Desde 1975, todos los años, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En teoría, se trata de luchar por conseguir la igualdad efectiva de la mujer en la sociedad actual. En teoría, la fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres unidas tienen el poder de cambiar el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, hay otra concepción del feminismo mucho más radical. En Madrid, la comisión 8M había programado un mes de “revuelta feminista” por entender que un día no era suficiente para expresar el empoderamiento de las mujeres. La primera manifestación de la “revuelta” tuvo lugar el 8 de febrero, cuando una cadena de 8.000 mujeres rodeó el centro de Madrid. En ese clima, el 21 de febrero un par de militantes del feminismo, estudiantes de Creatividad, llenaron de carteles el centro de la capital que anunciaban la muerte de dos mujeres víctimas del coronavirus. Ante la alarma provocada en las redes sociales, se apresuraron a reconocer la falsedad de la noticia, si bien dijeron que si hubieran muerto dos mujeres por coronavirus esa hubiera sido la portada de todos los periódicos, mientras que nada de había sucedido con la noticia del asesinato de dos mujeres víctimas de la violencia de género. El machismo mata más que el coronavirus, vinieron a decir.

La lucha por la igualdad para eliminar cualquier discriminación por razones de sexo entre hombres y mujeres, queda así desbordada por otros planteamientos feministas que pueden no ser compartidos por todas las mujeres. Porque el empoderamiento femenino, tal y como lo entiende el sector más radical del movimiento, supone una auténtica revolución pues supone la conquista del poder por las mujeres derribando el “patriarcado” en el que viven desde el comienzo de la humanidad. La “revuelta feminista” implica la conquista del poder político por las mujeres, para liberarles de la explotación y sumisión a las que han sido sometidas por los hombres. Podría decirse que el radicalismo feminista rompe el principio de igualdad, puesto que pretende subvertir “las reglas perversas del heteropatriarcado”, y por ello no basta con que la mujer goce de los mismos derechos que el hombre pues sino que son las mujeres, como colectivo, las que deben empoderarse para acabar con el poder masculino al que llaman patriarcal. Se parte del hecho de que el varón por el mero hecho de serlo ejerce un poder despótico sobre la mujer por el mero hecho de haber nacido. Son pues los hombres como colectivo dominante quienes han de ser desempoderados, es decir, destronados. El empoderamiento del radicalismo feminista se convierte así en una nueva ideología que debe imponerse en todos los ámbitos de la vida y, de modo especial, en el ámbito político.

Ahora bien, el feminismo radical considera que la actual sociedad “capitalista” o “neoliberal” es consustancial con el patriarcado dominante. En consecuencia, la conquista del poder en el seno de los partidos de izquierda es un instrumento imprescindible para el pleno empoderamiento de la mujer, puesto que el actual PSOE y, por supuesto, Podemos, parecen estar de acuerdo en que la “Nueva Normalidad” post coronavirus no puede ser la continuidad del anterior sistema capitalista, al que culpan de ser el causante de todos los males de la economía, razón por la que defienden a ultranza la primacía de lo público. Por eso el feminismo radical no ve con buenos ojos que mujeres de los partidos a los que genéricamente llaman conservadores e incluso tildan de fascistas participen en las movilizaciones del movimiento, como ocurrió en la manifestación del 8 de marzo en Madrid donde las representantes de Ciudadanos se vieron obligadas a abandonar la marcha. No se olvide que el Manifiesto feminista alentaba a “la lucha contra el patriarcado” y justificaban que la “revuelta” de las mujeres tenía por objeto mostrar “cómo queremos que se mueva el mundo”, síntesis de ideología del empoderamiento.

Dicho lo anterior, en la manifestación del 8 de marzo, además de discrepancias internas a causa de diferentes criterios acerca de la transexualidad y la prostitución, se percibió con toda claridad el pugilato de los dos partidos cogobernantes para liderar el feminismo radical.

