Libertades y derechos individuales que han sido conculcados hasta el momento en España.

No voy a hacer un recorrido por cada caso, como el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos. El derecho a aprender de forma culta, en todos sus registros, la lengua común de la Hispanidad que es la que nos permite entendernos más de 600 millones de habitantes en el mundo. El derecho a la integridad física y moral, conculcada durante décadas por el terrorismo de ETA, cuyos miembros están recibiendo beneficios penitenciarios sin merecerlo. El derecho de libre tránsito por el territorio español que conlleva el derecho a recibir los mismos servicios y asistencia sanitaria en todo el territorio, que aún conserva el apellido “nacional”, cosa que no responde a la realidad. Si usted se desplaza a otra zona distinta a la que está censado, se puede encontrar con que si necesita una consulta oftalmológica o de otro tipo puede que no le reciban por no tener la tarjeta sanitaria de esa comunidad. Y así un largo etc.

Por no extenderme, se está conculcando el derecho principal recogido ya en su momento en la Constitución de Cádiz. La Constitución de 1812, que supuso un cambio de un régimen monárquico absolutista a otro constitucional, recogía como pilar fundamental de su sistema de derechos el derecho a la propiedad.

Pues bien, en España ese derecho no existe. Me explico: Podemos registrar una propiedad. Con ello nos aplican una serie de tasas y pagos para que conste bajo nuestra jurisdicción. Para ello tenemos que pagar múltiples impuestos: IBI, IVA, de plusvalía municipal, de patrimonio, de sucesiones, etc. Es decir, tener una propiedad supone una serie de cargas y gastos, incluyendo cuotas de participación en los gastos comunitarios, etc. Si sumáramos todos estos gastos, nos asustaríamos el dinero que cuesta tener esa propiedad bajo nuestro dominio. Pero después de todo este lío de pagar todo ese dinero, además de lo que cueste el valor del inmueble por el cual nos hemos endeudado para décadas de nuestra vida en una hipoteca sobre la cual también se aplican gastos notariales, bancarios, intereses y demás para vaciar nuestro ya endeble bolsillo, podemos vernos en la circunstancia de que unos perroflautas cualquiera se nos metan en nuestra propiedad, hagan uso impune de ella, asaltando mediante la fuerza sobre las cosas de esta propiedad, usando el gas, la calefacción, el teléfono, la electricidad, el agua, etc, con cargo al propietario, claro está ,que para eso lo es, y pese a denuncias, costes de abogado para la correspondiente actuación judicial de desalojo que puede tardar meses o años en producirse por una situación de colapso judicial, no haya manera de echar a los intrusos e, incluso, no se les pueda privar de los servicios que el propietario paga a los ocupantes ilegales.

Perdonen, pero yo no sé en qué país vivo. Esto no lo entiendo. A ver si alguien me lo puede explicar. Además si, en el uso legítimo de defensa  de mi propiedad y tratando de recuperarla, le atizo en mala parte del cuerpo un garrotazo a uno de los ocupantes, puedo ir a la cárcel. ¿Me pueden decir dónde está el Estado de Derecho?  Si la Constitución, el Estado, la Policía, los fiscales al servicio de las estrategias gubernamentales y demás vividores a cuenta de mis impuestos, no protegen mis derechos, yo me considero legitimado para no cumplir la ley. Y lo puedo hacer burlándola y no siendo leal a la Constitución que supuestamente, solamente en la letra y, se supone que en el espíritu, me debe proteger.

Si los partidos políticos no corrigen esto, yo me creo en la obligación de denunciar a esos partidos políticos por prevaricación, bien por omisión o por acción.

Y a Podemos y a Colau yo les digo que si a mí me sucede haré lo posible por ser okupa de la casa de Iglesias o de la Colau, o la de cualquiera de ellos, incluyendo ministras y/o ministros. ¿No es verdad que el artículo 14 de la Constitución Española asegura que todos somos iguales ante la ley? Pues si unos tienen barra libre, yo también. ¿O no?