En la mitad de los años de plomo. Cuando el entramado de la banda terrorista ETA marcaba las agendas. Instalados en el terror. Con tres grupos poblacionales situados ante el “conflicto”. Los que mataban o señalaban o incitaban a eliminar la disidencia. Los que podían ser objetivo de los comandos y contribuir al régimen que imponía el nacionalismo radical. Aquellos/as que miraban para el cielo, el suelo, o al infinito, pero sobre todo al interior de sus conciencias. En tales conciencias había espacio para identificar elementos causales. Para tales seres humanos el asunto tenía su origen en el "mito" de los “derechos de un pueblo” a la autodeterminación, por la que se justificaban los asesinatos. En tal ambiente sociológico se educaba a las nuevas generaciones. Nacía así el espíritu del “gudari”, con música de txalaparta y elixir romántico que comenzaba con el kalimotxo servido en herriko tabernas donde las paredes incitaban a recordar o admirar héroes y símbolos para la “lucha armada” contra el presunto invasor de Euskal Herria.

Por esto y algo más, que me comprometo a desgranar, en mi condición de amenazado durante más de doce años, desprecio el contenido de obras oportunistas como Patria. Por cierto, y para comenzar marcando distancias: digo como un gran amigo desaparecido, que "mi patria es El Quijote".

"Mucho cuidado con tocar a esta familia". Más o menos. Desde el Líbano. Dónde había campamentos para entrenar gudaris. Llegó la orden a la cúpula militar. Líbano hacía negocio de armas con España. Mejor todavía, era cliente de empresas vascas que fabricaban armamento. Las mismas que vendieron bombas con paracaídas al ejército de Israel. Aquellas bombas que permitieron a la aviación judía, sobrevolar los campos árabes y destruir en tierra la aviación de tales, en la guerra de los seis días. ¡Menudo éxito! Los altos dirigentes del Líbano ponían salvoconducto a determinadas firmas vascas, y así evitaron secuestros, atentados, molestias de toda índole. Les dieron patente de corso, al más puro estilo siglo XVI.    

Entre los días 15 y 18 de septiembre del 1982, tiene lugar la masacre de Sabra y Chatila que dejó profundas huellas históricas para la guerra en Oriente Medio o para las acciones terroristas del propio Bin Laden. Pero debemos reconocer que procedente de aquel lugar llegaron a España documentos que ilustraban sobre la preparación de comandos de ETA. Y es que tanto en Yemen, como Argelia y Líbano, los etarras contaban con apoyos para la preparación militar de sus gudaris.

Asaltar bancos era una operación incierta, arriesgada, necesitada de comandos dispuestos y entrenados. Por eso la organización terrorista llegó a la conclusión de que es más fácil obtener el dinero con el denominado “impuesto revolucionario”. El miedo debidamente gestionado hace de tal operativo un método eficiente. Una carta de la organización al señalado como "pudiente". Una copia de su cuenta corriente en institución para el crédito y así evitar juramentos de insolvencia. Una red legal o clandestina de mediadores. Un santuario en Iparralde. Y la escena siempre era la misma. En cantina del sur francés, un vasco juega la partida de mus. Le interrumpen para advertirle que un cliente del impuesto quiere verlo. Se produce la conversación con tira y afloja. Al final, el amenazado, paga. Sabe que hasta los cuerpos de seguridad le han dicho, "tal como están las cosas, no podemos hacer mucho más de lo que ya hacemos, así que lo lamentamos. ¡Cuídese!".

¿Los mediadores cobraban por la gestión? Nunca tuve la duda. Los que pagaban se sentían aliviados. Incluso, ante las Haciendas Forales, hubo ciertas consideraciones a la hora de completar las declaraciones de la renta. ETA lo tenía todo muy bien organizado. Parte del dinero para sus gastos, lo proporcionaba el “impuesto revolucionario”. Pero había también otra forma de “contribuir”. Empresas que producían, a uno y otro lado de la frontera, se comprometían a darles empleo y salario a los denominados “exilados”, por haberse convertido en personas sospechosas de colaboración con el entramado etarra y tomar las de Villadiego evitando a la Guardia Civil. Hasta en los Colegios Profesionales del País Vasco hubo mediadores, ya que muchos trabajadores de profesiones liberales fueron extorsionados.

En las pesquerías de algunas repúblicas latinoamericanas se blanqueaba el dinero de los secuestros. Otro de los grandes negocios que resultaba sumamente rentable. No sólo se lograba una ingente cantidad de moneda en curso legal. Es que el proceso formaba parte del aparato propagandístico de la organización. La familia del secuestrado, salvo algunas excepciones como Berazadi, cuya familia no "supo" llegar a un acuerdo con “Antxon”, lo que "obliga" en 1976 a un comando de ETA PM a “ejecutarlo” en las proximidades del Santuario de Itziar. Hubo rumores fundados sobre la estancia en el Santuario de Loyola...        

El operativo de los secuestros contribuye a una forma vasca del denominado "síndrome de Estocolmo". Hay nacionalistas pertenecientes al tejido económico industrial de aquella Euskadi que voluntariamente se convierten en cotizantes voluntarios a la causa. Tiene sus ventajas. Es una especia de certificado patriótico. Ponen ellos mismos el precio. Pueden vivir tranquilos en medio del “conflicto”.

Pero de todos los negocios, hay uno que me indigna sobre manera. La necesidad para proteger a posibles objetivos de ETA crea un entramado para el espacio de la seguridad colectiva e individual. Toda suerte de vehículos, herramientas, y gentes preparadas para proteger al amenazado. Es el momento más álgido para las empresas de seguridad. Euskadi se llena de paisanos que han hecho cursos para manejar armas y saber cómo se trabaja en tal fin. Hasta en Burela (Lugo), la Academia "A Mariña" de mi amigo Hermida, logra las autorizaciones precisas para preparar y "titular" a hombres y mujeres que ganarán medio millón -mensual- de las antiguas pesetas para convertirse en escoltas por la calles capitalinas o casi rurales de un País Vasco dónde proteger al objetivo potencial de ETA es un negocio autorizado por el Ministerio del Interior en Madrid. Tanto es así que en una de las muchas reuniones del Pacto para la Normalización y Pacificación de Euskadi, Xabier Arzalluz le señala a Jaime Mayor Oreja como socio de una de las más importantes empresas que negocia con el Gobierno de España y el Gobierno Vasco, a fin de dotar de efectivos armados Euskadi, y así crear los medios humanos necesarios, más allá de los servicios del Estado o de Interior del Gobierno Vasco, para atender la demanda creciente. De esto tampoco hablan en Patria.