Desde que estrenamos democracia, los partidos de izquierda siempre se han mostrado más proclives a la defensa de la identidad que a garantizar la igualdad de los ciudadanos en materia de deberes y derechos, que es lo que tradicionalmente se suponía que hacían mejor que los partidos conservadores, a los que se relacionaba más con la defensa de privilegios de casta. De todas formas, a lo largo de todas estas décadas, su política se ha ido desdibujando hasta el punto de que si analizamos sus discursos, sin que nos informen previamente de quien los pronuncia, nos cuesta distinguirlos del de los partidos nacionalista-etnicistas.

Partamos, por ejemplo, de la Conferencia nacional del PSC el 12 de octubre de 1994. Como de costumbre, no se abordó el tema lingüístico en profundidad, pero algunos de sus dirigentes se mostraron preocupados por una posible fuga de votos hacia el PP si seguían mostrando tibieza sobre este tema y se atrevieron a apelar a la “necesidad de desterrar cualquier posibilidad de división social por razones de origen o de lengua”.

Josep Mª Sala se mostró convencido de que debían ofrecer un “mensaje de tranquilidad frente a los planteamientos de CiU –defensora del monolingüismo a toda costa–, que acabarán por dividir a la sociedad catalana”. “Cataluña es un país bilingüe y hemos de defender el bilingüismo en todas partes”.

El primer secretario, Raimon Obiols, señaló como problema urgente la recuperación del consenso social sobre la normalización lingüística. Exigió a CiU y a su gobierno “que respetaran los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Cataluña y el de los padres de cada alumno a elegir, en los primeros pasos de la enseñanza, la lengua que desean para su hijo”. Recordó que “la defensa de la igualdad de derechos sociales, culturales y lingüísticos es uno de los elementos que justifican la trayectoria de este partido como fuerza progresista y popular”.

Sólo cuatro años más tarde, colaboraron activamente con la inconstitucional Ley de política lingüística de 1998 que permitía que la imposición del catalán invadiera hasta la esfera de las relaciones privadas como pueden ser las comerciales -las famosas multas por no rotular en catalán-. El día que se aprobaba la polémica ley, en vísperas de las navidades de 1997, la AT hizo pública su protesta en las proximidades del Parlament, representando, por medio de una parodia, el “entierro de la libertad lingüística”. A la salida, después de haber dado su voto afirmativo, el propio Obiols nos hizo un ostentoso corte de mangas.

Era todo un preludio. Gobernaron en coalición con IC y con ERC, y tiraron adelante un estatuto, que nadie pedía, que recogía todos los puntos de la mencionada ley del 98, incorporando un articulado en todos los ámbitos que dejaba sin efecto la Constitución española y que acabó en el Tribunal Constitucional (TC). Lideraron una manifestación en contra de la sentencia de dicho tribunal y propiciaron un clima de insurrección por todos conocido.

En el tema lingüístico, los “defensores de la igualdad y de la cohesión social” se han superado a sí mismos con unos argumentos para defender la inmersión que producen sonrojo en cualquier persona con unos conocimientos mínimos de lógica.

Como ejemplo, tomemos una fecha reciente. Sesión parlamentaria del 25 de abril de 2014 de debate de una moción, presentada por C’s (junto con las enmiendas a la misma del PPC), solicitando –al amparo de la STC de 2010 y de los recientes Autos del TSJC– la restitución del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y la garantía de cumplimiento estricto e inmediato de todas aquellas medidas cautelares dictadas por los tribunales, aunque sean impugnadas.

PSC (Rocío Martínez-Sampere Rodrigo)

“El catalán es vehículo de nuestra cultura. Y nosotros eso queremos que sea para todos, porque es nuestro concepto de nuestra cohesión social, que se basa en una cohesión civil y en una cohesión cultural. Y esto es el catalán y eso es la inmersión lingüística y eso es lo que apoya la mayoría de este Parlamento y la mayoría de la sociedad catalana.”

EUiA (Joan Mena Arca)

“La educación y el sistema de inmersión lingüística de Cataluña no es patrimonio de ningún tribunal, no es patrimonio de ningún juzgado, es patrimonio de todos los catalanes y de todas las catalanas y, por tanto, debemos decidir entre todos y entre todas, y esto es lo que  intentamos hacer.”

... “la gente en Cataluña habla el mismo castellano que en el resto del Estado, y son las pruebas diagnósticas que hace el Ministerio de Educación, que hace Madrid, que hace el Ministerio de  Educación; las competencias básicas de cuarto de la ESO, que nos dicen que son similares al castellano que se habla en Cataluña y el castellano que se habla en el resto del Estado, y las pruebas de acceso a las PAU , lo que antes eran las pruebas de selectividad , que nos dicen que hay más o menos la misma nota en lengua castellana, lengua y literatura castellanas, para los estudiantes de Cataluña y para los estudiantes del resto del Estado. Por tanto, no hay ningún problema lingüístico en Cataluña.”

Que la mayoría del Parlament –gracias a estos partidos que han olvidado el significado de la igualdad y de la democracia– apoya la inmersión, es una obviedad. Que la mayoría de la sociedad catalana la avale, está por ver. Les reto a que lo averigüen. No hace falta que convoquen una consulta ilegal. Basta que informen a todos de sus derechos y ofrezcan la casilla con la opción lingüística (catalán, castellano, o bilingüe) en las preinscripciones de matriculación.

Si estos señores reconocieran que la ley está por encima de sus intereses, se les podría decir que la doctrina constitucional está en contra del modelo de inmersión. En cambio, el modelo de conjunción lingüística sí que tiene el aval constitucional, como también lo tiene el de la doble red. En el de conjunción, los padres no pueden escoger una de las lenguas oficiales en exclusiva como vehicular; en el de doble red, sí. Lo que está claro es que si la Administración ofrece la enseñanza exclusivamente en la lengua cooficial, automáticamente, ha de proporcionar también la posibilidad de enseñanza exclusivamente en castellano.

Desde luego que el castellano que se habla en Cataluña es similar al que se habla en el resto del “Estado”. Otra cosa es que el nivel de competencia lingüística sea parecido; eso es poco probable, pero datos objetivos no tenemos puesto que, hasta ahora, no ha habido ninguna prueba común. En cuanto a los resultados de las PAU, habría mucho que matizar. El nivel de exigencia de catalán es muy superior al de castellano, así como el de éste es superior al de inglés. Por tanto, las calificaciones no son comparables. Si obviamos este detalle, cuando los alumnos sacan mejores notas en inglés que en español y en catalán –como ha ocurrido en mi instituto (Arnau Cadell de Sant Cugat) muchos años, por ejemplo– tendríamos que concluir que el idioma que dominan mejor es el inglés.

El caso es confundir al personal. A estas alturas, la inmersión ya no se puede justificar ni como medida de “fomento para normalizar el catalán”. Cualquier trato preferente, aunque sea en forma de porcentajes, otorgado a una de las lenguas cooficiales comporta un trato discriminatorio para una parte de la población y establece dos categorías de ciudadanía.