La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada, presuntamente, a favorecer la llegada y la permanencia de inmigrantes ilegales en España. La operación policial se ha saldado, por ahora, con diez detenidos, ocho de ellos en Bilbao, uno en Irún y otro en Santander. 

Según ha informado la Policía Nacional, con la desarticulación de esta banda, en el marco de la denominada operación 'Cayón' -por la localidad cántabra donde comenzó-, se ha evitado la concesión de 36 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y, también, el 'efecto llamada' que la actividad estaba generando en este valle de la región y, por extensión, en las solicitudes de reagrupación familiar.

Según informa Europa Press, la investigación se inició a raíz de una comunicación de la Policía local de Santa María de Cayón el pasado 17 de febrero del 2020 en la que informaba del incremento "inusual" de solicitudes de empadronamiento en los pueblos cántabros de Santa María de Cayón, Castañeda y Penagos. En estos empadronamientos figuraban en todos ellos contratos de arrendamientos que eran tramitados por una ciudadana española que regentaba una inmobiliaria.

A raíz de esta información los investigadores iniciaron gestiones que revelaron la existencia de una inmobiliaria que se estaba dedicando al alquiler de pisos en esas zonas.

Con posterioridad, una vez obtenidos de los ayuntamientos respectivos los certificados de empadronamiento y de convivencia, pedían en la oficina de Extranjeros de Santander solicitudes de reagrupación familiar.

La dirección de la trama la llevaba la propietaria de la agencia inmobiliaria asentada en Santa María de Cayón, quien además dedicarse al alquiler de los pisos, intermediaba en las gestiones que se debían realizar en los ayuntamientos y en alguna ocasión presentó documentación en la Oficina de Extranjeros, bajo la excusa de que los solicitantes de las reagrupaciones no hablaban español. Debido a que los extranjeros que alquilaban los pisos no residían en los mismos, la gestora de la inmobiliaria coordinaba el pago de los suministros, entre los propietarios y los arrendatarios.

El sistema utilizado consistía en la oferta de los pisos que la agencia inmobiliaria controlaba para ciudadanos extranjeros que residían y trabajaban en el País Vasco. Una vez contactaban con la agencia, se desplazaban a los pisos para firmar los contratos de alquiler, dándose la circunstancia que se rubricaban dos veces y en lugares diferentes, no llegando nunca a coincidir los propietarios y los inquilinos.

Una vez obtenidos los documentos que precisaban (certificados de empadronamiento y convivencia), regresaban al País Vasco, no llegando a residir nunca en los domicilios que arrendaban. Se da la circunstancia que alguno de los pisos que se ofertaban fue alquilado tres veces en un año.

En las declaraciones que se practicaron a los propietarios, estos manifestaron que no llegaron a conocer personalmente a sus inquilinos, que recibían mensualmente la renta en sus cuentas y que los recibos de suministros los enviaban directamente a la agencia inmobiliaria, quien se encargaba de gestionar el cobro de los mismos.

En total, se han detenido a ocho personas en Bilbao por delitos de falsedad documental, una en Irún por el mismo motivo y en Santander fue arrestada la principal investigada por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.