Jonan Fernández, hasta hace unas semanas secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno PNV-PSE, ha cambiado drásticamente de responsabilidades. De dedicarse oficialmente durante varias décadas a blanquear la actividad terrorista de ETA hasta el punto de diseñar un proyecto que quiso que el fundador de esta organización criminal se dedicara a dar conferencias en las escuelas vascas, ha pasado a liderar el comité técnico de seis personas que asesorará a las instituciones vascas frente al Covid-19. Este comité, además, elaborará cada dos semanas los diagnósticos y propuestas sobre la lucha contra la pandemia.

La historia política de Jonan Fernández Erdozia tiene sus orígenes en uno de los momentos más oscuros y perversos de las últimas décadas de la historia vasca: la construcción de la autovía de Leizarán (A-15) que une San Sebastián y Pamplona, cuyo actual trazado, denominado “San Lorenzo”, fue tutorizado y autorizado por ETA, convirtiendo a esta vía de comunicación en la única carretera de Europa, y quizás del mundo, diseñada, en gran medida, por una organización terrorista.

Los primeros bocetos en plano de la actual Autopista de Navarra (A-15), que convirtió en un trayecto de apenas unos minutos el viaje entre San Sebastián y Pamplona que entonces exigía casi dos horas de conducción por vías abruptas y peligrosas, comenzaron a dibujarse en 1985. Apenas unos meses después, el hoy responsable de luchar contra la pandemia de Covid-19 del Gobierno de Iñigo Urkullu, Jonan Fernández, que entonces era un desconocido concejal de Herri Batasuna (HB) -brazo político de la banda terrorista ETA- en la localidad guipuzcoana de Tolosa, ponía en marcha la Coordinadora Lurraldea, una organización presuntamente ecologista que denunciaba el primer trazado de la autovía “por los daños medioambientales que podía ocasionar” y que abogaba por variar el discurrir de la misma por “los perjuicios irreparables que ésta iba a provocar en el entorno natural”.

Esta movilizadora iniciativa “verde”, que había nacido con la simpatía y el asentimiento del entorno HB-ETA, fue rápidamente canivalizada en su totalidad por la organización criminal, que al instante comenzó una aberrante, feroz y despiadada campaña de atentados contra las empresas y las entidades bancarias vinculadas a la construcción de la futura autovía. Durante largos meses, los asesinos, acompañados políticamente por la Coordinadora Lurraldea y HB, cometieron casi doscientos atentados que provocaron daños económicos por valor de 1.500 millones de las antiguas pesetas (10 millones de euros). ETA asesinó a tres personas en esta brutal oleada de ataques, entre ellas, a José Edmundo Casañ, delegado de Ferrovial en Valencia, y a dos guardias civiles. Además, los terroristas enviaron decenas de cartas bomba a técnicos, empresarios y cargos públicos.

El 16 de octubre de 1989, y ante una nota hecha pública por ETA en la que la organización terrorista amenazaba a “todas las personas e instituciones que colaboren en la construcción de la autovía Irurzun-Andoain”, quien hoy dirige la lucha vasca contra la pandemia de Covid-19 aseguraba que su organización “no iba a pronunciarse” sobre las amenazas, ya que consideraba que las amenazas de ETA “han podido ser provocadas por una actitud de cerrazón de los partidos que controlan las instituciones de Navarra y Guipúzcoa”.

De este modo, a finales de los años ochenta, ETA, Herri Batasuna y la Coordinadora Lurraldea del hoy experto en Covid-19, Jonan Fernández, habían puesto en marcha, en comandita, una presión tan cruenta y asfixiante contra la construcción de la autovía de Leizarán que, en 1991, las empresas constructoras, tras mantener una reunión con la dirección de Herri Batasuna y recibir amenazas mafiosas por parte de ésta, se echaron atrás, abandonaron los trabajos y la Diputación guipuzcoana se vio obligada a rescindir el contrato de adjudicación del tramo de la carretera que pasaba por este territorio.

