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Martes, 13 de Octubre de 2020 Tiempo de lectura:
El poder judicial dice que la reforma 'exprés' pergeñada por el Ejecutivo de extrema-izquierda "es inconstitucional"

El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dinamita la Justicia

[Img #18749]Después de poner a la Fiscalía a sus órdenes y tras dinamitar la Abogacía del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias busca ahora pisotear el Consejo General del Poder Judicial. Para ello está la reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, y que ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones, que la califican de "inconstitucional".

 

La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)  se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación "abiertamente inconstitucional" porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las Cortes. Además, añade que la vía de la proposición de ley también "plantea serias dudas de incosntitucionalidad" porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, "algo básico en la cuestión".

 

Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

 

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un "despropósito" y va "en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho".

 

La propuesta tampoco ha gustado en el Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recuerdan que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las Cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las Cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.

 

La Constitución no establece la mayoría precisa para nombrar a los 12 vocales judiciales, porque lo que se representaba, "con una imprecisión en la redacción de la que se han aprovechado los políticos", según las fuentes consultadas, es que los doce vocales judiciales fueran nombrados por los jueces y que las cortes solo nombraran a ocho vocales con mayoría reforzada.

 

"Pero si se aprovecha la mala redacción de la Constitución, porque no dice expresamente que los 12 vocales judiciales los nombren los jueces, y se optó en 1985 porque todos los vocales sean nombrados por las Cortes, lo que no tiene explicación constitucional es que para nombrar a los ocho vocales no judiciales la Constitución exija a las Cortes mayoría de tres quintos, pero para los judiciales, que son la mayor parte del órgano, se exija un apoyo inferior", añaden

 

Así, las fuentes consultadas inciden en que la mayoría reforzada viene exigida "como precaución para que el Poder Judicial no se nombre por la misma mayoría parlamentaria que nombra al Ejecutivo, y es así precisamente para que la mayoría parlamentaria no puedaconvertir al consejo general del poder judicial en un organismo que sea correa de transmisión de un partido".

 

El sistema que se sugiere con la reforma, anunciada además por un vía distinta a la presentación de un Anteproyecto, destroza políticamente la credibilidad de independencia. "Si ya se criticaba la imparcialidad política del CGPJ, porque lo nombraba todo el espectro político puesto de acuerdo, así sería ya intolerable, porque lo nombraría la mayoría ideológica que surge después de cada proceso electoral", dicen los magistrados consultados. "No hay ningún país democrático que lo practique. Ninguno", agregan.

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