en fallecimientos por cada millón de habitantes.
Próximo artículo: La revolución de las mujeres
El Gobierno de España conocía desde su inicio que la epidemia de Wuhan se convertiría en pandemia, es decir, epidemia mundial por la rapidez de su extensión fuera de China. El Estado tiene transferida la gestión de la sanidad y, por tanto, de las comunidades autónomas depende en gran medida el funcionamiento del sistema público de salud. Ahora bien, el Estado se reserva una serie de competencias sanitarias, entre ellas la lucha contra epidemias que desborden el ámbito de una comunidad autónoma y, por supuesto, de aquellas en las que el contagio se produzca por brotes procedentes del exterior. En tal caso, todas las comunidades reciben la información y las directrices a través del ministerio de Sanidad, que a tal efecto tiene en su seno un organismo especializado: el Centro de Coordinación de Alertas y Epidemias Sanitarias (CCAES).
También el Gobierno en pleno asume la responsabilidad de dirigir la lucha contra las epidemias que afectan al conjunto de la Nación. Información y coordinación son las palabras clave en estos casos. La Constitución reserva al Estado la sanidad exterior, las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos (artículo 149, 1, 16ª). En la actualidad son dos las leyes fundamentales que están vigentes en desarrollo de la Constitución en esta materia: la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La Ley General de Salud Pública especifica con absoluta claridad las competencias del Ministerio de Sanidad:
“Artículo 14. De las competencias en Vigilancia en salud pública del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Corresponden al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud pública:
1. La gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma.
2. La gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
3. Las previstas en el artículo 65 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud9.
Artículo 65. Actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria.
1. La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera inmediata de las medidas adoptadas.
d) La coordinación y evaluación de la Red de Vigilancia en salud pública.
1. Velar para que los criterios utilizados en la vigilancia sean homogéneos, estén homologados y por la oportunidad, pertinencia y calidad de la información
2. El diseño y la ejecución de una encuesta periódica de salud pública en coordinación con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
3. La coordinación y gestión de los intercambios de la información correspondiente a la vigilancia tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales relacionados con la salud pública.
4. La coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a más de una comunidad autónoma. A estos efectos las Autoridades sanitarias informarán al Ministerio.”
Puesto que la Comunidad más afectada ha sido la de Madrid, se pretende ahora descargar la responsabilidad de lo ocurrido por la mala gestión del Gobierno madrileño. Se invoca una circular de la Directora General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid de 5 de marzo de 2020, en la que reproduce las medidas que hasta ese momento recomendaba el ministerio de Salud y, en concreto, el Centro de Coordinación de Alarmas y Epidemias sanitarias10. Más aún, el día 7 de mayo la Comunidad hizo lo que estaba en sus competencias en el escenario nivel 1 en el que nos encontrábamos: cerrar los centros de enseñanza y las residencias. Estas últimas para preservarles de contagios procedentes de fuera de ellas que podían hacer estragos –como así sucedió a pesar del cierre– en personas muy vulnerables por su avanzada edad con o sin patologías previas. Por otra parte, se había ordenado el reforzamiento del personal sanitario de los hospitales dependientes de la Comunidad. Quiere eso decir que la Comunidad era consciente de lo que percibía estaba ocurriendo en Madrid y ejerció aquellas facultades que estaban a su alcance. No pudo prohibir la manifestación del 8 de marzo porque carecía de competencias para ello, aunque sí puso en conocimiento inmediato del delegado del Gobierno en Madrid las medidas adoptadas el día 7 de marzo.
