El abogado navarro Jaime Ignacio del Burgo ha denunciado ante el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios ministros de éste por un presunto delito de prevaricación al alentar, consentir y autorizar la gran manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid y en otras ciudades españolas “con plena consciencia de que se corría el riesgo de un crecimiento exponencial de la propagación del coronavirus que en el momento de su celebración ya había causado la muerte de 17 personas, 8 de ellas en Madrid y de la existencia de dos núcleos de contagio en la capital”.

El denunciante acompaña su escrito ante el Tribunal Supremo con una extensa investigación de la que se desprende que, en el Gobierno, “todos lo sabían”. “La principal responsabilidad política corresponde al presidente Pedro Sánchez, que la comparte con la vicepresidenta primera Carmen Calvo –que padeció en su propia carne la capacidad destructiva del virus por haber mantenido contra viento y marea la celebración de la manifestación feminista a sabiendas del riesgo que corría-.”

Del Burgo explica, además, que el “vicepresidente segundo Pablo Iglesias, ante la baja forzosa de la señora Calvo, asumió de facto sus funciones y no dudó un instante en alentar la participación en la manifestación-”.

Las presuntas responsabilidades también se extienden al “ministro de Sanidad Luis Illa, que tenía la última palabra en las materias sanitarias y conocía minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en el mundo y en España por lo que a la vista de los datos sobre la extensión de la pandemia, con 17 muertos registrados entre el día 7 y el 8 por la mañana, estaba obligado a aplicar las recomendaciones tantas veces reiteradas por los organismos internacionales de evitar las aglomeraciones y, por tanto, prohibir la realización de la manifestación y de los eventos multitudinarios realizados el fin de semana del 6 al 9 de marzo; con otra gravísima responsabilidad añadida, cual es la de no haberse movilizado en tiempo y forma para dotar al sistema nacional de salud del material necesario para que el personal sanitario no estuviera desnudo frente al virus por carecer durante un par de semanas de batas impermeables, mascarillas quirúrgicas, gafas y guantes de nitrilo”.

El abogado navarro aplica también la posible responsabilidad al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “el juez reconvertido en político al servicio del radicalismo socialista cuyo propio servicio de Prevención de Riesgos Laborales le había alertado de la necesidad de dotar a las fuerzas de seguridad de mascarillas y guantes al menos en las zonas fronterizas y aéreas y debió preparar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el material necesario para hacer frente al coronavirus sin poner en riesgo su integridad física” y a la ministra de Igualdad Irene Montero, que invirtió una ingente cantidad de dinero en la propaganda institucional de la manifestación feminista y arengó a las mujeres a concurrir a la misma a sabiendas del riesgo que corrían”.

Para el demandante, un capítulo aparte merece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, a quien no se le pueden exigir responsabilidades políticas porque ostenta la condición de funcionario, “pero sí encajaría en diversos supuestos tipificados en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. De la lectura de los informes elaborados bajo su dirección técnica se desprende la existencia de una flagrante contradicción entre la cruda realidad de los datos que manejaba y sus palabras en su diaria comparecencia ante los medios de comunicación para informar a la ciudadanía de la evolución de la pandemia y de las medidas adoptadas para combatirla. Es también otro hecho probado que desde el inicio mismo de la crisis sanitaria su función no fue la de informar de forma absolutamente veraz e independiente sobre la situación con arreglo a los datos obtenidos por el CCAES sino la de un portavoz político que sirve fielmente a los intereses del Gobierno, justificando todas sus decisiones. La presentación que se hizo de su trayectoria profesional calificándolo como el mayor experto de nuestro país en materia epidemiológica proporcionó al Ejecutivo un escudo protector al quedar avaladas sus políticas por el grupo de expertos del Centro de Coordinación”.

Por todo esto, Jaime Ignacio del Burgo dirige en el Tribunal Supremo su denuncia contra las siguientes personas:

1º. Don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno.

2º. Doña Carmen Calvo Poyato, Vicepresidenta primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática así como Presidenta del Comié interministerial para luchar contra el coronavirus creado por Real Decreto de 4 de febrero de 2920.

3º. Don Pablo Iglesias Turrión, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales y de la Agenda 2030. 4º. Don Salvador Illa Roca

5º. Don Fernando Sánchez Marlasca, Ministro del Interior 6º. Doña Irene Montero Gil, Ministra de Igualdad.

7º. Don José Manuel Franco Pardo, Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid.

8º. Don Fernando Simón Soria, director del Centro de Coordinación de Alarmas y Epidemas Sanitarias del Ministerio de Sanidad.