Irene Montero, número dos de Unidas Podemos, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común en el Congreso de los Diputados, cuya ascensión en la política podría considerarse por sus adversarios como un vivo ejemplo del tan denostado patriarcado, publicaba el mismo día 8 un significativo tuit: “Hoy salimos porque las calles también son nuestras. Para vivir libres de violencias machistas, para repartir la riqueza, el tiempo y los cuidados, para amar a quien queramos y ser quien somos. Por las que vinieron antes, por las que vendrán. Yo por ellas madre y ellas por mí”. Montero encabezaba la representación de su partido con una pancarta en la que se podía leerse “Unidas, libres y feministas”, coreando un polémico lema “Sola, borracha, quiero llegar a casa”. Defendió la “alianza feminista”, porque “España va a ser un país mejor si es feminista”.

Pero la gran doctrinaria del socialismo feminista sería Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, que el 6 de marzo dejó las cosas muy claras en una entrevista concedida al órgano del partido “El Socialista”. Estas fueron sus principales afirmaciones:

“El socialismo del siglo XXI desemboca en el feminismo”.

“¡Qué haría el socialismo si no se hiciera cargo de esa causa… su propia evolución natural le lleva ahí!”. “Al feminismo que hacemos desde el PSOE le sigue doliendo mucho la pobreza”…,“ se llega [a él] de una manera casi natural y, por eso, hemos hecho una gran aportación las feministas del PSOE a la estructura ideológica del partido para este siglo”. “…a esta revolución cotidiana, imparable, transformadora, democrática y pacífica que es el feminismo, España no ha llegado tarde”, sino que “está desde el principio”. “Hemos sido referente en la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, en leyes de Igualdad que han salido del PSOE, en los gobiernos paritarios y más que paritarios… En esto España ha sido cabeza, vanguardia -¡ya nos tocaba no ir copiando ni detrás, sino delante!-, y lo vamos a seguir siendo porque hay una connivencia y una alianza muy fructífera” en el sentido de que “el movimiento feminista sabe desde hace muchos años que es al Partido Socialista al que tiene que presionar políticamente”, para “conseguir logros”. “Esos vasos comunicantes han dado resultados espectaculares”. “…somos el ejemplo en el que se miran otros países”, algo que “vivimos y nos trasladan cada vez que salimos fuera”.

Destacó como “grandes conquistas del movimiento feminista… fundamentalmente, la lucha por la integridad de nuestros cuerpos” y el “pelear contra la violencia que nos asesina”. “Poder interrumpir el embarazo según la ley, para decidir sobre nuestra maternidad”, “la anticoncepción, que nos ayudó mucho a tener libertad sexual”, “el divorcio, que nos permite casarnos o no, y no formar parte de una institución que nos ha tenido dedicadas a lo largo de los siglos solo a la reproducción y al cuidado de otros”, y “la educación, que nos ha dado conocimiento y formación para tener sueldos e independencia económica”. En definitiva, el poder “liberarnos” y dejar de ser esos seres esclavizados que hemos sido durante siglos, dentro de “unos estereotipos de los que no podíamos salirnos, pues éramos esposas, madres, hijas, seres dependientes de los varones que decidían sobre nosotras”.

En cuanto al hecho de que cada 8 de marzo crezca el número de las jóvenes que participan en las movilizaciones y que éstas se involucren cada vez más en todo tipo de manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres, la vicepresidenta afirmó que era “grandísima y magnífica noticia”, pues “no hace más de diez años estaban al margen e incluso pensaban que el feminismo era algo anticuado, superado, de sus abuelas y madres”. (Desde ese punto de vista, la del 8M, aunque reunió a decenas de miles de personas estuvo muy lejos del récord de 2019.)

La visión de la vicepresidenta primera del Gobierno, que no tiene empacho en abrazarse con la ultraizquierda comunista y totalitaria, no es propia de quien es la número dos del Gobierno de España: “La derecha y la ultraderecha quieren un orden absolutamente vetusto, jerárquico, que no reconoce en realidad derechos ni oportunidades a las mujeres, por eso somos su objetivo, porque no hay nada en este momento que transforme más una sociedad que la participación y el empoderamiento de las mujeres. Cambiamos el modelo de familia, cambiamos los modelos de relación, de consumo, de comportamiento… lo cambiamos casi todo. Así que la ultraderecha, que por su propia naturaleza es retrógrada, nos tiene como objeto favorito de su deseo macabro”. Pero por eso también –añadió-“nosotras les contestamos” de manera “muy directa políticamente hablando”. “Ellos son negacionistas del clima y de la violencia de género, pero las asesinadas están ahí y es muy difícil negar nada”.