Una de las grandes falacias que transmiten al unísono los miembros del Gobierno es que nadie podía prever lo que se nos venía encima. Así se ha expresado Pedro Sánchez y repiten los miembros de su Gobierno y los dirigentes de los dos partidos coaligados cada vez que son preguntados sobre ello. Ya citamos a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que llegó a sostener sin sonrojarse que “en febrero hubo contagio, pero nadie lo había detectado porque nadie sabía que el virus se transmitía de esa manera… Todos teníamos una información deficiente del virus”. Y lo mismo declaró el vicepresidente segundo, en funciones de vicepresidente primero por su forzoso apartamiento por sufrir un ataque grave del virus, declaró en Antena 3 (17 de mayo) que “si pudiéramos volver atrás en el tiempo y supiéramos lo que iba a significar esta pandemia, pues claro que a todos nos hubiera gustado actuar antes, a todos”. Pablo Iglesias no dice la verdad, pues el 4 de febrero, a propuesta de Carmen Calvo, el Gobierno del que forma parte aprobó la constitución de un Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública producida por el coronavirus. La presidencia del Comité se asignó a la vicepresidenta del Gobierno y la vicepresidencia al ministro de Sanidad, Luis Illa. Formaban parte como vocales representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Interior, Defensa; Hacienda; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Agricultura, Pesca y Alimentación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Política Territorial y Función Pública, Ciencia e Innovación; Industria, Comercio y Turismo; Trabajo y Economía Social; Asuntos Económicos y Transformación Digital; y Consumo.
La creación de Comité de Coordinación fue consecuencia del descubrimiento del primer caso de coronavirus en España el 31 de enero de 2020, lo que confirmaba la posibilidad de que portadores del virus llegaran a nuestro país, una posibilidad que ya era conocida desde el 24 de enero a raíz tanto de los informes del CCAES como del informe-propuesta del Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ministerio del Interior que desembocó en la dotación de guantes y mascarillas a los agentes policiales que prestaran su servicio sobre todo en las zonas fronterizas. Informe en el que ya se recomendaba “evitar las aglomeraciones”.
Ocurre que no se quiere reconocer –porque hacerlo llevaría consigo de inmediato consecuencias penales– que desde finales de febrero se reforzó la política de minimización del riesgo de extensión del coronavirus para poder celebrar una manifestación cuya realización tendría efectos letales desde el punto de vista de la extensión del coronavirus. Se sabía que los contagios se cebaban sobre Madrid, como lo prueba que casi la mitad de los contagios de nuestro país pertenecieran a dicha Comunidad. Que las portadoras de la pancarta, miembros del Gobierno y la esposa de su presidente, fueran con guantes de nitrilo significa que fueron plenamente conscientes del riesgo que corrían. A pesar de ello, no consiguieron evitar ser contagiadas.
Los informes del CCAES –diarios- ponían sobre la mesa del Comité de Coordinación Internacional los datos del avance progresivo del coronavirus en Italia. Pensar que España iba a quedar inmune de brotes de contagio procedentes de un país tan próximo geográficamente y con tan grandes vínculos espirituales, económicos, sociales, culturales y deportivos era una ingenuidad o una imprevisión inadmisible. Y además no hubo ni ingenuidad, ni imprevisión sino minimización consciente y por ese motivo culpable, todo para poder celebrar la manifestación del 8 de marzo. Los hechos probados son irrebatibles:
El 24 de febrero el número de contagiados en Italia era de 219, con 5 fallecidos. En España sólo se habían registrado 2 casos de contagio.
El 1 de marzo los infectados italianos habían ascendido a 1.128, con 29 fallecidos. En España los contagiados eran 73.
El 6 de marzo, en Italia hubo 148 fallecidos con 3.852 contagiados. En España ya había 365 contagiados con 5 fallecidos.
El 8 de marzo, en Italia el número de fallecidos había ascendido a 233, con 5.883 contagiados. En España, según los datos publicados a las 3 de la tarde por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete del presidente del Gobierno, el número de infectados había pasado en cinco días de 73 a 589 infectados. Y los fallecidos en esos mismos cinco días ascendían a 17, aunque eso sí, a modo de excusa perversa, todos ellos padecían patologías previas.
El 9 de marzo el número de contagiados en España (estadística que reflejaba los datos del día anterior) era de 999. En Italia habían fallecido 366 personas con 7.375 infectados.
El 10 de marzo los muertos en nuestro sistema sanitario ascendían a 35 (el doble que los registrados el día 8 de marzo), y el número de infectados había subido a 1.622 (tres veces más que los registrados el día de la manifestación. Tanto en número de muertos como en el de afectados la mitad pertenecían a la Comunidad de Madrid. En Italia, los muertos ascendían a 464, con 9.172 contagiados.