En este punto, Imanol Murua, entonces diputado general de Guipúzcoa por Eusko Alkartasuna (EA),  y su entonces diputado foral de transportes, Julen Goikoetxea, mantuvieron el proyecto técnico pactado intentando no ceder al chantaje del entorno radical ni a las presiones que, incluso, llegaban desde algunos de los funcionarios de la Diputación afines a las tesis la Coordinadora Lurraldea y de ETA. Tanto fue así, que para intentar seguir trabajando en el proyecto tal y como éste se había concebido en sus orígenes, el equipo de gobierno foral llegó a viajar a París para, tras largas negociaciones, fracasar en un intento de comprometer con las obras a un grupo de empresas francesas. Finalmente, la adjudicación se realizó a otra empresa constructora española, Ramos Hidalgo (más tarde quebrada), pero la solución final llegó apenas unos meses más tarde cuando, en 1992, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) pactó directamente con HB-ETA el nuevo diseño de la autovía. A cambio, HB apoyaría al candidato nacionalista Eli Galdos para que éste consiguiera ser elegido como Diputado General de Guipúzcoa.

El trazado pactado por PNV y HB, denominado “San Lorenzo”, es el actualmente existente y fue directamente aprobado por la organización terrorista ETA. Tanto fue así que, en el mismo momento en el que Eli Galdos anunciaba públicamente el nuevo acuerdo viario, dirigentes de Herri Batasuna como José Luis Elkoro y José María Olarra, brindaban públicamente con cava para demostrar a los medios de comunicación y a la sociedad vasca quiénes, de verdad, habían diseñado la gran infraestructura.

Mientras todo esto ocurría, en 1986 había nacido Gesto por la Paz de Euskal Herria que, durante los últimos años ochenta y primeros noventa del pasado siglo, impulsaría, por primera vez en la reciente historia del País Vasco, un tímido movimiento social contra la violencia terrorista de ETA. El auge de esta organización, y de otras similares que estaban surgiendo en las tres capitales vascas, preocupaba a ETA-Herri Batasuna, que ha tenido siempre como objetivo y estrategia principal controlar obsesivamente los más diversos ámbitos de actividad de la sociedad, desde los movimientos juveniles a los equipos deportivos, pasando por el mundo laboral, los espacios universitarios, el sector económico, los medios de comunicación o las más diversas iniciativas locales.

En este sentido, el proyecto pacifista puesto en marcha por Gesto por la Paz enfrentó a ETA-Herri Batasuna, por primera vez en mucho tiempo, a una realidad que se le escapaba de las manos: la de los movimientos “pacifistas”. Este incipiente desasosiego de los radicales violentos se vería rápidamente mitigado gracias a una nueva iniciativa de Jonan Fernández, el líder de la Coordinadora Lurraldea que, en aquellos momentos, y tras los excelentes servicios prestados a los terroristas al conseguir que éstos impusieron el trazado viario de la A-15 entre Andoain (Guipúzcoa) e Irurzun (Navarra), poseía influencia, prestigio y reconocimiento en el entorno de los asesinos.

Según documentos de la banda terrorista intervenidos por las fuerzas de seguridad a lo largo de los últimos años, Jonan Fernández presentó ante ETA-Herri Batasuna el diseño primal de una nueva entidad, denominada Elkarri, que habría de ser la aportación del nacionalismo radical a los movimientos sociales que estaban surgiendo en Euskadi en aquel momento y que habría de trabajar para contrapesar los planteamientos ideológicos que estaban esbozando ya organizaciones como Gesto por la Paz o Denon Artean (“Paz y Reconciliación”). ETA-Batasuna dio su visto bueno a la aparición de Elkarri, principalmente porque entendió que el principal objetivo que se había planteado esta organización era “contribuir a que las opiniones sociales mayoritarias y partidarias de una solución dialogada constituyesen una fuerza determinante para lograr la paz.”

Para el diseño, el desarrollo, la puesta en marcha y la progresiva implantación pública de Elkarri, que oficialmente nació a comienzos de 1992, Jonan Fernández contó con la ayuda, entre otros, de Juan Gutiérrez, entonces máximo responsable de Gernika Gogoratuz (inaugurada el 6 de noviembre de 1987), que era ya por aquel entonces una persona que contaba con una larga agenda de contactos políticos, sociales y culturales, tanto en el País Vasco como en el resto de España.

Quien se presenta como Juan Gutiérrez, aunque éste no sea su verdadero nombre, era y es un personaje peculiar en la vida político-social del País Vasco. Ingeniero de profesión, procedente de una familia cántabra de cierto abolengo, y convertido en la oveja negra ideológica de la misma, emigró a Alemania, donde trabajó y se casó con una joven germana, con quien algunos años después habría de regresar a San Sebastián. Poseedor de una estética algo estrafalaria y desaliñada, Gutiérrez, en la capital guipuzcoana, comenzó a trabajar en la Autoridad Portuaria de Pasajes hasta que convenció a su viejo amigo Joseba Arregui, nacionalista del PNV y entonces consejero de Cultura del Gobierno vasco de José Antonio Ardanza, para que éste, desde el Ejecutivo de Vitoria, financiara y obtuviera los necesarios apoyos políticos para la creación de un “Centro de Resolución de Conflictos” que habría de llamarse “Gernika Gogoratuz” (“Recordando Gernika”) y que, lógicamente, iba a dirigir él mismo.