En el curso de la entrevista Carmen Calvo destacó la enorme importancia que para el feminismo suponía la manifestación del próximo 8 de marzo. Preguntada qué le diría a quien no hubiera decidido aún acudir a una de las muchas manifestaciones que iban a celebrarse en toda España contestó: “Le diría que le va la vida” y que “tienen que formar parte de esto, que estamos en el siglo XXI y que por más que se empeñen quienes se empeñan, ya no tiene punto de retorno, ni en España ni en el resto del mundo”. Y remachó: “Le va la vida como ciudadana de una democracia”, porque el feminismo “es un movimiento suficientemente amplio, razonable. humanitario, progresista y generoso” como para acoger “a cada mujer que decida que, además de su vida personal, quiere tener una lucha colectiva, y a lo mejor sin etiqueta de un partido”.

Al comienzo de la manifestación del 8-M, a la altura del monumento a los Caídos por España sito en la Plaza de la Lealtad, la número dos del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, que encabezaba la representación de su partido con guantes de látex11, tras afirmar que “el feminismo es el punto de sostenibilidad de la democracia en el siglo XXI”, proclamó que se trataba de una “revolución de las mujeres”, “imparable, pacífica, absolutamente cargada de justificación”.

LA MANIFESTACIÓN DEL 8 DE MARZO Y LA PROPAGACIÓN MASIVA DEL CORONAVIRUS.

Desde las alarmantes informaciones procedentes de Italia y otros lugares de Europa, la semana anterior a la gran manifestación feminista hubo voces que advirtieron del grave riesgo que suponía mantener los eventos multitudinarios. La propia Comisión 8M convocante se hizo eco de la polémica y en rueda de prensa celebrada el 4 de marzo por su “vocera” Sara Naila Navacerrada, anunció que no se suspenderían las manifestaciones dado que Sanidad, “por el momento”, no veía necesario adoptar tal medida, si bien pidió que no acudieran personas con síntomas. Y añadió: ”Si hace falta tomar medidas las tomaremos, las primeras preocupadas somos nosotras”.

Fernando Simón continuaba minimizando el peligro. El 29 de febrero, con más de 50 infectados en España, a pesar de que la OMS había alertado una “amenaza muy alta”, declaraba que no había que caer “en el alarmismo” y como en las fotos que se publicaban sobre China y otros países el uso de la mascarilla era denominador común, manifestó que “las mascarillas no son necesarias para ir a la calle”. Sobre las medidas recomendadas por la OMS, entre ellas el confinamiento que se había aplicado drásticamente en Wuhan y ya se había comenzado a practicar en Italia, señaló que “cualquier medida de distanciamiento social tiene consecuencias muy gordas (sic). No hay prácticamente ninguna certeza de que éstas favorezcan el control del coronavirus”.

Día tras día, como ya expusimos, en los primeros días de marzo el número de personas infectadas en España por el coronavirus no dejaba de crecer y de modo especial en Madrid con más de la mitad de las personas infectadas. En Italia la extensión de la epidemia parecía incontenible y transmitir la idea de que España era prácticamente invulnerable constituye un atentado contra la salud pública. Pedro Sánchez estaba plenamente informado, al igual que el ministro de Sanidad. Este confesaría el 25 de marzo que el foco máximo de infectados por coronavirus en la Comunidad de Madrid “se produjo a finales de febrero”, es decir, una semana antes de la manifestación. Ya hemos demostrado cómo todos los responsables de velar por la salud de los españoles lo sabían. Sin duda, Carmen Calvo e Irene Montero tenían interés político y personal en que se celebrara por encima de todo la manifestación, convencidas como estaban de que iban a recibir un baño de multitudes que consolidaría su liderazgo en el movimiento de la revolución feminista. Les iba la vida en ello.

El 4 de marzo se produce la visita sorpresa de Sánchez al CCAES  (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) de Fernando Simón, del que informa Moncloa difundiendo un vídeo y una serie de fotos de la reunión con Fernando Simón y todo su equipo. A la salida el presidente hace unas manifestaciones tranquilizadoras. En aquellos momentos se había contabilizado un fallecido. Pero el día 5 los muertos eran 3. El día 6, 5, el 7, 8 y el 8 por la mañana 17.

