Estos días conocíamos la decisión del Parlamento de Navarra con el apoyo del PSN-PSOE además del resto de fuerzas del pentapartito social-separatista de retirar el cuadro del rey emérito Juan Carlos I debido a las informaciones periodísticas aparecidas en las cuales, parece ser que se le podría investigar por determinadas actividades presuntamente delictivas. Hay que señalar que en estos momentos ni el rey emérito está imputado ni muchísimo menos condenado en firme por ningún tribunal, lo que no quita que pueda haber cometido hechos reprobables desde un punto de vista moral y judicial (en este último caso veremos lo que dictan los tribunales en su momento).

Cada vez está más claro y evidente que el PSN-PSOE ha servido de muletilla-recambio y que se ha sumado de manera entusiasta al proyecto podemito-separatista que empezó su andadura en 2015 de la mano de Uxue Barcos. También nos encontramos con la doble moral y la doble vara de medir de unos proyectos políticos discutiblemente democráticos que no solo pretenden utilizar determinadas informaciones periodísticas o judiciales como cortinas de humo por todo lo que tienen que esconder a la opinión pública, sino que están trabajando por proyectos políticos a más largo plazo y de profundo calado.

A nadie se le escapa que IU, Podemos y evidentemente todos los separatistas con independencia del pelaje al que pertenezcan tienen entre sus objetivos tumbar la monarquía parlamentaria como forma de régimen en España y sustituirlo por una República federal (en unos casos) o varias repúblicas independientes en otros. La novedad estriba en que el PSOE del señor Sanchez se está sumando a esta corriente y cada vez está más cerca de los planteamientos de república federal de Podemos e IU/PCE y mas lejos del consenso de la Transición que tan provechoso nos ha sido y que el señor Zapatero comenzó a dinamitar a partir de 2004.

Una información periodística o judicial no puede ser coartada para tomar determinadas decisiones, ni siquiera la condena en firme (si se diera el caso) del anterior jefe del Estado debería ser excusa para retirar su retrato de ninguna institución navarra, ya que no deja de ser un personaje de la historia de España. Sin embargo, si acudimos a la vara de medir de la izquierda y el separatismo, y por tanto asumimos que la condena o la sospecha penal o periodística de que un determinado personaje público o institucional que se haya visto envuelto en un caso de corrupción debe suponer la automática retirada de su retrato de una institución, los partidos de la oposición, los medios de comunicación libres e independientes y la ciudadanía navarra en general, deberíamos exigir al actual Gobierno encabezado por la socialista María Chivite que retiren de la galería de Presidentes (as) de Navarra los retratos de los socialista Gabriel Urralburu Tainta (condenado en firme por corrupción a 11 años de prisión, llegó a ingresar en prisión y todavía no ha devuelto el importe económico al que fue condenado por los tribunales) y Javier Otano Cid (tuvo que dimitir por unas cuentas en Suiza y finalizó su carrera política en 1996 y la Justicia  archivó la causa por prescripción del delito, no por absolución del personaje).