“Gernika Gogoratuz”, gracias a los desvelos de Joseba Arregi, nació con el apoyo en pleno del Parlamento vasco, y, de hecho, muy ligado también al Gobierno central. Tanto es así que, por aquel entonces, Juan Gutiérrez, gracias a la amplitud de su agenda, mantenía una estrecha relación personal y un contacto permanente con Rafael Vera, entonces secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Felipe González y una de las personas con más poder en el Ministerio del Interior entre los últimos años ochenta y primeros años noventa del pasado siglo. Por este motivo, en los primeros pasos de “Gernika Gogoratuz”, Juan Gutiérrez no dudó en aceptar la ayuda de una persona de confianza de Rafael Vera: se trataba de Roberto Flórez García, un agente del entonces CESID (servicios secretos españoles) que, mucho tiempo más tarde, en febrero de 2010, sería condenado a 12 años de prisión y a la expulsión del cuerpo por vender información secreta a Rusia.

Junto con Roberto Flórez, que rápidamente se convirtió en su mano derecha y amigo personal, Juan Gutiérrez, a través de “Gernika Gogoratuz”, organizó la Segunda Conferencia Europea de Construcción de Paz y Resolución de Conflictos, que tuvo lugar en el Palacio de Miramar de San Sebastián en 1994. A la misma invitó a Jonan Fernández, que daba sus primeros pasos con Elkarri, a pesar de que Gutiérrez ya comenzaba a desconfiar de una organización que no trataba solamente de “mediar” en un irreal conflicto sino que, sobre todo, buscaba “imponerse” como mediador. La teoría dice que la mediación, en caso de producirse, solamente puede hacerse con el concurso y confianza de las partes enfrentadas y Jonan Fernández, desde el momento inicial del nacimiento de Elkarri, pretendía implicarse como intermediario ante un presunto conflicto que, previamente, ella misma se encargaba de definir e identificar. Esto no acaba de convencer a Juan Gutiérrez, pero, de cualquier modo, éste, que debía mantener canales abiertos con la autodenominada izquierda abertzale, continuó apoyando a Elkarri a través de Roberto Flórez García que, a su vez, ya había labrado cierta amistad con Fernández y que se mantenía a caballo entre “Gernika Gogoratuz” y “Elkarri”, obteniendo para las fuerzas de seguridad una visión privilegiada de cómo se estaba diseñando la “mediación” vasca. Y así fue hasta 1998, cuando Roberto Flórez tuvo que abandonar rápidamente Euskadi, con destino a un país sudamericano, después de que se descubriera que la sede de Herri Batasuna en Vitoria había sido intervenida con escuchas.

Durante sus primeros años de actividad, el hoy responsable de la lucha contra la pandemia, Jonan Fernández, a través de Elkarri, centró sus esfuerzos en buscar argumentos que transmitieran gráficamente el planteamiento de que en el País Vasco existía un conflicto entre dos partes enfrentadas y que de este choque solamente podía salirse a través de un proceso de negociación y diálogo equitativo entre ETA y el Gobierno. De hecho, Elkarri desarrolló varios conceptos para transmitir este mensaje: la idea del “empate infinito” (1995) trataba de evidenciar la poca utilidad contra ETA que, según su criterio, tenían las distintas estrategias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado; el “tercer espacio” (1996) fue un término acuñado por Elkarri para, poniendo en un mismo plano de legitimidad a víctimas y verdugos, describir la existencia, en su opinión, de un espacio social mayoritario, que “ni aceptaba la violencia ni compartía el inmovilismo”; la propuesta Izan (1997), fue una iniciativa sobre la Adicional Primera de la Constitución y los Derechos Históricos que, en opinión de la coordinadora dirigida entonces por Jonan Fernández, demostraba que existían vías compartibles y transitables para “encontrar una salida” política a la violencia terrorista y a las amenazas proetarras.