La visita al CCAES tuvo lugar el mismo día en que el informe diario del CCAES informaba de que el ministro de Sanidad había resuelto que los eventos de competición deportiva profesionales donde se espera una alta presencia del público proveniente de las zonas de riesgo entre ellas las 4 regiones del norte de Italia. Cabe pues preguntarse; ¿Nadie informó que permitir la manifestación era una temeridad? ¿Cómo podía controlarse qué personas provenientes de las regiones del norte de Italia no estuvieran ya en Madrid? ¿Cómo es posible que no tuvieran en cuenta que buen número de aficionados españoles había acudido a Italia para presenciar el partido entre el Valencia Club de Fútbol y el Atalanta de Bérgamo y estaba comprobado que muchos volvieron infectados? ¿O que no se hubieran suspendido los vuelos con China de modo que entre el 2 y el 8 de marzo llegaron a Madrid 11 aviones de pasajeros procedentes del gigante asiático? ¿Acaso no le informaron a Sánchez que, según las mediciones del propio Centro dirigido por Simón, España estaba en un escenario nivel 1, que recomendaba “suspender eventos con gran número de personas”? ¿Ni tampoco le dijeron una palabra de que el Centro Europeo de para el Control y Prevención de Enfermedades había recomendado el 2 de febrero “evitar concentraciones masivas innecesarias” para frenar la expansión del coronavirus?

Probablemente Fernando Simón se arrepentirá toda su vida de haber contestado el 7 de marzo a una pregunta sobre si recomendaría la asistencia a la manifestación feminista del día siguiente que él no recomienda “a nadie nada”, que cada persona debe considerar si asistir o no a celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero que “si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera”.

Claro es que si autorizaban la manifestación feminista no podrían prohibir la celebración de otros eventos multitudinarios. De ahí que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid llegara a autorizar 77 manifestaciones entre los días 7 y 8 de marzo. Entre ellas el mitin de Vox en el Palacio de Vista Alegre de Madrid que reunió a varios miles de personas donde el número 2 del partido acudió a pesar de tener síntomas claros de estar contagiado por el coronavirus. Hubo numerosos eventos deportivos y el público llenó los teatros y cines madrileños. Lo mismo ocurrió en toda España, aunque no con la intensidad que en Madrid.

A MODO DE CONCLUSIÓN.

Una conclusión se impone. En el Gobierno todos lo sabían. La principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primera Carmen Calvo –que padeció en su propia carne la capacidad destructiva del virus por haber mantenido contra viento y marea la celebración de la manifestación feminista a sabiendas del riesgo que corría-, con el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que ante la baja forzosa de la Sra. Calvo asumió de facto sus funciones y no dudó un instante en alentar la participación en la manifestación-, con el ministro de Sanidad Luis Illa, que tenía la última palabra en las materias sanitarias y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España por lo que a la vista de los datos sobre la extensión de la pandemia, con 17 muertos registrados entre el día 7 y el 8 por la mañana estaba obligado a aplicar las recomendaciones tantas veces reiteradas por los organismos internacionales de evitar las aglomeraciones y, por tanto, prohibir la realización de la manifestación y de los eventos multitudinarios realizados el fin de semana del 6 al 9 de marzo; con otra gravísima responsabilidad añadida, cual es la de no haberse movilizado en tiempo y forma para dotar al sistema nacional de salud del material necesario para que el personal sanitario no estuviera desnudo frente al virus por carecer durante un par de semanas de batas impermeables, mascarillas quirúrgicas, gafas y guantes de nitrilo; con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el juez reconvertido en político al servicio del radicalismo socialista cuyo propio servicio de Prevención de Riesgos Laborales le había alertado de la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de mascarillas y guantes al menos en las zonas fronterizas y aéreas y debió preparar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el material necesario para hacer frente al coronavirus sin poner en riesgo su integridad física; y con la ministra de Igualdad Irene Montero, que invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a concurrir a la misma a sabiendas del riesgo que corrían12. Por último, ha de contemplarse las responsabilidades del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco13. Él estaba obligado a firmar la resolución de suspensión de la manifestación y de todos los eventos multitudinarios en Madrid amparados por el derecho de reunión y de manifestación porque sabía que al no hacerlo vulneraba las recomendaciones de los organismos internacionales. Ahora bien, en este caso, tanto la decisión de permitir la manifestación no la tomó por sí y ante sí sino que actuó siguiendo las directrices emanadas de la Presidencia del Gobierno y de las autoridades sanitarias así como las órdenes del ministro del Interior.