El 14 de marzo, día de la declaración del estado de alarma, se habían registrado 5.753 casos a nivel nacional (más de la mitad en Madrid) y 136 fallecidos, 86 en la Comunidad madrileña).
A Italia el coronavirus le cogió por sorpresa. A España, no. Más aún sabían las medidas preventivas con las que los italianos trataron de contener la pandemia, aunque era demasiado tarde. Entre ellas, tal y como informaba el CCAES en su informe del 24 de febrero, las autoridades italianas habían establecido que en aquellas áreas o municipios en las que “al menos una persona ha resultado positiva” se procedería a la suspensión de manifestaciones, eventos públicos y reuniones públicas o privadas, entre otras importantes medidas preventivas. Quizás por ello consiguieron evitar que el virus padecido en Lombardía (Milán y Véneto) porque, sin saberlo, llevaba un mes extendiéndose libremente por dicha región habida cuentea de sus estrechas relaciones industriales y comerciales con China.
Prueba de que el Gobierno en la última semana de febrero tenía ya plena conciencia de que España iba a padecer con gran intensidad la pandemia a la vista de lo que ocurría en Italia. El día 29 de febrero el ministerio de Sanidad anunció que “para contener la propagación del coronavirus, ha resuelto que se celebren a puerta cerrada los eventos de competición deportiva profesionales donde se espera una alta presencia del público que provenga de las zonas de riesgo (las 4 regiones del norte de Italia afectadas, China, Japón, Corea del Sur y Singapur). Asimismo, se suspenderán aquellos seminarios y congresos que impliquen a los profesionales sanitarios, puesto que es necesario que estos se encuentren disponibles.
Ese mismo día 29 de febrero se anunció también la aplicación desde aquel mismo día de ”tres escenarios o niveles de alerta previstos en nuestro país dependiendo de la procedencia del contagio y el modo de transmisión del Covid-19”. En cada escenario de contención o nivel de alerta se especificaban las medidas que debían adoptarse, según explicó el Sr. Simón en rueda de prensa del 4 de marzo y de las que ya dimos cuenta. Pues bien, desde el 29 de febrero hasta el 14 de marzo estuvimos en el escenario o nivel de alerta número 1. En tal nivel se establecía, entre otras cosas, la recomendación de “suspender eventos con gran afluencia de personas”.
De todo lo anteriormente expuesto se desprende como hecho irrebatible que sostener que si no se tomaron medidas antes fue porque en febrero nadie sabía cómo se comportaba el virus nacido en China, es una falsedad. Porque desde finales de enero eran plenamente conscientes de la gravedad de la epidemia de Wuhan al menos los ministros de Sanidad, y de Interior y la ministra de Defensa. El presidente del Gobierno y la ministra de Asuntos Exteriores tomaron también plena conciencia el 1 de febrero, aunque fue el presidente quien inició ese mismo día el proceso de minimización del riesgo debido a nuestro “fantástico” sistema nacional de salud, y desde luego el Gobierno en pleno el 4 de febrero cuando acordó la creación del Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública que representaba el COVID 19, presidido por la vicepresidenta Carmen Calvo, y que fue presidido el 9 de febrero, al día siguiente de la manifestación, por el presidente Sánchez.
Es evidente que si el Gobierno hubiera adoptado dos semanas antes las medidas de prevención exigidas por la evolución en Italia del coronavirus la explosión del 8 de marzo, especialmente en Madrid, no se hubiera producido. Peor aún, la torpe gestión del ministerio de Sanidad impidió que el sistema sanitario público contara con el material necesario que hubiera evitado no sólo la muerte de miles de pacientes, como lo demuestra el caso de Portugal, sino también el contagio del personal sanitario. Fue realmente patético el caos desencadenado en los hospitales de las principales ciudades españolas. El Gobierno sometió al país entero, bajo el lema de “juntos lo conseguiremos” al baile de la yenka: derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, detrás, un dos tres. Desgraciadamente tenemos el triste “honor” de ser el primer país del mundo en fallecimientos por cada millón de habitantes.
Próximo artículo: La revolución de las mujeres