Con este bagaje teórico, Jonan Fernández puso en marcha dos tan pomposas como fracasadas “Conferencias de Paz” que únicamente tenían un único fin: conseguir instaurar colectivamente la idea de que era necesario dialogar con los terroristas, que la solución al “conflicto vasco” pasaba indefectiblemente por pactar y ceder con los criminales y que en Euskadi existe “un problema político” que es previo al problema terrorista.

La consolidación de Elkarri como un movimiento ciudadano cada vez con más influencia tuvo lugar en el tiempo paralelamente a la aprobación por parte de ETA-Herri Batasuna de lo que se conoció como la “ponencia Oldartzen” (1994), un programa aberrante de acciones terroristas que tenía como único objetivo doblegar al Estado democrático para que éste negociara con los criminales y que apostó, sin ambages, por asesinar a políticos no nacionalistas, por ampliar la amenaza criminal a los medios de comunicación y, en el cénit de su delirio totalitario, por “extender el sufrimiento a toda la sociedad vasca”. Como consecuencia de ese planteamiento, durante los años noventa del pasado siglo la banda terrorista ETA cometió algunos de sus atentados más sanguinarios, incluyendo el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, e incrementando las actuaciones de terror callejero hasta límites difíciles de soportar.

Ante esta situación, y ante la necesidad de desmarcarse de ETA-Herri Batasuna, Elkarri volvió sus ojos al mundo nacionalista tradicional, representado entonces por el PNV y EA, fundamentalmente, donde su condena genérica de “todas las violencias” y su ética blanda tendente a denunciar los crímenes mientras se comprendía a los verdugos, encajaba a la perfección.

De este modo, Fernández se convirtió en uno de los asesores de cabecera de Juan José Ibarretxe, en aquel entonces lehendakari independentista del PNV y, durante los más de diez años que éste se mantuvo en el poder, Elkarri recibió subvenciones y ayudas que superan los seis millones de euros para, fundamentalmente, seguir haciendo lo que había hecho desde sus orígenes: reiterar tanto como fuera posible una mentira que, a fuerza de ser muchas veces escuchada, terminara convirtiéndose en algo parecido a una verdad o, lo que es lo mismo, conseguir que los ciudadanos vasco se creyeran que el gran problema de Euskadi es el enfrentamiento eterno e infinito entre dos extremos igualmente repudiables: ETA y el Estado español.

Creyendo haber logrado este objetivo, Elkarri decidió en su VIII y última asamblea general promover la creación de una nueva organización social, adaptada a la nueva situación y a nuevos retos. En 2003, la coordinadora liderada por Jonan Fernández consideró que ya “había preparado” a la sociedad vasca para el camino hacia la paz, es decir, que ya había instaurado en el cuerpo social unas ideas básicas para afrontar “el proceso” que, en su opinión, estaba a punto de llegar y que José Luis Rodríguez Zapatero habría de poner en marcha unos meses más tarde, en 2004, emprendiendo, de una forma escandalosa, demencial y espuria, una negociación directa con la banda terrorista ETA que habría de finalizar con el atentado de la T-4 de Barajas, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2006 y en el que dos personas más fueron asesinadas por los criminales.

Tras finalizar su labor a través de Elkarri, Jonan Fernández se marchó al Santuario de Aránzazu, donde rebosante de ayudas oficiales puso en marcha un nuevo “Centro por la paz y de elaboración ética de conflictos” llamado Baketik, donde se dedicó, entre otras cosas, a publicarse sus propios libros y a implementar programas de inteligencia emocional dirigidos a la “reconciliación” entre víctimas y verdugos. Allí se mantendría hasta el 22 de abril de 2017, momento en el que el lehendakari Iñigo Urkullu le rescató para convertirle en su secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación.

Su objetivo desde este puesto lo define él mismo: “Mi labor consiste en contribuir, como Gobierno, a la consolidación de la Paz y la Convivencia en Euskadi. Mi cometido principal consiste en propiciar el clima adecuado para favorecer consensos entre instituciones, entre partidos políticos y entre agentes sociales para avanzar hacia una paz estable y duradera, y una convivencia sólida a través de la revisión crítica del pasado, el reconocimiento de la vulneración de derechos humanos y la reparación de todas las víctimas”.

En 2013, Jonan Fernández es nombrado por el lehendakari Urkullu secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, cargo en el que permanecerá hasta el mes de septiembre de 2020, cuando es nombrado secretario general de Transición y Agenda 2030 del Gobierno Vasco. Desde ese puesto luchará contra… el Covid-19.