La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la decisión del Gobierno PSOE-Podemos de acercar al País Vasco a cuatro asesinos de la banda terrorista ETA:  Balbino Sáez Olarra, Asier Mardones Esteban, Asier Rodríguez López  y Julián Achurra Egurola 'Pototo'. De esta forma, el dúo Pedro Sábchez y Fernando Grande-Marlaska continúan pagando sus deudas con la formación filoetarra Bildu, una de las que les mantienen vivo el Ejecutivo de extrema-izquierda.

La AVT destaca que, en esta ocasión, y según la información facilitada por el Ministerio del Interior, "no consta que ninguno de ellos haya colaborado con la Justicia, ni que se hayan desvinculado de la organización terrorista ETA, ni que hayan deslegitimado su actividad criminal, ni que hayan condenado el uso de la violencia, y ni que hayan aceptado la legalidad penitenciaria. Además, los cuatro presos tienen pendiente por cumplir aproximadamente más de la mitad de la condena a la que fueron sentenciados".

El etarra Balbino Sáez Olarra, fue condenado a 108 años de prisión por el intento de asesinato de los ex ministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Fernández, y el atentado fallido contra dos furgones policiales que prestaban su servicio durante los partidos que se disputaban en el estadio de Vallecas, en 2002. Lleva diez años en la cárcel y le quedaría aproximadamente la mitad de pena por cumplir.

Asier Mardones, fue condenado a 74 años de prisión como autor del atentado que se produjo el 14 de septiembre de 2003 en el Alto de Herrera (Álava), en el que murió el también terrorista Arkaitz Otazua y resultaron heridos dos miembros de la Ertzaintza. Lleva 16 años en prisión y le quedaría casi la mitad de pena por cumplir.

Asier Rodríguez López, fue condenado a 22 años y seis meses de prisión a por intentar asesinar a dos miembros de la Ertzaintza mediante el lanzamiento de cócteles molotov dentro del vehículo que conducían. Lleva 10 años en prisión y le queda prácticamente la mitad de pena por cumplir

Julián Achurra ‘Pototo’ fue condenado a 32 años de prisión por, entre otros delitos, ordenar y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro de Ortega Lara. Además, hay que sumar 46 años de prisión por dos atentados frustrados contra una casa cuartel de la Guardia Civil y un agente de la Guardia Civil, en julio y agosto de 1986, respectivamente. Lleva siete años en prisión y le queda más de la mitad de pena por cumplir.