Y merece capítulo aparte el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) Fernando Simón a quien no sele pueden exigir responsabilidades políticas porque ostenta la condición de funcionario, pero sí encajaría en diversos supuestos tipificados en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. De la lectura de los informes elaborados bajo su dirección técnica se desprende la existencia de una flagrante contradicción entre la cruda realidad de los datos que manejaba y sus palabras en su diaria comparecencia ante los medios de comunicación para informar a la ciudadanía de la evolución de la pandemia y de las medidas adoptadas para combatirla. Es también otro hecho probado que desde el inicio mismo de la crisis sanitaria su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación con arreglo a los datos obtenidos por el CCAES sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno, justificando todas sus decisiones. La presentación que se hizo de su trayectoria profesional calificándolo como el mayor experto de nuestro país en materia epidemiológica proporcionó al ejecutivo un escudo protector al quedar avaladas sus políticas por el grupo de expertos del Centro de Coordinación.

Desde el punto de vista jurídico-penal, la prevaricación aflora con claridad en las conductas anteriormente descritas. Otros delitos ofrecen mayor dificultad porque hay que establecer una relación de causa efecto no de manera genérica sino en relación con cada caso concreto, es decir, entre la muerte producida y la actuación culposa o dolosa de la Administración identificando además su responsable directo. Hay letrados que sostienen que los miembros del Gobierno son responsables de miles de delitos de homicidio por imprudencia o negligencia no dolosa. Se trata de un asunto objeto de gran controversia que sin duda tendrán que resolver las altas instancias judiciales.

Dentro de la Jurisdicción contencioso-administrativa no sería descartable la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración con la consiguiente reclamación indemnizatoria de daños y perjuicios. La Ley Orgánica de los estados de alarma excepción y sitio de 1981 establece en su artículo 3º, 2, que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de tales estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”. Se objetará por la Administración, sin duda, que en las leyes que regulan su responsabilidad patrimonial se excluyen los supuestos “de fuerza mayor”. Los letrados del Estado alegarán que esta circunstancia concurre en el coronavirus y exime a la Administración de cualquier responsabilidad. Ahora bien, el supuesto de fuerza mayor exige que los sucesos no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables. No hay duda de que es un hecho probado la concurrencia de ambos supuestos. Pudo preverse y no se tomaron las medidas adecuadas a su debido tiempo. Y al no tomarse tales medidas los hechos previstos se convirtieron en inevitables. Una responsabilidad que puede exigirse tanto por los familiares de las víctimas como también por cuantos se han visto obligados a cesar en su actividad (especialmente autónomos y pequeñas y medianas empresas) se han visto obligados a la quiebra o al concurso a causa del frenazo en seco de la economía decretado por el Gobierno.

Termino con la reproducción de las palabras del presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, que demostró una extraordinaria honradez política al decir el 9 de marzo de 2020: “Habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo”. Eso fue, precisamente, lo que ocurrió en España. Otra cosa es que la propaganda gubernamental, sólidamente apoyada por una poderosa flota mediática, ha conseguido convertir en simples estadísticas la gran tragedia que representa la muerte de más de treinta mil personas como mínimo por causa de un coronavirus cuya dimensión entre nosotros pudo haberse mitigado en gran medida (ahí está el caso de Portugal, que registra diez veces menos de víctimas que España). Fallecimientos anónimos, pues en su inmensa mayoría no se conoce su identidad, enterrados casi en la clandestinidad, y por quienes ni siquiera se ha decretado luto oficial.

Estoy muy de acuerdo en que al responsable máximo, Pedro Sánchez, no le absolverá la historia. Pero los españoles no podemos esperar a que se produzca su veredicto. Resulta imprescindible impulsar la acción de la justicia, ya que de diluir las responsabilidades políticas ya se ocuparán los socios de un Gobierno integrado por socialistas radicales, comunistas bolivarianos e independentistas de todos los colores que han visto en el coronavirus y el derrumbamiento económico producido una oportunidad para tratar de acabar con la democracia en España.