Con motivo de la audiencia que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cien personalidades del ámbito católico y una treintena de organizaciones han dirigido una carta urgente al Papa Francisco en la que le transmiten su preocupación por las políticas que ha planteado el Ejecutivo español, como las relativas a la eutanasia, la educación o la reforma de la ley del aborto.

Además, los autores del texto recuerdan al pontífice que "España vive probablemente su momento más difícil desde el fin de nuestra terrible Guerra Civil, a causa de una acumulación de crisis, encabezadas por los efectos de la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, cuando aún no estaban reparados todos los daños de la crisis económica del 2008. Vive también una grave crisis territorial, social, institucional, y en último término moral, porque parece que a nuestras instituciones públicas les resulte cada vez más difícil discernir el bien, actuar con justicia, y saber diferenciar lo necesario de lo superfluo".

Los firmantes de la carta misiva creen que dichas políticas "chocan frontalmente con la concepción cristiana y el magisterio de la Iglesia". Asimismo, temen que, debido al "dominio de los medios de comunicación que posee el Gobierno" se pueda presentar un "resultado de la audiencia en unos términos que, por no responder a la realidad, pudieran provocar confusión en el conjunto de los ciudadanos y, en especial entre los católicos".

Los autores de la misiva explican al Papa que "se está tramitando en el Congreso una ley de educación que por vez primera no ha escuchado en trámite a la comunidad educativa. El texto contiene los fundamentos para restringir el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, obligar al adoctrinamiento en la ideología de género, y situar en condiciones muy difíciles a la escuela concertada (mayoritariamente de iniciativa cristiana) así como la impartición de la clase de cultura católica en la escuela. También se está tramitando en el Parlamento un proyecto de ley que consagra el derecho a la autodeterminación de género, que desconoce por completo la relevancia de la biología en la diferenciación entre varón y mujer".

Entre los firmantes figuran Elena Postigo Solana, directora del Instituto de Bioética y Miembro de la Academia Pontificia para la Vida; Justo Aznar Lucea, director del Instituto de Ciencias de la Vida de la UCV; el exministro, Jaime Mayor Oreja; María San Gil Noain, ex-presidenta del Partido Popular en el País Vasco; José Manuel Pagán Agulló, rector de la Universidad Católica de Valencia, además de catedráticos, escritores, científicos, empresarios y abogados. El documento ha sido suscrito también por una treintena de organizaciones.